La educación en casa reclama ser legal

Martha este septiembre no ha vuelto al cole. Si estuviera en un colegio habría entrado en 1º de la ESO, pero sus padres —Lluis Vives, profesor de inglés de secundaria y Esther, maestra de primaria—, decidieron educarla en casa como habían hecho con sus dos hijos mayores: Ona, de 19, que sueña con ser acróbata, y Pol, de 22, que acaba de graduarse en la Universidad. Los Vives sabían que al decidir educar sus hijos en casa podría incurrir en problemas con los servicios sociales, pero siguieron adelante. “No hemos tenido miedo, nunca” explica Vives. Tampoco tuvieron problemas.

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La normativa española fija la escolarización obligatoria salvo tres supuestos: enfermedad del alumno, vida itinerante o residencia en el extranjero. El resto se equipara la mayoría de las veces al absentismo aunque hay casos, como el de la familia Vives, que pasan desapercibidos al sistema. El Tribunal Constitucional sentó un precedente en 2010 y rechazó dar amparo a otros padres que querían ser maestros de sus hijos. A pesar de eso, la Asociación para la Libre Educación y la Plataforma Catalana para el Reconocimiento del Homeschooling estiman que 800 familias tienen a sus hijos desescolarizados y piden que se regularice su situación como ya han hecho Italia, Francia, Reino Unido, Portugal o Estados Unidos.

El Ministerio de Educación no prevé cambios normativos pero ofrece a estos padres educación a distancia a través de los Centros para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a distancia (CIDEAD) donde pueden matricularse los alumnos “que no puedan asistir de modo regular a clase” tras una previa autorización de las comunidades autónomas.

Vives explica que su hijo Pol, que se acaba de sacar el título de INEF, es un deportista incansable. Decidieron desescolarizarle cuando estaba en 1º de la ESO, a raíz del encuentro con un matrimonio canadiense que educaba en casa. “En el colegio, los estudiantes tienen hasta 13 asignaturas y puede que no coincidan con lo que quieren”. Tras tomar la decisión, los Vives pidieron una cita con el alcalde de Cornellá (Barcelona), donde viven. Y aseguran que no hubo ninguna inspección ni denuncia después.

Francisco Javier Fernández Tarrío, abogado experto en estos casos, explica que los padres pueden enfrentarse a un procedimiento civil, que puede resolverse con la escolarización forzada, o penal por abandono familiar. En los últimos cuatro años, este letrado ha asistido a cinco familias que han tenido que sentarse en el banquillo. Entre los casos más graves, el de un matrimonio de Ourense para quien el fiscal pidió prisión, aunque fueron absueltos.

No existen estadísticas oficiales sobre el número de padres que han tenido que responder a la justicia. Lluis Vives asegura que, al trabajar por las tardes en un instituto de Formación Profesional, puede compartir las tareas de educación de su hija con la madre, empleada a media jornada. Intentan que su hija aprenda de todas las tareas diarias porque consideran que no debe haber separación entre lo que se aprende con los libros y en la vida: ir de compras con el padre puede ser una clase de Matemáticas. “Ayer estuvimos en un taller de química con otras familias de homeschoolers”, cuenta el padre. Por la mañana, la hija menor trabaja en lectura y comprensión. “Tenemos unas pautas, pero no son firmes” añade, “No tenemos domingos y lunes”.

El sociólogo especializado en educación Mariano Fernández Enguita alerta del riesgo de exclusión social de estos menores si no hay control de la Administración. Este catedrático de la Universidad Complutense de Madrid propone la opción de ofrecer una “excepción razonable y ordinaria” a la escolarización que cuente con la vigilancia de las Administraciones. En Italia, hay un millar de homeschoolers, con permiso oficial desde 2004 a través del control de un instituto o colegio público, como Portugal. En Reino Unido las leyes varían según la región. En Francia estas familias deben pasar una inspección anual.

Pol se reincorporó a la escuela con 16 años, sacó el Bachillerato y fue a la Universidad. Ona estuvo en el colegio solo un año y con 19 años sueña con irse a una escuela de circo en Francia. “Sabemos que no estamos haciendo nada malo pero que nos haya ido bien a nosotros no quiere decir nada”, concluye Vives, “Mientras no haya una ley, es como una lotería”.