La justicia da carpetazo definitivo al ‘bulo’ del 11-M sobre manipulación de pruebas

La Audiencia Provincial de Madrid ha cerrado definitivamente, tras siete años de proceso judicial, el caso que pretendía averiguar si Juan Jesús Sánchez Manzano, que fue jefe de los TEDAX, ocultó o falseó pruebas de los atentados 11-M (que costaron la vida a 192 personas, incluido el GEO Francisco Javier Torronteras). La Sección Primera de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación para reabrir el caso que había presentado en 2013 la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, según ha confirmado la propia entidad. El tribunal reafirma que los hechos que se denunciaron no son constitutivos de infracción penal alguna.

La Audiencia ya archivó en 2012 por ser "cosa juzgada" la investigación que había desarrollado la magistrada Coro Cillán -que posteriormente fue inhabilitada- cuando estaba al frente Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. El caso se abrió en julio de 2009 con la interposición de una querella criminal contra Sánchez Manzano -que fue uno de los principales blancos de la teoría de la conspiración del 11-M- y una perito de laboratorio de la policía. Las últimas pesquisas fueron llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, tras una denuncia de la formación ultraderechista Alternativa Española (que este fin de semana rendirá homenaje a Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva).

Ambos fueron acusados de delitos de destrucción de pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio. Según la tesis sostenida por la asociación, ambos podrían haber coadyuvado a la perpetración de los ataques y haber impedido el esclarecimiento del atentado. El objetivo era la reapertura de las investigaciones de los atentados de los trenes de Madrid del 11 de marzo de 2004, alegando que se ocultaron intencionadamente pruebas.

El auto de carpetazo definitivo hace un repaso somero a las investigaciones, el juicio y la sentencia del atentado, donde se concluyó que el explosivo utilizado fue Goma 2 ECO y EC, procedente de Mina Conchita (en Asturias) y no Titadyne, cuyo uso se achacaba siempre a ETA porque había robado una gran partida de este explosivo. El tribunal afirma que el que pudiera haberse usado Titadyne no es más que una sospecha. "No basta con sospechar o elucubrar que, de haberse iniciado una determinada línea de investigación, se habría llegado a descubrir un delito", dice el escrito del tribunal.

Sánchez Manzano era el comisario jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ cuando ocurrieron los hechos. En 2014 detalló en un libro cómo fue su trabajo (Las bombas del 11-M. Relato en primera persona) en las primeras horas y días de los atentados. En la obra sostiene que desde los primeros instantes de la investigación él y sus colaboradores tuvieron claro que los atentados no habían sido obra de ETA y que con su trabajo contribuyó a esclarecer con celeridad los hechos.

La asociación explica en una nota que aprovechará cualquier resquicio que abran en el futuro los tribunales para, asegura, "conocer toda la verdad delos atentados del 11-M". Contra la resolución no cabe interponer recurso alguno.