La abogacía del Estado respalda al juez frente al fiscal en el ‘caso Villarejo’

El juez Arturo Zamarriego se mantiene firme sobre la marcha del procedimiento

El comisario José Manuel Villarejo.
El comisario José Manuel Villarejo. ATLAS

La abogacía del Estado respalda, en un escrito del 5 de julio, al titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid en el enfrentamiento que tiene con el fiscal Alfonso San Román. Este quiere apartar de la investigación del caso Villarejo a los dos policías que dirigen la comisión judicial, mientras que el juez Arturo Zamarriego se mantiene firme sobre la marcha del procedimiento. El fiscal volvió a solicitar este viernes la disolución de la comisión.

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La investigación contra el comisario José Manuel Villarejo Pérez, acusado de revelación de secretos y de organización criminal en el caso Nicolay, se está convirtiendo en un auténtico culebrón. Una vez que la comisión judicial de la Policía Nacional presentó el escrito de acusación contra Villarejo, su actual pareja, tres comisarios y varios periodistas y ejecutivos de una productora de televisión, la fiscalía decidió oponerse a las peticiones de declaración y registros.

Ante este intento de frenar el procedimiento, el juez decidió citar a declarar como investigados al periodista Carlos Mier y al comisario Villarejo, para aclarar si, como dice la comisión judicial, grabaron ilegalmente, manipularon y difundieron una conversación entre tres policías y dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El fiscal admitió las declaraciones pero se sumó a una solicitud de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás (investigado en la pieza principal del procedimiento) de apartar de la investigación al inspector 111.487 y disolver la comisión judicial que lleva un año investigando el caso.

La abogada del Estado Lucía Pedreño, en un escrito registrado en el juzgado el 5 de julio, dictaminó en contra de la petición del fiscal. “Entendemos”, dice el documento, “que no cabe estimar ninguna de sus pretensiones: ni es procedente apartar al funcionario del CNP 111.487, ni procede declarar la nulidad de los atestados firmados por el mismo”. En su opinión, “la realización de una grabación en las dependencias oficiales de la Policía Nacional, contra la voluntad de los intervinientes en la misma, es un delito muy grave que necesariamente ha de ser investigado”. Añade en su escrito que resulta “totalmente procedente el curso que ha tomado la presente investigación”.

Sin embargo, ayer mismo, tras las declaraciones del miércoles del inspector judicial, del pequeño Nicolás y de Villarejo, el fiscal volvió a pedir la disolución de la comisión. Según fuentes judiciales, el juez Zamarriego tiene decidido continuar con el procedimiento, paso a paso, y mantener a los dos policías que llevan trabajando en la investigación desde hace un año. En la primavera de 2015, el Ministerio del Interior ya intentó alejar de la comisión al comisario Marcelino Martín-Blas y el juez decidió mantenerlo en su puesto.

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