El PP, tras conocer las condiciones: “Es sin duda un avance”

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El PP respiró aliviado tras conocer que el anuncio solemne de Albert Rivera este martes en el Congreso —pidió que se colocaran las banderas detrás de su atril— era para comunicar sus siete condiciones para cambiar el voto de Ciudadanos —ahora abstención— en la investidura de Rajoy. En líneas generales, los populares ven asumibles gran parte de esas exigencias, casi todas relacionadas con la lucha contra la corrupción, un asunto sobre el que el propio presidente en funciones pidió “sugerencias” a Rivera en su reunión de la semana pasada. El PP recuerda que algunas de ellas ya están incluidas en su programa electoral y que otras están en trámite de aprobación en Gobiernos autonómicos, como el de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes gracias al apoyo de Ciudadanos. Fuentes de la dirección del partido resumen la intervención del líder de la formación naranja -su principal herramienta de presión para lograr la abstención del PSOE-, como “un avance positivo”, aunque advierten de que “queda mucho por hablar todavía”.

“Sí a hablar de todo”, desde la reforma laboral, "aprobada en una coyuntura distinta", a los aforamientos, afirmaba por la mañana el vicesecretario de sectorial del PP, Javier Maroto, para escenificar la voluntad del partido de presentarse ante Rivera “sin líneas rojas”. Eso sí, los populares insistieron este martes en que Rajoy no iba a ser pieza de cambio en la negociación, pero Rivera ha renunciado a ella.

La fecha del debate de investidura, la primera exigencia del líder de Ciudadanos,dependerá mucho de cómo vaya la reunión entre Rajoy y Rivera de este miércoles, según fuentes de la dirección del PP. De momento, el presidente en funciones se ha resistido a aclarar incluso si piensa presentarse sin haber logrado los apoyos necesarios. Toda la presión recae ahora sobre Pedro Sánchez, el antiguo socio sobre el que el líder de Ciudadanos carga sin reparos: "Se desentiende de España. No se puede contar con él para los asuntos de Estado". 

La condición más delicada para el PP es la reforma de la ley electoral, que entienden que Rivera quiere cambiar para beneficiar a su partido. Las listas abiertas no les parecen “una gran exigencia”, pero sí la de la “proporcionalidad” y recuerdan, en cualquier caso, que no es posible modificar la ley solo con sus votos. Lo mismo ocurre con los aforamientos, que están dispuestos a reducir "para políticos", y para lo que habría que hacer “reformas legales de calado, en los estatutos autonómicos y en la Constitución”; o con la limitación de mandatos, que ya ha sido objeto de debate en el PP.

“Pensado para Barberá”

Los populares interpretan en la condición de Ciudadanos para suspender a los cargos públicos en cuanto sean imputados una exigencia “pensada para una persona: Rita Barberá”. El PP se comprometía en su programa a cesar a los altos cargos “en el momento de la apertura de juicio oral”, que sería, además, “causa de ineligibilidad”. Era algo muy parecido a lo que Ciudadanos y el PSOE pactaron después, pero Rivera ha situado el umbral para la suspensión en un paso previo: la imputación. Fuentes de la dirección del PP creen, en cualquier caso, que Barberá “tendrá muy difícil” seguir en el partido y en su puesto si es imputada, aunque no descartan que pudiera atrincherarse en el Grupo Mixto como hizo Pedro Gómez de la Serna, investigado por el presunto cobro de comisiones ilegales. La exalcaldesa y senadora tiene abierto un expediente en el partido, que espera a conocer la decisión del Supremo para tomar medidas.

No habrá “un sí sin más” a Rivera, pero los populares son muy conscientes de que su lista de condiciones podría haber sido mucho peor. Tomando como referencia el pacto que firmó con Pedro Sánchez el pasado febrero, por ejemplo, el líder de Ciudadanos podía haber exigido a Rajoy que los partidos que se hubieran financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos fueran responsables patrimonialmente de dichos actos. Pero no lo hizo. El juicio por el mayor escándalo de corrupción en el PP, el caso Gürtel, arranca en octubre.

La comisión parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP tampoco es plato de buen gusto para los populares que ven en la exigencia una "escenificación", teniendo en cuenta que el caso ya está judicializado. Rajoy, recuerdan, ya compareció en la Cámara en agosto de 2013, aunque entonces se limitó a reconocer su error por haber "confiado" en Luis Bárcenas. Rivera tampoco ha impuesto al presidente en funciones condiciones a mayores dependiendo del resultado de esa comisión parlamentaria o de lo que digan los tribunales. El PP está procesado por como persona jurídica por la destrucción, en el año 2013, de los discos duros de los ordenadores del extesorero.