La fiscalía insta a abrir la vía penal contra la presidenta del Parlament
El escrito pide al Constitucional que haga cumplir sus sentencias
La fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional que informe a los tribunales competentes de la actuación de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, al considerar que su papel en la aprobación el pasado 27 de julio, por parte de la Cámara autonómica, de las conclusiones de la comisión de estudios sobre la independencia puede tener relevancia penal, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. De esta forma, la fiscalía se suma a la posición del Gobierno de Mariano Rajoy, que había pedido eso mismo el pasado 29 de julio.
En su escrito de alegaciones remitido al Constitucional, el ministerio público pide también una respuesta “más intensa” para proteger la autoridad del tribunal y evitar la desobediencia a sus resoluciones. Así, reclama que se aperciba personalmente a los miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno catalán, advirtiéndoles de que pueden enfrentarse a multas, a la suspensión de funciones o a la deducción de testimonio por responsabilidad penal, como adelantó El Español.
Independencia “unilateral”
El Tribunal Constitucional acordó el 1 de agosto suspender la resolución del Parlament del 27 de julio, un texto que abría la puerta a impulsar un “mecanismo unilateral” de independencia para Cataluña. Lo hizo después de que el Gobierno de Rajoy presentara un incidente de ejecución, instando al tribunal a activar la vía penal contra Carme Forcadell por entender que se estaban desobedeciendo expresamente las sentencias previas del Constitucional.
El tribunal, aplicando por primera vez el recientemente reformado artículo 92 de su ley orgánica, requirió a Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlament y al secretario general de la Cámara para que, en el plazo de 20 días hábiles, dieran su versión. Cuando reciba los informes, “si el tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución”, podrá adoptar diversas medidas, que van desde la multa a la suspensión de funciones y la exigencia de responsabilidad penal.
La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, opinó que “sería muy grave” que se actuase contra “una persona elegida por los ciudadanos”. E insistió en que el Govern estará al lado de Forcadell y de la Mesa en su “justa y legítima defensa” ante el procedimiento abierto por el Constitucional.
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