Tranquilos, electores

Tranquilidad, pensionistas. El crecimiento, el empleo y el Gobierno garantizan las pensiones. España va bien. Pero la realidad es distinta del limbo de Rajoy. El déficit en pensiones fue en 2015 del 1,71% del PIB y este año crecerá. Nuestra pirámide de población se convierte en un chaleco, con un serio adelgazamiento de la población activa y la cúspide crece con la esperanza de vida. La caducidad del Fondo de Reserva es en 2017. Y el peso del factor trabajo en el PIB cae por la revolución tecnológica.

Frente al problema se invocan diferentes magias. La de muchos pensionistas, que comprueban que siguen cobrando y entregan su ofrenda electoral sin cuestionar nada. La del Gobierno, que asegura que cuotas del 25% sobre nuevos salarios de 800 euros bastan para pagar nuevas pensiones de 1.200 euros. La inefable ministra Báñez estima que si los pensionistas siguieran trabajando, la salud financiera mejoraría, algo difícil de entender sin aplicar una rebaja sustancial de pensiones, ya que los mayores de 65 años hasta ahora no cotizan. Economistas despreocupados afirman que para compensar a la Seguridad Social está siempre el Estado, que abonará prestaciones no contributivas, gasto sanitario, servicios sociales, cuidados, complementos a mínimo de pensión y ahora el déficit de las pensiones contributivas, aun cuando la inflación haga subir la refinanciación de la deuda y las pensiones compitan con nóminas, inversión y demás.

Descartadas las soluciones mágicas, que vulneran las leyes naturales, quedan dos posibilidades reales. La primera, reducir las pensiones. Además de comportar el suicidio político de sus impulsores será difícil de asumir por quienes confían intensamente en el sistema, que podrían optar entonces por la actividad sumergida y la picaresca. Para empezar, antes de que el Estado tenga que pagar pensiones con impuestos cuyo ciclo financiero es más errático que el de las cuotas, debe pagar las reducciones de cotización que se aplican, suprimiendo aquellas que no funcionan. Y estas reducciones importan 3.700 millones de euros este año. Debe reponerse la cotización de los parados a la situación de 2011, y el superávit del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) restante debe compensar el déficit de la Seguridad Social. Antes de 2017 el déficit se financiaba con el Fondo de Reserva y el superávit del SEPE volvía al Estado, pero este negocio ha acabado.

Debería hacer cotizar a los alumnos en prácticas en empresas, a todos los becarios de postgrado sin excepciones, a las cuidadoras familiares, revisar las situaciones de infracotización que todavía persisten y derivar las cuotas que financian la formación a parados y ocupados hacia las pensiones, sustituyéndolas por una financiación tributaria para gastar mejor, menos, con mayor control y menor corrupción.

Cuando hayamos vuelto así a un cierto equilibrio, necesitaríamos realizar reformas para recolocar a personas con invalidez permanente en trabajos y horarios que puedan realizar y reconfigurar prestaciones basadas en realidades sociales en cambio. Deberíamos revisar la cotización de los empleos a tiempo parcial y con duración más reducida para, sin aumentar demasiado los costes, conseguir carreras de cotización con mayores aportaciones y menores lagunas. Tendríamos que analizar las edades anticipadas de jubilación y sustituirlas en casos concretos por una disminución de la actividad.

Y los salarios tienen que crecer, las cuotas deberían ser complementadas con un impuesto sobre las rentas del trabajo en su parte superior a la base máxima y aplicar un recargo del impuesto de sociedades sobre los beneficios sin carga de trabajo. Menos magia, menos narcotizar tranquilizando y más ocuparse de los problemas.

Octavio Granado es exsecretario de Estado de la Seguridad Social.