El Parlamento andaluz aprueba regularizar unas 25.000 viviendas ilegales

El Parlamento andaluz ha aprobado, con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos, la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para regularizar edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable. Según los cálculos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, entre 20.000 y 25.000 inmuebles podrían acogerse a esta medida. La nueva normativa, que ha contado con la abstención de Podemos e Izquierda Unida, entrará en vigor después de más de un año de debate.

Según el texto aprobado, solo podrán legalizarse viviendas aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas por la Junta como de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición. La gran mayoría de estas construcciones se sitúa en la comarca malagueña de la Axarquía y en la almeriense del Almanzora, aunque otro buen se ubica en la provincia de Cádiz, y todas ellas se podrán inscribir en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua con la nueva normativa.

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Los propietarios deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos. La norma obliga a los Ayuntamientos a iniciar, en el plazo de dos años, la redacción del avance del planeamiento para incorporar a las nuevas viviendas que se hayan regularizado. "El cambio normativo responde a la necesidad de atender las demandas de los ciudadanos y ofrecer soluciones reales de manera eficaz, pese a la diferencias lógicas entre partidos", ha señalado el consejero del ramo, José Fiscal. El Gobierno andaluz aprobó en enero de 2012 un decreto que perseguía regular la situación de unas 250.000 viviendas ilegales levantadas en la comunidad. Pero fuera de este decreto se quedaron, precisamente, esas 25.000 casas levantadas en parcelaciones en suelos no urbanizables.

Pese a votar a favor, los populares han calificado la norma como "miope" y "cobarde". "Solo beneficia a 25.000 familias, frente a la 275.000 que ignora. No soluciona el problema, no es un punto final", ha asegurado la diputada Patricia Navarro. Según un censo del PP, las viviendas irregulares en la comunidad alcanzan las 300.000. "La norma pone fin a una dramática situación. Va a dar seguridad jurídica y certidumbre a la mayoría de las familias", ha replicado el socialista Rodrigo Sánchez, quien ha criticado que los populares "no han movido ni un dedo desde las instituciones que gobiernan para solucionar este problema". "Es una solución global y clara", ha añadido.

En este sentido, la diputada de Ciudadanos, Marta Escrivá, ha incidido en que la norma solo soluciona parte del problema cuando lo mejor sería regularizar el mayor número de viviendas posibles para acabar con la incertidumbre de miles de familias. "Es un gran avance, pero la regulación es insuficiente. La LOUA se ha quedado antigua y sería mejor hacer otra ley que poner parches a la actual que está desfasada", ha criticado.

Tanto Podemos como IU también han coincidido en señalar que la norma no soluciona el problema de manera integral. "La ley beneficiará a unas 25.000 viviendas y crea desigualdades, ya que no soluciona el problema de forma integral. Las construcciones ilegales se expanden como si fuera un cáncer, creando importantes conflictos sociales, medioambientales, económicos, administrativos y hasta penales", ha asegurado la diputada de Podemos, Mercedes Barranco, quien ha vinculado la norma al interés por "tapar las negligencias" de la Junta y algunos Ayuntamientos en la gestión de la ordenación territorio.

Barranco ha considerado urgente afrontar la "corrupción y especulación" urbanística y ha expresado su preocupación porque la ley se convierta en un "puente" para seguir construyendo en suelo no urbanizable, por lo que ha pedido una norma de "punto final". Por su parte, José Antonio Castro (IU) ha vinculado las "construcciones ilegales a la burbuja inmobiliaria, a la era de pelotazo, a connivencia municipal y a la autonómica, que han cerrado los ojos para cobrar [el impuesto] de actos jurídicos documentados".