La ética pública de Alberto Lafuente

Alberto Lafuente Félez (Zaragoza, 1954) falleció el pasado miércoles, víctima demasiado precoz de un cáncer de pulmón. Quienes le han acompañado en su trayectoria pública conocen con precisión, y no por referencias indirectas, su indiscutible capacidad técnica, su honradez intelectual, que le llevó a crearse enemigos (unas veces poderosos y otras, molestos) entre el establishment energético español, y su presencia de ánimo, eso que antes se llamaba ecuanimidad, para distinguir entre su obligación como servidor público, sujeto a normas éticas ineludibles y sus preferencias personales. Militó en el PSOE, pero no ahorró, en público y en privado, análisis críticos sobre decisiones desacertadas y negligencias de manual, cuya persistencia explica, a la postre, ese descenso continuado del partido hacia la irrelevancia. Ni en sus análisis económicos, brillantes y alejados de la jerga críptica, ni en sus observaciones políticas, cayó jamás en la estridencia ni en la histeria. Eligió una proyección pública modesta —rara avis en estos tiempos de escaparate— y siempre tuvo a bien renegar del catastrofismo; nada sin causa y nada sin solución. Frente al ruido ensordecedor del entorno político y administrativo, aplicó la ilustración y el pragmatismo a la solución de los enrevesados problemas con los que hubo de bregar.

Alberto Lafuente estudió en Deusto y pasó a la política desde la cátedra de Economía de la Empresa. Una biografía guiada debería saltarse los primeros pasos en la Administración pública, casi de entrenamiento y primer contacto con los usos y costumbres del quehacer público (lo que podríamos llamar viscosidad administrativa). Hasta llegar a la Secretaría General de la Energía (1994-1996). Desde ese puesto clave inspiró y elaboró la LOSEN (Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional), que, mal que le pese a quienes se opusieron a ella, fue el intento más avanzado para racionalizar el mercado eléctrico. Hoy, 20 años después, el texto de la LOSEN es más coherente con la liberalización que necesita el mercado eléctrico que la regulación desordenada implantada por el PP en 1998.

Desde la secretaría general, Lafuente elaboró un sistema de subastas competitivas para la asignación de gas a los grupos eléctricos que bien podría haber servido de modelo para fijar de forma satisfactoria precios racionales en otros mercados energéticos. La llegada del PP al Gobierno frustró cualquier atisbo de racionalización energética. Lafuente volvió a la Universidad, pero reincidió en la gestión pública a petición del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch. Entre 2004 y 2005 fue delegado de Hacienda del Ayuntamiento zaragozano. Después, ocupó la Dirección General del Servicio Técnico de Loterías (entre 2005 y 2010) y fue presidente de Correos entre 2010 y 2011, donde tuvo que aplicar un duro ajuste para garantizar la viabilidad de la sociedad pública.

Su última etapa como servidor público puso a prueba su capacidad técnica y su entereza como gestor público. Ocupó la presidencia de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) durante dos años muy duros (2011-2013), condicionados por la hostilidad del Gobierno del PP, reacio por principio a aceptar la existencia de organismos regulatorios independientes y tendente a practicar el revanchismo por encima o al margen de los intereses del Estado. Lafuente pagó el obstruccionismo del Ejecutivo y de algunas empresas con moneda bien distinta. La CNE elaboró un informe regulatorio para ofrecer a la Secretaría de la Energía una visión exacta y global de la situación del mercado eléctrico español. Sirvió para que el ministerio supiera con exactitud dónde estaban los problemas principales que habían generado el déficit público y pudiera actuar en consecuencia.

Lafuente ha dejado una herencia de servidor público competente y cabal que está muy por encima de los niveles de compromiso y calidad técnica mensurables en los responsables políticos actuales; y por eso su tarea es reconocida y será recordada.