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Guardia civil, mujer y víctima

La agente que tramitaba las denuncias por violencia de género fue sometida a terror sexual por su jefe durante años

Miguel González
Una agente de la Guardia Civil ante una furgoneta del instituto armado.
Una agente de la Guardia Civil ante una furgoneta del instituto armado.Dominique Faguet (AFP)
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La guardia civil C. M. era la responsable de la Oficina de Violencia de Género en el puesto de Molina de Segura (Murcia) , pero, en vez de amparar a las víctimas, trataba de convencerlas para que no denunciaran a sus agresores. No es extraño. Cuando un compañero suyo informó del acoso que ella misma sufría por parte de su jefe, el sargento O. M., la agente negó los malos tratos y rehusó denunciarle.

Según el auto de procesamiento dictado el pasado 24 de junio por el Juzgado Togado Militar Territorial nº 14, la agente y el sargento mantuvieron una relación sentimental entre septiembre de 2010 y febrero de 2011, hasta que el segundo, que había dicho que estaba divorciado, le confesó que iba a volver con su esposa porque estaba embarazada.

Durante unos meses su relación fue exclusivamente profesional pero, tras el verano de 2011, el sargento “comenzó a acosar de forma insistente [a su subordinada] para que mantuviera relaciones sexuales con él, negándose esta de manera explícita y clara”. Ante su negativa, “comenzó a enviarle correos electrónicos insultantes, groseros y humillantes”, y la acosó con más de 50 llamadas telefónicas diarias.

El sargento violó repetidamente a su subordinada y la presionó para que abortase, según el auto judicial

A principios de 2012, el sargento entró en su despacho y, “colocándose detrás de ella, le tocó los pechos, zafándose la agente y diciéndole que no la tocara, si bien este, haciendo caso omiso, le sujetó la cabeza y comenzó a besarle el cuello”.

A finales de enero, la siguió hasta su casa, donde vivía sola con su hijo menor, y la abordó al bajarse del coche. Ella le instó a marcharse, pero él le replicó, “en tono amenazante, que abriera la puerta y no montase un número”. Tras lograrlo, el sargento “entró como un loco y, pese a la resistencia de la guardia, tuvo acceso carnal con ella”; es decir, la violó. Luego, “se subió los pantalones y le dijo: ‘¿Ves?, no pasa nada’ y se marchó”.

A partir de entonces, “los actos de acoso laboral y sexual, tocamientos, amenazas y accesos carnales fueron continuos”. Si ella cambiaba de ruta para evitar que la siguiera, él le gritaba que se fuera derecha a casa “sin jueguecitos”. A cualquier hora y en cualquier momento le ordenaba subir al vestuario para tener relaciones sexuales con él y, si se negaba, se lo repetía amenazante. Ella se plegaba, explica la juez, “por temor a que le impusiera su voluntad con violencia, la castigase [con más trabajo y cambios de horarios] o cumpliera su amenaza de hacerle perder su empleo. “¡Voy a sacar tu culo de ahí!”, vociferaba enfadado.

La agente sufrió un “importante deterioro físico, con pérdida de peso y trastornos de deglución”, por los que fue atendida de urgencias en diciembre de 2011. Una agente, que compartió el vestuario con ella, la encontró varias veces llorando sentada en el suelo y repitiendo: “Este cabrón me va a hundir”.

En julio de 2012, la agente comunicó al sargento que estaba embarazada y este la presionó para que abortase. “Déjate de llantos y saca eso de ahí, tú no me vas a joder la vida, entérate bien...”, le espetó, llegando a darle un golpe en la barriga.

En abril de 2013, el sargento la llevó en un vehículo oficial a un descampado, donde “se desabrochó el pantalón, sujetando su cabeza para obligarla a hacerle una felación”. Ante su resistencia, “le golpeó la cabeza con el volante y le mordió en el cuello”.

“Las vivencias de terror y reiteración de ofensas” provocaron en la agente un “trastorno psicológico complejo y grave”, concluye la juez, quien explica que su negativa inicial a denunciar a su jefe es “un comportamiento frecuente de las víctimas de abuso”, por “miedo a no ser creída y en evitación de escándalos”.

Finalmente, la Guardia Civil suspendió ayer de funciones y cesó en su destino al sargento, quien se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel por los delitos de abuso de autoridad, contra la libertad sexual, lesiones psíquicas graves y maltrato. Poco antes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) había denunciado públicamente el caso.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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