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Estrasburgo condena a la justicia española por no escuchar a dos menores en un caso de divorcio

Los jueces otorgaron al padre el derecho de visita, a pesar de tener una condena por maltrato

Imagen de archivo de una concentración para pedir la custodia compartida. Ampliar foto
Imagen de archivo de una concentración para pedir la custodia compartida.

Una mujer española de 52 años, P. I. C., le ha ganado a España un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras 16 años de pleitos judiciales con su marido, del que se separó en el año 2000. Los jueces españoles desoyeron las demandas de la mujer y de sus dos hijas, entonces menores de edad, que pedían que las niñas fueran escuchadas durante el proceso de divorcio. El padre de ambas había obtenido la custodia compartida y derecho a visitas, a pesar de haber sido condenado por malos tratos. Los jueces europeos, en una sentencia hecha pública este martes, estiman que la justicia española tenía que haberles escuchado.

El tribunal considera que los menores —sobre todo si tienen más de 12 años— deben ser escuchados en casos de divorcio como establece, de hecho, la legislación española. La corte europea condena a España y estipula una indemnización para la mujer y sus hijas de 6.400 euros por daño moral y 2.000 de gastos. Además, desestima la cantidad exigida por la recurrente de 24.000 euros (8.000 para cada una).

Tras la separación de P. I. C., el juez dictaminó la guarda de las niñas, que entonces tenían 7 y 4 años, a la madre y dictó la custodia compartida y derecho de visita para el padre. El hombre fue condenado después por golpes y amenazas a su esposa, pero no por denuncias posteriores, como la que fue resultado del ataque con una fusta a una de las hijas, lo que un juez vio como consecuencia de "una pérdida de control ocasional".

La mujer logró la suspensión del derecho de visitas, pero el problema volvió cuando el marido pidió el divorcio en 2006. Fue entonces cuando, durante el proceso, el juez no escuchó a las hijas del matrimonio, que ya tenían entonces 13 y 11 años. La pequeña de las dos pidió que el equipo psicosocial que debía evaluarla grabara las conversaciones. Ante la negativa de los psicólogos a hacer tal cosa ni siquiera estos escucharon sus argumentos.

La justicia española dictaminó el divorcio en 2007, pero mantuvo la custodia compartida de las niñas. El padre obtenía un restringido derecho de visita bajo supervisión. La mujer recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid. Durante el proceso incluso presentó cartas de las menores relatando su angustia, pero de nada sirvió. Finalmente, recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo en 2012.

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