El Constitucional pide al fiscal que estudie actuar penalmente contra Forcadell

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad remitirse a la Fiscalía para que, "si lo estima conveniente" actúe penalmente contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por someter a votación en la Cámara autonómica el pasado 27 de julio las conclusiones de la llamada "comisión de estudio del Proceso Constituyente", según ha confirmado el alto tribunal. El Constitucional había advertido días antes a Forcadell de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria para avanzar en la secesión de Cataluña.

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La votación se celebró el pasado 27 de julio. Ese día, la mayoría absoluta del bloque secesionista que integran Junts pel Sí y la CUP consumó su desafío al Tribunal Constitucional al aprobar conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La votación suponía un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral de independencia, un paso más en la declaración soberanista del pasado 9 de noviembre, anulada por el Constitucional el 2 de diciembre, y el prólogo de la cuestión de confianza de Carles Puigdemont, superada el pasado 28 de septiembre. Toda la oposición, salvo Sí que es Pot, que rechazó las conclusiones, se negó a votar.

Lo que hace el alto tribunal es anular las conclusiones votadas por el Parlamento catalán y poner el caso en manos de la Fiscalía. "No es competencia de este Tribunal resolver si la conducta de la presidenta del Parlament es constitutiva de alguna infracción penal, pero sí constatar que las circunstancias antes referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes", se lee en el auto del Constitucional notificado este mismo jueves. El alto tribunal actúa de acuerdo con la Ley Orgánica que regula su funcionamiento sin hacer uso de las atribuciones de la reforma legal de 2015, por las que se le dieron facultades para hacer cumplir sus resoluciones.

El Tribunal Constitucional advirtió en un auto el pasado 19 de julio de los riesgos de votar el texto que marca los hitos para la "desconexión" de Cataluña y que se llevó al Parlament el 27 de julio. El tribunal recordaba que el documento de la comisión se sustentaba en la declaración de 9-N, ya declarada inconstitucional y pidió a la Mesa del Parlament que lo impidiera. Por ello, el órgano de gobierno de la Cámara evitó incorporar el punto en el orden del día. Pero Junts pel Sí y la CUP se ampararon en el reglamento del Parlamento y demandaron debatirlo y votarlo, lo que finalmente se hizo tras una gran bronca.

El Constitucional, en un auto de 52 páginas, acuerda "deducir testimonio de particulares" —tecnicismo jurídico que viene a significar "informar— para que la fiscalía "ejerza las acciones que correspondan ante el Tribunal competente" acerca de la "eventual responsabilidad en que hubiera podido incurrir" Forcadell y "cualesquiera otras personas" en este incidente.

El alto tribunal acuerda también notificar el auto personalmente a Forcadell, a la Mesa del Parlament y al secretario general de la Cámara autonómica, así como a los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat. El Constitucional les advierte de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad" de la resolución votada el 27 de julio.