Parálisis estatal contra la violencia en las aulas

Una niña de ocho años recibió la semana pasada una paliza en el patio del colegio. La pandilla que la golpea, todos adolescentes, la llaman “marimacho” por jugar al fútbol. En Bizkaia, esta misma semana, la fiscalía pide tres años de libertad vigilada para un menor, de 16 años, que dejaba frases intimidatorias a una compañera de Bachillerato. “Te clavaré un cuchillo y me quedaré a contemplar cómo te desangras”, le escribió. Son los dos últimos ejemplos de la violencia que se vive en las aulas, que han vuelto a conmocionar a una sociedad cada vez más sensible a los casos de acoso escolar, que se denuncian también con más frecuencia, como en su día pasó con la violencia de género.

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Pero aún falta camino por recorrer. El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar no se reúne desde 2011, el grupo de trabajo para la revisión de protocolos que propuso el ministro Wert no se llegó a formar y el plan nacional por la convivencia escolar no avanza como debiera. El acoso escolar ni siquiera se ha medido con datos oficiales recientes. El acoso escolar afecta a un 4% de alumnos en España. Es la última cifra que maneja el Ministerio de Educación y proviene de un trabajo —Estudio estatal sobre la convivencia escolar en la educación secundaria obligatoria— impulsado por el propio ministerio en 2010 con más de 40.000 encuestados (23.100 estudiantes, 10.980 familias, 6.175 docentes y 413 equipos directivos).

Estudios más recientes de entidades particulares elevan el porcentaje: uno de cada 10 niños asegura haberlo sufrido, según un informe de Save the Children. A ellas las acosan más, según otro trabajo de la Fundación Anar, que denuncia también cómo las redes sociales agravan el problema porque el ciberacoso permite ataques durante 24 horas al día y siete días a la semana. Frente a esto, las actuaciones del Gobierno se han producido movidas por acontecimientos dramáticos.

21 de septiembre de 2004. Jokin, de 14 años, se tira desde lo alto de la muralla de Hondarribia (Guipúzcoa) después de sufrir en silencio durante meses los ataques de un grupo de compañeros de clase. Su muerte hizo visible el problema del acoso escolar en España. A raíz de entonces, las comunidades autónomas comienzan a elaborar sus propios protocolos de actuación porque ellas son las que se encargan, junto con los centros educativos, de la vigilancia, sanciones y medidas correctoras en la convivencia escolar. Pero, en paralelo, el Gobierno se puso también manos a la obra. En 2007, constituyó con las comunidades autónomas el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar para impulsar la investigación de estos casos y facilitar el intercambio de experiencias y de materiales entre colegios y comunidades.

El pleno de este organismo­ —presidido por el ministro de Educación y en el que participaban comunidades, profesores, familias, representantes de la enseñanza privada y ocho expertos acreditados— debía reunirse al menos una vez al año, como consta en el Real Decreto de su creación. La última reunión fue el 1 de junio de 2011, cinco meses antes de las elecciones que dieron el Gobierno al PP. Los integrantes del observatorio han pedido reuniones desde entonces sin éxito. “Se lo reclamamos a los dos ministros, a [José Ignacio] Wert y a [Íñigo] Méndez de Vigo. Su equipo nos respondía que sí, pero todavía seguimos esperando. Creo que no nos quieren convocar porque no quieren que les digamos que van por el camino equivocado”, explica José Luis Pazos, presidente de la confederación de padres de la escuela pública, la Ceapa.

Muerte a un profesor

20 de abril de 2015. Un alumno de 13 años irrumpe en el instituto Joan Fuster de Barcelona armado con una ballesta y mata a un profesor. Al día siguiente, el Ministerio de Educación que entonces encabezaba José Ignacio Wert anuncia un grupo de trabajo para detectar la violencia en las aulas. Propuso estudiar qué elementos de mejora se podían introducir en los protocolos regionales sobre convivencia “para la prevención y detección de problemas de violencia en las aulas”. Hubo algunas reuniones para poner datos en común , pero no se ha concretado ningún cambio. “Se hizo un compendio de buenas prácticas pero no se llegó a formar un grupo de trabajo para la revisión de protocolos como tal”, explica un consejero regional de Educación.

La carta de Diego

18 de enero de 2016. Los padres de Diego, un menor de 11 años que se suicidó unos meses antes, hacen pública su carta de despedida. “Ya no aguanto ir al colegio y no hay otra manera de no ir”, deja escrito. Cuatro días después, el actual ministro de Educación en funciones, Méndez de Vigo, presentó en el Consejo de Ministros el borrador de un plan nacional por la convivencia escolar, que incluía con 70 medidas. El ministerio destacaba 16 actuaciones de las 70 anunciadas en la nota que ofreció sobre el borrador. Tres ya existían cuando se presentó (como el registro central de delincuentes sexuales, creado a instancias del Ministerio de Justicia o el citado Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar). Nueve meses después, hay otras 11 de las que Educación consideró más importantes que no se han puesto en marcha. Solo una ha sido promovida: la emisión de un sello de Correos específico “para concienciar en la lucha contra el acoso escolar”.

De forma "inminente" comenzará a funcionar el teléfono de atención a víctimas del acoso escolar anunciado también entonces, cuya tramitación se ha retrasado después de que se presentaran al menos dos recursos durante el procedimiento. El contrato es finalmente para un call center que ofertó una rebaja de más de 200.000 euros por el servicio, hasta los 398.872 euros anuales. Según recoge el pliego de condiciones de ese contrato, ofrecer el precio más bajo supone la mitad de la puntuación final en el concurso en un servicio cuyo fin último es la protección del menor.

El citado portavoz añade, a preguntas de este periódico, que las medidas previstas en el plan anunciado en enero “se enmarcaron como propuestas del Gobierno de cara a un futuro Pacto Nacional por la Educación”. “En ningún caso se anunció que fueran medidas que se iban a llevar a cabo de forma inminente”, señala por escrito. Sin embargo, cuando se hizo el anuncio en enero, Educación facilitó a este periódico distintas fechas de puesta en marcha para algunas de esas iniciativas sin citar que dependieran del pacto y añadiendo que el presupuesto para ponerlas en marcha —cuya cuantía no concretó— saldría del programa de cooperación territorial, que incluye 40 millones para distintas iniciativas, como idiomas, o FP dual, entre otras.

El registro de los casos

Es el caso del anunciado registro estatal con casos de acoso escolar y otros episodios de violencia en las aulas. Educación se comprometió a tener los primeros datos en junio. Esta medida “exige un desarrollo legislativo que un Gobierno en funciones no puede aprobar”, explica el portavoz, que recuerda que cuando se estimó esa fecha no se preveía que la formación de Gobierno se fuera a retrasar más de 10 meses, como está ocurriendo.

El borrador incluía también la celebración anual de un Congreso Estatal de Convivencia Escolar para presentar estudios e investigaciones internacionales, un simposio que tampoco se ha convocado hasta la fecha. Educación señala que esta medida está prevista en el calendario de aplicación del plan (cuyas fechas no son públicas) “para su ejecución a partir de 2017”. Tampoco hay constancia de que se haya puesto en marcha la Red Estatal de Escuelas Tolerancia Cero para dar un reconocimiento a centros con planes y proyectos de participación propios ni el manual de apoyo a las víctimas de violencia escolar que debía elaborar, según el documento del ministerio, un grupo de trabajo del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, ese mismo que no se ha reunido en los últimos cinco años.