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Detenido el exalcalde de Chipiona, acusado de cobrar una subvención por un evento que nunca se celebró

El exregidor está siendo investigado por malversación, prevaricación y falsificación documental

El exalcalde de Chipiona Manuel García Moreno. Ampliar foto
El exalcalde de Chipiona Manuel García Moreno.

Un evento con asignación presupuestaria y subvención concedida, pero que nunca llegó a celebrarse ha desembocado en la detención de Manuel García Moreno, exalcalde socialista de Chipiona (Cádiz). El que fuera regidor de la localidad de 2004 a 2011 está siendo investigado por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricacióny falsedad documental. Además, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, encargada de la investigación, ha arrestado a otras seis personas que trabajaban en la corporación municipal durante ese periodo. Igualmente, aparece como investigada María Dolores Naval, actual concejal del PSOE y candidata a la alcaldía de Chipiona en 2015, por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

El Diario de Cádiz ha adelantado este martes que las irregularidades se remontan a 2010, cuando el Ayuntamiento recibió una subvención de 3.500 euros, concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El destino de dicha ayuda era celebrar el evento informático Lan Party Chipiona 2010, presupuestado por el Consistorio en 16.311,77 euros. De hecho, desde las arcas municipales se aportaron los 12.811,77 euros que completaban el importe presupuestado en el proyecto. Dicho dinero debía destinarse a gastos de personal y medios materiales para la celebración de la que debía ser la segunda edición de ese evento, que ya se había celebrado en 2008. Sin embargo, según las pesquisas, esta nueva edición —prevista del 8 al 12 de octubre de 2010— nunca llegó a celebrarse. 

El Juzgado Mixto número 1 de Sanlúcar de Barrameda, encargado de investigar la causa, intenta ahora averiguar el paradero del dinero que se destinó a un evento que nunca vio la luz, pero que generó informes, certificados y facturas de cuya veracidad ahora se duda. En dicha documentación se recoge una lista de 20 empleados municipales que formaban parte de la relación de personal laboral participante del evento. Sin embargo, ninguno de ellos recuerda haber formado parte de él. Igualmente, el lugar seleccionado para acoger las jornadas, las naves Niño de Oro, se encontraban en obras en ese momento. 

En los abundantes informes que la Guardia Civil ha recogido del Consistorio se hacen constar horas de trabajo (supuestamente dedicadas también por algunos de los detenidos) o publirreportajes en radio y televisión que no se han podido justificar. Incluso se ha encontrado un certificado expedido por la Secretaría General, firmado por el alcalde y la secretaria, en el que se asegura que el Proyecto Working Visión Lan Party Chipiona 2010 fue ejecutado. Ahora, los agentes creen que dicho documento sirvió para justificar el gasto presupuestado y liberar el dinero de las arcas municipales. 

Junto a García, la Guardia Civil ha detenido al hombre de confianza del exalcalde, José María Marín González; el funcionario y exconcejal de Juventud José Ignacio Martínez Verano; la secretaria general María Luisa González Ganaza; la funcionaria María Dolores Muñoz Fernández; la funcionaria y exjefa de personal María del Carmen Pérez Jurado y el director del área de Comunicación municipal, Cristóbal Ruiz Barba. Todos ellos están acusados de delitos que van desde la falsificación de documento público a la malversación y prevaricación. De momento, han sido puestos en libertad con cargos, a la espera de que se celebre el juicio. 

Política municipal judicializada 

La actual concejal de Recursos Humanos y portavoz del PP en el Ayuntamiento (partido que ahora gobierna en la localidad), Isabel Jurado, ha explicado que ha sido "una persona particular y militante del PP la que ha denunciado los hechos" ante la Guardia Civil. Igualmente, ha explicado que cuando los populares accedieron al poder en 2011 aprobaron crear "una comisión de investigación de la feria informática ante las dudas que había de su realización". Además, los populares realizaron una auditoría "en la que quedaron reflejadas una serie de irregularidades, entre ellas, esta de la Lan Party", ha reconocido Jurado. "Sabíamos que este día iba a llegar, aunque no nos alegramos porque es una noticia negativa para la ciudad", ha recalcado la edil.

Por su parte, Naval, actual concejal del PSOE y candidata a la Alcaldía en 2015 ha dejado que no tiene constancia de dicha investigación. “No he tenido que ir a declarar a ningún Juzgado y, de momento, no he recibido notificación alguna”, ha precisado la edil. Pese a haber sido edil en ese periodo, la socialista ha eludido cualquier responsabilidad en los hechos y cree que su inclusión en el caso "se debe a motivos políticos". “El denunciante de este caso fue condenado por un delito de atentado contra la autoridad por insultarme en dos plenos”, ha recalcado Naval. La chipionera igualmente ha precisado que, en su día, su partido solicitó tener acceso a la auditoria que el PP hizo al llegar al Consistorio. “Se nos denegó porque argumentaron que tenía datos privados, sin embargo, parece que ahora este señor ha tenido acceso a ella para denunciar, en lugar de hacerlo el Ayuntamiento si realmente pensaban que había una actividad irregular”, ha añadido.

Lo cierto es que la política municipal de Chipiona está judicializada por diversos frentes. El exalcalde socialista ahora detenido ya fue investigado por los juzgados en 2013 acusado de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. En ese caso, los hechos se referían a la instalación de un mercado provisional de abastos en terrenos no calificados para tal fin en el PGOU de Chipiona. 

Por su parte, el actual alcalde popular, Antonio Peña, es una de las 20 personas acusadas en el juicio por el caso Uniformes, que en mayo quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Cádiz. El ahora regidor de Chipiona se enfrenta a una pena de nueve años de inhabilitación por compras irregulares de equipamientos municipales por valor de 780.000 euros, cuando era concejal en la vecina localidad de Rota.

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