Una noche electoral de cuatro meses

Era miércoles (la primera elección general celebrada en domingo no llegaría hasta 1986) y EL PAÍS aventuraba que en la jornada de las primeras elecciones generales desde 1936 se disfrutaría de "buen tiempo". A la prohibición de la propaganda "y hasta de repartir papeletas en la puerta de los colegios" se añadía la abstención obligada de los Reyes. Todo parecía en orden: cada una de las 46.057 mesas electorales contaría con un "informador especial" que enviaría el resultado del escrutinio a los gobiernos civiles, uno por provincia. Desde ahí, se contactaría con el centro de información de prensa en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. El resultado se comunicaría a través de 84.000 telegramas que gestionarían "dos ordenadores". La jornada se desarrolló sin grandes incidentes, pero a la hora del recuento (los españoles depositaron más de 18 millones de papeletas en las urnas para el Congreso), mucho falló.

La mayoría de líderes de los partidos pasó la noche en sus cuarteles electorales. La plana mayor de la UCD, con la excepción de Adolfo Suárez, que no se movió de la Presidencia del Gobierno, se reunió en el hotel Eurobuilding. Santiago Carrillo, secretario general del PCE, reunió a los suyos en la sede de su partido, en la calle Peligros. Enrique Tierno Galván, líder del Partido Socialista Popular, pasó la noche en blanco en el hotel Velázquez, hasta que, a las ocho de la mañana, acompañado de su esposa, salió a tomar un café antes de ir a casa a dormir un par de horas. El cabeza de cartel de Alianza Popular por Madrid, en cambio, no alteró sus hábitos aquella noche: a las doce y media, en plenas dudas sobre el escrutinio, "el señor Fraga ya se había acostado", afirmaba la pieza de EL PAÍS.

La agenda del día 18 estuvo repleta de ruedas de prensa. La UCD y el PSOE eran los grandes triunfadores. En contraste, abundaban la caras de decepción entre los cabezas del PCE, del PSP o de Alianza Popular, pero aun así la estrenada Ley d'Hont dejaba muchos escaños bailando. Los resultados definitivos seguían sin llegar dos días después del cierre de los colegios. El escrutinio se les había atragantado a funcionarios y máquinas. Al caer la noche del jueves, el Gobierno mandó desalojar el Palacio de Congreso y Exposiciones, con apenas el 67% del censo madrileño escrutado. La única explicación para el retraso era el "cansancio del personal de los ordenadores electrónicos y el de los propios funcionarios del Ministerio de Información", relataba este diario. Los portavoces oficiales echaban el muerto al Ministerio de Gobernación y los partidos acusaban al Gobierno de retener información. Se daban cifras de escaños definitivos y en liza, pero no de porcentajes de voto obtenidos.

Un programa de TVE, Última Hora, apuntaba a errores a los servicios de Telégrafos. Los funcionarios del servicio se indignaron. Enviaron una nota a los medios para resarcirse de las acusaciones. En su declaración se presumía de emplear "los más avanzados elementos disponibles de la teleinformática", pero ni ellos ni aquella "alta" tecnología tenían culpa alguna. No obstante, el fallo era humano: culparon a los encargados de los gobiernos civiles, que debían enviar los telegramas, por no haberlos mandado a tiempo, y eso que las oficinas de Correos habían ampliado su horario hasta bien entrada la madrugada. A las dos de la mañana del día 16, solo se habían recibido "unos cuarenta o cincuenta telegramas" de aquellos 48.000.

Los funcionarios aseguraban que el sistema informático estaba preparado para absorber 12.000 cables a la hora. Aquel ordenador podría haber procesado 90.000 telegramas en quince minutos, decían, pero el "goteo" y los errores que contenían los cables hacían que el sistema los rechazara y los devolviera a los gobiernos civiles.

Dos días más tarde, el día 19, ya se había escrutado el 96,1% o el 96,2% (en las notas oficiales bailaban las cifras), apenas un avance de una décima sobre el recuento del día anterior. Aquel mero 0,1% bastó para redistribuir escaños: el PSC y el PSUC perdían un escaño cada uno en favor del Pacte Democràtic per Catalunya, la formación de Jordi Pujol. La UCD lograba un senador más. 

España estrenaba democracia dando una imagen de imprecisión y chapuza. La indignación por la lentitud llegó a un editorial de este periódico: "Se habla de la 'complejidad' del escrutinio. Decididamente, contar parece algo complicado en este país que no lo ha hecho en cuarenta años. Pero hay más: se acusa a los empleados de Correos, que protestan vigorosamente, sin que nadie hasta ahora haya desmentido sus protestas. El Gobierno creó un centro de prensa para hacer públicos los resultados. No solamente no los ha hecho, sino que ha terminado cerrando dicho centro". 

EL PAÍS instaba al Gobierno a anunciar públicamente las cifras definitivas o, al menos, las provisionales. "Este insólito escrutinio, inédito posiblemente en los anales de la democracia mundial, es una verdadera ceremonia de la confusión", continuaba el editorial.

El nuevo régimen había pillado a los españoles sin los deberes hechos. El Gobierno Civil de Madrid reconocía que nada más en su territorio 600 actas presentaban errores: un 40% resultaban ilegibles, un 20% se habían enviado por error a la Junta Electoral Provincial, otro 20% contenía errores matemáticos. "El resto, sencillamente, no fue enviado a sitio alguno o registró otras anormalidades", señalaban las autoridades. Se las buscó en Telégrafos, en la Junta Provincial Electoral o recurriendo directamente a los presidentes de las mesas. En muchos casos, no fue suficiente: hubo que echar mano de los interventores. "Parece que los interventores del PCE han constituido la fuente principal de datos, después de una llamada personal del gobernador civil a Santiago Carrillo", mencionaba en su artículo EL PAÍS. El Gobierno, extraoficialmente, remitía al día 21 para publicar los resultados oficiales, a modo de eterno vuelva usted mañana.

En el santo del Rey, no se escruta

Aquel día, en cada audiencia provincial, se comenzaron a leer una a una las actas de las mesas electorales. "El procedimiento hace que la lentitud del trabajo sea considerable", narraba la crónica del día, una jornada que dio para poco: "Al cierre de esta edición, solo se tenía noticias de la finalización del escrutinio en Ceuta", avanzaba el texto. En Barcelona, caída la noche, hubo que recurrir a los bomberos para que instalaron un generador de corriente la sala donde se realizaba la labor: una excavadora había arramblado con el cable del suministro. En Madrid, las 5.046 actas provinciales demorarían el escrutinio "entre tres y siete días".

Llegó el día de San Juan, día 23, y "debido a la festividad del Rey", las juntas electorales de Madrid y Barcelona, donde el último escaño aún seguía bailando, interrumpieron el recuento. El nuevo plazo apuntaba el 30 de junio. Mientras llegaba, saltaban por doquier las noticias de impugnaciones de uno y otro partido, por toda la geografía. Incluso más allá de las fronteras, desde Suiza, la Asociación de Trabajadores Emigrantes Españoles exigía a la Administración que publicara datos fiables sobre los expatriados. Según ellos, "solo el 15% de los 800.000 emigrantes españoles en Europa solicitó la inscripción en el censo, y de estos solo el 2% obtuvieron respuesta".

El 2 de julio, "fuentes oficiales del Gobierno" comunicaban a la prensa que "en el plazo de una semana" se darían a conocer los resultados. El 17 de julio, un mes después de los comicios, se había alcanzado el 97,43% de escrutinio. Tres meses más tarde, EL PAÍS publicaba, mencionando un despacho de la Agencia Cifra, los resultados definitivos de todas aquellas "asociaciones, federaciones, coaliciones, partidos, candidaturas o candidatos". Acababa así la primera noche electoral, la más larga, de la nueva democracia española.