Todo depende de la carrera de San Jerónimo

Acostumbrados al poder ejercido férreamente desde La Moncloa, la idea de que un Parlamento sin mayorías pueda ser el centro de la vida política supone un riesgo y una oportunidad. Esa fue exactamente la situación que permitió elaborar y aprobar la Constitución. Cierto que Adolfo Suárez controlaba 165 diputados en 1977 y 1978, bastantes más que los 137 de Mariano Rajoy en la actualidad; pero nadie tuvo entonces mayoría absoluta y, sin embargo, fue posible llevar a cabo una tarea legislativa tan decisiva como la constituyente.

La clave fue la relación creada entre las principales minorías políticas. No hizo falta que la cohabitación de los jefes de los partidos y sus colaboradores derivara en coyunda —de hecho, no se organizó coalición de gobierno alguna—, sino que se obligaron a discutir, pelearse, romper, volver a sentarse y transar. Es verdad que hay diferencia entre los demócratas de la Transición, en el fondo partidarios de entenderse en asuntos clave, y los actores políticos del presente, algunos de ellos tan tajantes como desconfiados.

¿Se puede instrumentar un programa de reformas? La primera condición es que exista una fuerte voluntad de hacerlo. Pocos cambios importantes pueden realizarse sin que, al final, una mayoría absoluta los respalde. Por poner ejemplos, mudar de ley de educación, de norma electoral o alterar la llamada ley mordaza necesita el apoyo de al menos 176 diputados, puesto que se trata de leyes orgánicas. No digamos modificar la Constitución, que exige mayorías reforzadas. Solo es posible hacerlo a base de negociaciones que no sean valoradas de inmediato como traiciones. El empuje de la sociedad civil tiene que traducirse en un cierto grado de consenso entre los políticos que habitan en la carrera de San Jerónimo, donde el Congreso tiene su sede.

No hay que subestimar el riesgo de que el proceso se desbarate por enfrentamientos insuperables. Lo cual sería grave tras la práctica anulación de la vida parlamentaria que se produjo durante el primer mandato de Rajoy, un hecho debido a la mezcla de los efectos ejercidos por la mayoría monocolor y las urgencias de gestión de la crisis económica y financiera, que reforzaron la excepcionalidad de facto del poder ejecutivo, tradicionalmente fuerte en España. A partir de ahora, la clave es la situación de minoría en que se encuentran los partidos, que hace muy difícil el veto a las reformas por parte de uno de ellos y abre vías a los cambios más necesarios.