La Audiencia cierra definitivamente la causa por terrorismo contra los titiriteros
El sumario irá a los juzgados ordinarios por delito contra los derechos fundamentales
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha archivado definitivamente la causa por enaltecimiento del terrorismo contra los titiriteros Raúl García y Alfonso Lázaro, que el pasado febrero pasaron cinco días en prisión tras representar la obra La bruja y don Cristóbal, en la que uno de los personajes de ficción portaba una pancarta con el lema “Gora Alka-ETA”. La Sección Tercera del tribunal, presidida por Alfonso Guevara, convierte en definitivo el sobreseimiento dictado el pasado junio por el juez instructor del caso, Ismael Moreno.
El tribunal señala que la aparición de la pancarta en la obra 'La Bruja y Don Cristóbal' es acorde con el contexto que marca el "guión y la grabación, en lenguaje esperanto y ante un público infantil". En la obra de ficción, el personaje de la bruja mata a su agresor, mientras que otro guiñol vestido de policía golpea a esta hasta dejarla inconsciente. Es en ese momento cuando elabora la pancarta como prueba falsa para depositarla sobre el cuerpo de la bruja para que sea acusada por un juez. Según la Sala este contexto manifiesta que los hechos no revierten de ningún delito.
El tribunal mantiene la decisión del juez Moreno de enviar la causa a los juzgados ordinarios de Madrid, con sede en Plaza de Castilla, para que este decida si los titiriteros, cuya detención motivó una ola de solidaridad internacional, cometieron un delito contra los derechos fundamentales, como apreciaba la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La obra, que contenía escenas ofensivas como el ahorcamiento de un guiñol que representaba a un juez, el apaleamiento de policías o el apuñalamiento de una monja con un crucifijo, fue representada el pasado 5 de febrero ante un público infantil en la madrileña plaza del Canal de Isabel II con motivo del Carnaval. El juez Moreno archivó en junio el posible enaltecimiento del terrorismo por la pancarta de Gora Alka-ETA, pero consideraba que la representación pudo suponer un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Sin embargo, al no estar presente el posible delito de terrorismo, la competencia ya no recae en la Audiencia Nacional por lo que Moreno envía la causa a los juzgados ordinarios de Madrid, con sede en plaza de Castilla.
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