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Otegi protagonizará toda la campaña aunque la justicia vete su candidatura

La Junta Electoral de Gipuzkoa comunicará a Bildu si, como todo indica, considera inelegible a Otegi.

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi. Ampliar foto
El candidato de EH Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi. EFE

EH Bildu no contempla otra posibilidad que la de Arnaldo Otegi como cabeza de cartel a lehendakari para las elecciones vascas del 25-S. Con la campaña diseñada, la cartelería en la imprenta y las sedes empapeladas con el nombre del dirigente abertzale—que ha pasado seis años y medio en prisión por pertenencia a ETA—, la coalición va a mantener a su candidato haciendo campaña diga lo que diga el Tribunal Constitucional. La Junta Electoral de Gipuzkoa comunicará hoy a Bildu si, como todo indica, considera inelegible a Otegi.

El Boletín Oficial del País Vasco publica hoy las listas electorales tal y como llegaron a las juntas electorales, es decir, con Otegi al frente de la lista guipuzcoana de EH Bildu, lo que abre el plazo para iniciar las impugnaciones.

Sin embargo, el acta que redactaron durante la mañana de ayer los integrantes de la Junta Electoral de Gipuzkoa incluye puntualizaciones. La Junta la forman los magistrados de la Audiencia Provincial María del Carmen Bildarraz Alzuri, Jone Unanue Arratibel y Felipe Peñalba Otaduy, la decana del Colegio de Abogados de este territorio, Lurdes Maiztegi, y el catedrático de Derecho Administrativo de la EHU-UPV, Iñaki Agirreazkuenaga.

Según fuentes judiciales, la Junta Electoral va a comunicar esta misma mañana a EH Bildu que el nombre de su candidato figura vinculado a una sentencia que fija su inhabilitación para ocupar un cargo público y ejercer el sufragio pasivo (poder ser elegido en comicios) hasta 2021, y propondrá a sus letrados que procedan a subsanar ese problema.

Aunque este extremo no ha podido ser confirmado con el organismo electoral, que se ha blindado hasta hacer hoy oficial su resolución, la petición a la izquierda abertzale condicionaría la proclamación de las candidaturas, hecho que se producirá el próximo lunes, casi con seguridad sin la presencia de Otegi en ellas.

Dos semanas de impugnaciones y recursos

Con la publicación de las listas electorales en el Boletín Oficial del País Vasco, los partidos ya están en disposición de hacer impugnaciones o directamente subsanaciones. El lunes 29 de agosto las juntas proclamarán las listas y, a partir de ahí, hay un plazo de dos días para recurrirlas al contencioso-administrativo (30 y 31 de agosto).

El contencioso dispone de otras dos jornadas para resolver (1 y 2 de septiembre). El plazo para recurrir esa decisión al Tribunal Constitucional acaba el día 4. Y este tendrá hasta el 7 para resolver. El 9 empieza la campaña.

La Junta electoral no ha entrado en el fondo judicial del asunto, es decir, en resolver si las inhabilitaciones que pesan sobre Otegi se ajustan o no a la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, del Supremo y del Constitucional, como cuestionan desde la izquierda abertzale. Se ha limitado a estudiar si existen sentencias judiciales firmes que cuestionen la inclusión de un candidato en las listas. Es el caso de Arnaldo Otegi.

El Constitucional decide

El debate de fondo quedará para el contencioso-administrativo, pero sobre todo para el Constitucional, al que previsiblemente llegará el asunto el próximo 4 de septiembre. Tendrá tres días para resolverlo, hasta las 24.00 del día 7, apenas una jornada antes del comienzo de la campaña electoral de las elecciones vascas del 25-S.

La coalición independentista, que agrupa a Sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba, no va a alterar el diseño de la campaña hasta la jornada de reflexión, han asegurado fuentes oficiales. Arnaldo Otegi va a llevar el peso de las dos semanas de contienda pase lo que pase en los tribunales.

El debate sobre su inhabilitación va a servir para arremeter contra una “democracia española” que se apoya en “una falsa separación de poderes” y de paso para reforzar el argumento dialéctico de que ningún Gobierno español “va a reconocer ni la plurinacionalidad del Estado” ni el derecho a decidir.

Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de prisión e inhabilitación por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a las órdenes de ETA —el Tribunal Supremo redujo después la pena a seis años y medio—. Aunque salió de la cárcel el pasado 1 de marzo, la condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer empleo o cargo público empezó a cumplirla en septiembre de 2014, según la interpretación que hace la Audiencia Nacional, con lo que estará vigente hasta febrero de 2021. Para la Fiscalía de la Audiencia, “se cumplen todas las condiciones legales exigidas para declarar la "inelegibilidad" de Otegi para cargo público.

 

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