Ciudadanos ve fraude de ley en la votación del Parlament sobre la secesión unilateral

La resolución del Parlamento de Cataluña que aprobó el pasado 27 de julio las conclusiones de la comisión del proceso constituyente supuso “un fraude de ley en toda regla” y “contravino frontalmente” las resoluciones del Tribunal Constitucional, según defiende el vicepresidente segundo de la Cámara, José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos. El diputado, requerido por el tribunal para informar de lo sucedido como miembro de la Mesa, apunta a la responsabilidad de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, por no impedir la votación.

Los siete diputados que integran la Mesa del Parlament han sido requeridos por el Tribunal Constitucional para que informen sobre las actuaciones que dieron lugar a la resolución del 27 de julio que aprobó las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, que apuestan por un “mecanismo unilateral” para lograr la independencia de Cataluña. También se ha pedido un informe al secretario general de la Cámara, Pere Sol.

Los magistrados quieren saber si la Mesa considera que ha contravenido la sentencia del pasado 2 de diciembre que anuló la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, así como el auto del pasado 19 de julio en el que se advertía a la Cámara de los riesgos de desobedecer al alto tribunal con actuaciones que desarrollaran aquella resolución de 2015.

Para Espejo-Saavedra, el primero que presenta el informe requerido ante el Constitucional, el “verdadero incumplimiento” del auto del 19 de julio se produjo “en el momento de alteración del orden del día y votación” del pleno del día 27, esto es, cuando la presidenta, Carme Forcadell, consintió que durante el pleno se votaran las conclusiones de la llamada comisión del proceso constituyente.

“Y se incumple por cuanto, a pesar de haber sido advertidos todos los miembros de la Mesa de nuestro deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera eludir o ignorar el mandato del Constitucional en relación con las conclusiones de la comisión, se permite por la presidencia la votación de las mismas en el pleno, amparándose en un artículo del reglamento previsto para otros fines, que se alega precisamente con la voluntad de eludir, cuando no de ignorar expresamente, el mandato del Constitucional”, sostiene en su informe.

Forcadell preguntó

La votación se produjo en virtud de un artículo del Reglamento de la Cámara que permite alterar el orden del día del pleno durante su celebración. La alteración fue pedida por Junts pel Sí y la CUP, no sin antes preguntarles Forcadell si eran conscientes del contenido del auto del Constitucional, “amparándose incluso el de Junts pel Sí en la inviolabilidad parlamentaria, lo que (...) supone un evidente reconocimiento de la antijuricidad de su pretensión”, incide Espejo-Saavedra.

Para el vicepresidente segundo, Forcadell, “como rectora del debate parlamentario”, debía impedir que se utilizara el reglamento “en evidente fraude de ley”. “En definitiva”, sostiene, “hubo un intento de traslación de responsabilidad de la presidencia (...) al pleno (...) amparándose en una norma reglamentaria prevista para otras finalidades (...) para así conseguir el objetivo prohibido por la resolución del Constitucional”. “Un fraude de ley en toda regla”, concluye.

David Pérez, diputado del PSC y secretario segundo de la Mesa, detalló ayer a EL PAÍS que el contenido de su informe al Constitucional irá en una línea muy distinta. El parlamentario socialista relatará en el informe, que entregará la próxima semana, su actuación como integrante de la Mesa en este tiempo, el sentido de su voto en los acuerdos adoptados y los votos particulares que ha llegado formular. Al contrario que el diputado de Ciudadanos, Pérez anunció que no aludirá a la actuación de la presidenta del Parlament ni la señalará como responsable.