El fiscal pide 11 meses más para averiguar quién destruyó los discos duros de Bárcenas

¿Quién destruyó los discos duros de Luis Bárcenas? El fiscal de la causa que indaga si el PP cometió un delito de obstrucción a la justicia al entregar formateados a la Audiencia Nacional los ordenadores de su extesorero se ha negado al archivo del procedimiento. Y ha pedido que se amplíe 11 meses más la investigación sobre si los conservadores destruyeron pruebas al aportar en 2013 al juez Pablo Ruz los dos portátiles de su antiguo responsable de finanzas (un Mac y un Toshiba) sin ninguna información en los dispositivos de almacenamiento.

El ministerio público solicita así la declaración de complejidad de la causa en virtud de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Gobierno aprobó en diciembre de 2015 la modificación de esta norma que limita a un máximo de seis o 18 meses la instrucción de sumarios. El fiscal pide ahora a la titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid que se acoja a esta última opción atendiendo a la complejidad del procedimiento. Y el PP, que figura desde el pasado enero como investigado –nueva denominación de imputado-, ha solicitado el archivo. El partido justificó en su día el borrado de los discos duros en el marco del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

Los conservadores enviaron formateados en 2013 a la Audiencia Nacional los dos portátiles utilizados por Bárcenas hasta que fue despedido de su sede nacional, en la madrileña calle Génova. Los ordenadores, según el extesorero, contenían archivos y documentos sensibles para la formación de Mariano Rajoy: pago de sobresueldos sin declarar a Hacienda y presunta financiación ilegal, la denominada contabilidad B revelada por EL PAÍS. “Había pantallazos de correos con dirigentes del PP” y “escaneados de recibís”, declaró el antiguo responsable de finanzas en el juzgado.

Desde el inicio de las pesquisas, en 2013, la investigación sufrió un vaivén de tribunales. Primero, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz remitió la causa a los juzgados ordinarios. Después, el juzgado de instrucción número 32 de Madrid acordó su archivo provisional. Y, por último, la Audiencia Provincial ordenó el pasado 15 de enero reabrir la investigación al entender que su archivo fue “prematuro” porque no se practicaron diligencias.