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CORRUPCIÓN

El juez del ‘caso Arístegui’ investiga el rastro de las comisiones en seis países

El magistrado de la Audiencia Nacional les pide información sobre la trama del ex embajador español en India

Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui
El exembajador Gustavo de Arístegui, a la salida de la Audiencia Nacional el pasado 7 de julio.

El caso Arístegui adquiere proyección internacional. La investigación judicial sobre la presunta trama de comisiones ilegales pilotada por el exembajador de España en India Gustavo de Arístegui y el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna se extiende ya a seis países, según ha podido saber EL PAÍS.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor desde enero de esta causa que indaga si sendos políticos cobraron mordidas a empresas españolas a cambio de conseguir contratos en el extranjero, mantiene una pieza separada secreta donde ordena media docena de comisiones rogatorias, que es como se denominan las peticiones de información a un país extranjero. El magistrado pretende rastrear los manejos en el exterior de esta red que supuestamente cometió los delitos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho (soborno) y blanqueo de capitales.

El juez ya ha tomado declaración a 22 directivos de empresas españolas, algunas muy importantes. De ellos, una decena reconoció ante el magistrado que sus firmas abonaron igualas mensuales de miles de euros. Los pagos se camuflaron bajo supuestos trabajos de asesoría jurídica, según fuentes jurídicas.

Los empresarios reconocieron que De Arístegui y De la Serna les llegaron a acompañar al extranjero para cerrar negocios. La trama disponía de colaboradores en Argelia, Marruecos, Panamá, Irak y Arabia Saudí. "Gustavo [De Arístegui] exhibía sus relaciones internacionales y contactos", reconocieron algunos directivos, según las mismas fuentes de una causa que avanza "a ritmo frenético" y que cuenta con un testigo protegido, según los citados medios.

“Nos dijeron que conseguirían contratos para nuestra empresa en Guinea Ecuatorial, Angola y Perú. Un supuesto negocio consistía en prestar servicios de restauración en una planta de extracción de petróleo de Total en República del Congo. No cumplieron. Y en 2011 rescindimos el contrato”, explican fuentes de Ucalsa, una firma que pagó a dos de las siete sociedades españolas del entramado -Karistia y Scardovi- 98.720 euros por una intermediación que nunca llegó, según explicó su gerente en la Audiencia Nacional cuando declaró como testigo.

Scardovi fue, según Hacienda, una sociedad pantalla. A través de esta firma constituida por el exdiputado del PP De la Serna y su esposa, la red facturó seis millones de euros entre 2009 y 2014 con solo cinco trabajadores: el matrimonio, sus dos hijos -que desembarcaron en la mercantil con 18 y 16 años- y la empleada de hogar familiar. Dedicada (en teoría) al asesoramiento jurídico, la compañía hizo caja también al calor de clientes vinculados al PP como la Federación Española de Municipios y Provincias (42.664 euros) o la Comunidad de Madrid (8.120), según la Agencia Tributaria.

Pero los mejores clientes de Scardovi fueron las firmas españolas Elecnor e Internacional de Desarrollo Energético, que desembolsaron entre 2009 y 2014 a la mercantil del exdiputado un total de 1,3 y 1,2 millones de euros, respectivamente. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que parte de ese dinero se usó para sobornar a funcionarios y autoridades de Argelia. Las dos compañías resultaron adjudicatarias en este país de las obras de la desaladora Souk Tleta (250 millones de euros) y el tranvía Ouargla (230). La suma pagada por Elecnor e Internacional de Desarrollo Energético a los presuntos comisionistas sumaría 3,4 millones.

La cartera de clientes de la consultora de De la Serna incluyó también a Gas Natural -que abonó 895.850 euros-; al despacho del abogado que desveló los papeles de Bárcenas, Jorge Trías Sagnier (160.000); y la productora del presentador del programa de Intereconomía El gato al agua, Javier Algarra. La firma Lagun Media SL de este periodista pagó entre 2009 y 2014 un total de 177.000 euros a las sociedades de la red Scardovi, Karistia y Arroyo de Lagasca, según Hacienda.

Empresas pantalla

Pese a la aparente actividad, ante el radar de la Agencia Tributaria, Scardovi fue solo un vehículo utilizado por De la Serna para gestionar sus propiedades. “Todo parece apuntar que se trata de una sociedad patrimonial a la que se le atribuyen ingresos y gastos ficticios sin que exista actividad comercial real”, apunta un informe de Hacienda. A nombre de esta empresa, el exdiputado del PP inscribió dos vehículos –un BMW 535i y un Toyota Rav-, tres inmuebles en la localidad segoviana de Besardilla (153 habitantes) y su domicilio familiar, una vivienda en la calle Espronceda de Madrid adquirida en noviembre de 2014 por 800.000 euros.

Hacienda revela la facturación cruzada de la madeja. Scardovi, la firma pantalla de De la Serna, fue el mejor cliente de la consultora que De Arístegui compartía con su hijo, Karistia SL. Y esta, a su vez, prestó servicios a las mercantiles españolas beneficiadas por el gran pelotazo en Argelia.

"Mi situación económica no es buena", confesó De Arístegui meses antes de estallar el escándalo

La alambicada arquitectura societaria no fue casual. Y, según la investigación, formaba parte de la estrategia de una red que puso su agenda de contactos al servicio del mejor postor. Las empresas captaron el contrato del tranvía y la desaladora de Argelia, por ejemplo, habían tocado antes a la puerta del grupo Voltar Lassen, dirigido por De la Serna y De Arístegui. La trama además recurría a intermediarios como Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza. Y se nutrió de colaboradores como el exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte. El político percibió entre 2011 y 2013 un total de 67.620 euros por elaborar informes plagiados de Internet, según adelantó la Cadena Ser.

De la Serna y de Arístegui, que cobraron más de 3 millones de euros, según la investigación, dieron un paso atrás tras estallar el escándalo. El primero abandonó el PP en enero. Y el diplomático fue cesado como embajador en India en diciembre. De Arístegui aseguraba a este periódico unos meses antes de conocerse su implicación en la trama: “Mi situación económica no es buena. Tengo muchos gastos”.

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