La batalla personal que derribó a una directora general

La historia que empieza en 2011, con el primer contacto de tres desconocidos investigadores universitarios, se ha convertido cinco años después en una trama que ha hecho caer a un alto cargo del Gobierno y que incluye acusaciones de corrupción, medias verdades, intereses, presiones políticas y correos filtrados. El Ministerio del Interior abrió una investigación para dilucidar si la DGT adjudicó de forma irregular tres proyectos a un grupo de trabajo del que formaba parte el marido de la directora general de Tráfico, María Seguí, dimitida este viernes. El esposo clama por su inocencia y asegura que no se han llevado ni un solo euro. Todo responde, repite, a una "venganza personal" de un profesor universitario, Juan José Alba, para provocar la caída de ambos. 

El encuentro. Dos de los protagonistas se cruzan a principios de 2011. Seguí, doctorada en prevención de accidentes por la Universidad de Harvard, era profesora de Medicina Preventiva en la Universidad de Navarra (UNAV) y Alba dirigía, por su parte, un grupo de trabajo del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), dependiente de la Universidad de Zaragoza. La ya exdirectora de la DGT viajó hasta las instalaciones del I3A porque quería impulsar un plan de colaboración entre ambos centros para desarrollar nuevas investigaciones sobre accidentes de tráfico. "Mi instituto recibiría con agrado y apoyaría activamente un eventual traslado de tu grupo a Zaragoza", le escribe Alba a Seguí en un correo electrónico fechado el 16 de febrero de 2011. En ese grupo embrionario del proyecto se encontraba ya Francisco López, actual pareja de Seguí y que entonces, según el actual matrimonio, solo mantenían una relación profesional.

El contrato. Cuando se produce el primer encuentro entre Alba y Seguí, López se encontraba en Estados Unidos haciendo un doctorado. En el correo enviado el 16 de febrero de 2011 y en el marco de la puesta en marcha de esa colaboración, el docente del I3A le comenta a su interlocutora que existen unas convocatorias del Gobierno de Aragón para "traer investigadores con contratos a largo plazo". A ese email, la entonces profesora de la Universidad de Navarra le responde apenas media hora después: "Respecto a los contratos que mencionas, me interesan especialmente. Particularmente de cara a Francisco López Valdés y Eduardo del Pozo de Dios [profesor asociado entonces a la UNAV]".

Si llego a saber que eran novios y que se casarían, no le hubiese fichado Juan José Alba

Casi un año y medio después de ese correo electrónico, López desembarcó en la Universidad de Zaragoza. Llegó procedente del Centro de Biomecánica Aplicada de la Universidad de Virginia, un centro pionero en el mundo que utilizaba cadáveres para estudiar la respuesta del cuerpo humano cuando sufre un accidente de tráfico. Aterriza en el I3A gracias a la reconocida beca Marie Curie de la UE, que costeó durante dos años su sueldo de 3.537 euros al mes. El investigador se incorporó al grupo de trabajo de Alba, que ha asegurado posteriormente que lo contrató porque se lo había recomendado Seguí. "Si llego a saber que eran novios —según López, aún no lo eran, ya que su relación habría empezado en la primavera de 2011— y que se casarían más tarde, no le hubiese fichado. Habría pensado que cada vez que me diese la DGT un contrato me acusarían de que era por el marido de Seguí", ha explicado Alba, que ha denunciado públicamente a ambos por tráfico de influencias y que mantiene una página web donde difunde informaciones contrarias a la pareja. "La señora y su marido", según se refiere a ambos.

Pero, cuando López llega a la Universidad de Zaragoza, Alba ya sabía que era pareja de la directora general de Tráfico, que había asumido el cargo a principios de 2012. El docente del I3A felicitó al investigador por su futura boda en un correo electrónico fechado en marzo de 2012, meses antes de que López firmase su contrato con la universidad, en julio de ese ejercicio, según ha confirmado el propio centro. A ese email, respondía la pareja de la máxima responsable de la DGT: "Ayer pensábamos si debíamos decírtelo o no… La verdad es que es un factor a tener en cuenta. Simplemente tendremos que ser un poco discretos con algunas cosas". López afirma que le dijo eso porque el sector "es muy pequeño", ella acababa de divorciarse y "no me quería ser conocido por ser el marido de".

A pesar de las reticencias que Alba dice ahora que tuvo, una vez acabada la beca de la UE en 2014, él mismo presidió la comisión de selección que eligió al marido de Seguí para cubrir una plaza en la Universidad de investigador, sacada a en convocatoria pública. "No se recibió ningún tipo de impugnación por su parte. Ni trasladó ninguna reticencia a esa elección", explica un portavoz de la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué Alba no frenó la llegada de López durante los tres meses que hay desde que supo de la relación de ambos y su primera contratación por la universidad? ¿Por qué no se opuso a que la pareja de Seguí continuase allí en 2014? EL PAÍS se ha puesto en contacto con Alba, que no ha querido responder a ninguna de estas preguntas por "recomendación de sus asesores".

Desde 2012 se han financiado cerca de 200 proyectos a un centenar de entidades Un portavoz de la DGT

Las adjudicaciones. La DGT adjudicó, entre 2012 y 2013, tres proyectos al grupo de trabajo liderado por Alba y del que formaba parte la pareja de la directora general. El importe de estos contratos, que Tráfico concedió cuando Seguí ya se encontraba al frente, asciende a casi 50.000 euros. El organismo defiende que no se dieron de forma arbitraria y que, "desde 2012, se han financiado cerca de 200 proyectos a un centenar de entidades de investigación, en las que han participado más de 900 investigadores nacionales".

Según la DGT y la Universidad de Zaragoza, el marido de Seguí no recibió ningún euro de esas cantidades, ya que percibía exclusivamente el salario que costeaba la beca de la UE. Fuentes de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, han resaltado que no existe ninguna normativa que obligara a Seguí, que no formaba parte de la mesa de selección, a avisar de que el grupo de trabajo de su pareja optaba a esos proyectos. Aunque, esas mismas fuentes se refieren al artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público, que prohíbe a los cónyuges contratar con un organismo público "cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación".

Un portavoz de la Universidad ha detallado que Alba es el único que consta en la documentación que se trasladó a Tráfico para la concesión: él era el responsable y encargado de gestionar la financiación. Pero, eso sí, en los documentos publicados por la DGT una vez acabado el trabajo, el marido de Seguí aparece en la ficha técnica como uno de los autores de las investigaciones. Además, estos fueron los primeros contratos que el organismo adjudicó a la Universidad de Zaragoza. "No hay ninguno con la DGT anterior a 2012", apunta el centro educativo, que explica que sí se concedieron otras ayudas en 2014 y 2015 a profesores, pero no vinculados al I3A.

La ruptura. Una tesis marca un antes y un después en la relación de los tres protagonistas, buena durante años. Un equipo liderado por Alba, contratado por los abogados de José Ortega Cano, ya había elaborado un informe en 2013 que afirmaba que la Guardia Civil había calculado erróneamente la velocidad a la que conducía el matador cuando en 2011 atropelló mortalmente a Carlos Parra. Los investigadores cuestionaban el método utilizado por el instituto armado en los accidentes de tráfico, pero el juez tumbó esa idea. Pese a ello, según ha denunciado Alba en los medios, tras exponer estas conclusiones, Seguí lo llamó para "comprar su silencio".

Un doctorando de la Universidad de Zaragoza empieza a trabajar en la misma teoría. En una tesis dirigida por el propio Alba, el estudiante —gerente de una consultora de servicios de peritación— concluía también que la Guardia Civil erraba y proponía que esta pidiera ayuda externa para investigar los siniestros. Su tesis fue llevada a mediados de 2014 al tribunal para su aprobación, donde estaba también Francisco López y al que Alba invitó a Seguí para que formara parte. "Me dijo que le iba a suspender. Ni se la leyó. Suspendió al doctorando solo porque criticaba a la Guardia Civil", subraya Alba.

La versión de López resulta, en cambio, muy distinta. Según su relato, ambos se leyeron la tesis por su lado y, después de hacerlo, se consultaron sorprendidos porque "no tenía calidad"; porque generalizaba conclusiones a raíz del estudio de cinco casos, incluido el de Ortega Cano; y porque sospechaba que las intenciones de Alba eran que Seguí aprobase esa tesis para después asegurar que la propia directora general de la DGT ponía en duda los métodos usados por la Guardia Civil.

Tras este encontronazo, empieza la batalla. Alba denuncia a López por mala praxis ante la fiscalía y el rectorado por la manipulación de los cadáveres que usaban para las investigaciones. El centro abre entonces una investigación interna, pero rechaza las acusaciones. "Tras un estudio exhaustivo de todo lo actuado, no se desprende causa justificada de adopción de medidas disciplinarias hacia el señor López", concluyó.

En otro documento, el rector también le recrimina su actitud: "En contestación a su preocupación, manifestada a los medios de comunicación, de saber qué va a ocurrir con los cuerpos, tenga usted la certeza de que han sido utilizados ya, han sido relevantes para la ciencia y que los restantes también lo serán en el futuro dando así cumplimiento a la generosa donación de los finados y sus familiares en pro de la ciencia y de la investigación".

El Ministerio del Interior. Tras estos primeros enfrentamientos, la batalla entre las partes continúa durante meses. Alba denuncia en los medios el supuesto tráfico de influencias de Seguí y su marido; y los acusa de haber forzado que lo echaran del I3A tras acusarlos de corrupción —aunque, en un email enviado a los trabajadores del instituto y según dice la Universidad, este se dio de baja de forma voluntaria—. Y entonces llega el verano de 2016.

En pleno escándalo por las conversaciones de Fernández Díaz sobre la policía patriótica, se filtra la conversación entre una subdirectora de Tráfico y el presidente de CNAE que apunta a un supuesto amaño de los cursos para recuperar los puntos del carné. Este caso pone a la DGT en el ojo del huracán. Y es entonces cuando la batalla personal de Alba salta a primera página. Se publica que CNAE le pagó el viaje al marido y los tres concursos adjudicados. Interior decide abrir una investigación. La Universidad de Zaragoza también decide revisar la que hizo en su día, según ha confirmado el centro.

El cerco a Seguí. El ministro Jorge Fernández Díaz decidió marcar las distancias con Seguí durante la última semana. No la respalda. Y la directora llega a presentar el pasado 15 de julio una nueva declaración de bienes para defenderse internamente. En esta consta que actualmente posee dos inmuebles al 50% (con un valor catastral de 235.246 euros y 56.623,59 euros, respectivamente) y 4.184 euros en una cuenta; además de una hipoteca de 507.369 euros y un crédito de 71.861, al 50% ambos. En 2012, cuando accedió al cargo y aún no se había casado, declaró una vivienda por valor catastral de 369.000 euros y 4.119 euros en una cuenta. El matrimonio repite que no se ha llevado ni un solo euro. De momento, el caso ya le ha costado el puesto a Seguí. "¿Y qué universidad me va a querer contratar a mí ahora?", se pregunta su marido.