La patata caliente del FernándezGate

   

La sala de admisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo está a punto de decidir qué hace con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en relación con la querella criminal por revelación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos presentada por el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y la antigua CDC, a raíz de la grabación (y difusión en junio pasado) de las conversaciones que mantuvo el ministro con el entonces director de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso el 2 y 16 de octubre de 2014.

La sala está formada para esta querella por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena (imagen que abre esta entrada), y los magistrados Miguel Colmenero, José Manuel Maza, Andrés Palomo y la magistrada Ana Ferrer (imágenes en el orden descrito).

El ponente es Manuel Marchena. Cuenta con el informe del fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antolín Herrero, quien justifica lo que se afirma en las conversaciones, que giran, básicamente, en torno a operaciones mediático-judiciales relacionados con los dirigentes independentistas catalanes -Xavier Trías, Oriol Junqueras y Francesc Homs-, que el comisario José Villarejo calificó en sede judicial como Operación Cataluña. O guerra sucia.

Antolín sigue en su escueto informe la línea del dictamen, también sumarísimo, que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, dirigida por Consuelo Madrigal, el pasado 7 de julio, en el que no se apreciaba delitos en la conducta del ministro.

Problema: mientras la Fiscalía General del Estado se pronunció genéricamente sobre esas conversaciones, la sala de admisión tiene que pronunciarse frente a la querella de un perjudicado directo. Lo que se habló sobre una cuenta falsa de Trías en una de las conversaciones grabadas, la del 16 de octubre de 2014, se filtró, tal como se barajaba en el diálogo Fernández Díaz-De Alfonso, a un medio de comunicación los días 27 y 28 de octubre, es decir, once días más tarde de la reunión celebrada en el Ministerio del Interior. Esa cuenta no era ni de Trías ni la citada numeración pertenecía a la Union de Banques Suisses (UBS) la citada numeración, según acreditó la entidad desde Ginebra.

Fue una fabricación.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que si bien Marchena - presidente de la Sala de Admisión y de la Sala Segunda del Supremo- está conforme con la conclusión del fiscal jefe ( no hay delito en esas maquinaciones), hay miembros de la sala de admisión para los cuales el informe citado no agota la cuestión y requiere un análisis más profundo.

Las deliberaciones no han terminado, según esas fuentes jurídicas, y existe el ánimo de alcanzar una decisión compartida por todos los miembros de la Sala de Admisión, algo que no está resultando fácil.