La batalla por la memoria

En el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto, Laura, Ane, Nerea y Silvia charlan después de una prueba. Están en primero de carrera. ETA les suena tan remoto que algunas dudan de si es una banda terrorista —“porque ya no actúa”, dice una—. Saben “por los telediarios y las clases de historia” que fue una época “dura, mala”, comentan. “Lo veo lejano porque en mi familia no hay nadie a favor de ETA ni víctimas”, explica otra. Lamentan que cuando salen de Euskadi se les asocie, dicen, con la violencia solo por ser vascas. Nacieron el año en que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, en 1997. Ninguna sabe quién era. “Me suena de historia pero no sé qué hacía”. “¿No es el que iba a misa en Madrid y le pusieron una bomba?”. “No, ese es Carrero Blanco”, contesta otra. Cuando averiguan que era un concejal del PP a quien ETA secuestró para chantajear al Estado y que tras su asesinato brotó una enorme oleada de rechazo del terrorismo, a dos les suena.

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Han pasado casi cinco años desde que tres encapuchados anunciaron el “cese definitivo de la actividad armada” de ETA. Para la generación que acaba de llegar a la Universidad, las bombas, la extorsión, el secuestro y el disparo en la nuca flotan en un pasado nebuloso y distante. Saben que ocurrió, pero a pocos les han hablado de ello en casa y tienen lagunas. Están educados en el respeto a los derechos humanos, pero no está tan claro qué evaluación ética hacen de lo que ha pasado. “Era un tema silenciado por el que era mejor no preguntar. Los padres y los profesores podían tener visiones diferentes, y eso generaba tensión”, explica Iker Usón, uno de los profesores que ha participado en una experiencia piloto para abordar el tema en la Universidad, que se hizo con 280 alumnos de entre 18 y 23 años y que se divulgó en abril. “Mi duda, y eso es lo que hay que investigar, es cómo ponderan lo sucedido. Ver si es algo epidérmico, si decir que estuvo mal es solo lo políticamente correcto”.

El temor a una generación amnésica asoma en un momento en el que el relato más o menos compartido de qué ocurrió y cómo fue el terrorismo en el País Vasco está en construcción. La salida de prisión del líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi —encarcelado por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a las órdenes de ETA—, presentándose como un hombre de paz que mira al futuro, ha reactivado una batalla por la memoria en la que se dirime qué historia se contará a estos chicos, o a otros más jóvenes, cuando pregunten por ello.

Marta Buesa ha respondido muchas veces. Respondió a su hijo cuando un día, a los cuatro años, le dijo: “¿Y al abuelo Fernando qué le pasó?”. Le contó la verdad. Que Fernando Buesa, un destacado dirigente socialista que había sido vicelehendakari, fue asesinado a los 53 años con un coche bomba al lado de su casa en Vitoria en 2000. Su escolta, el ertzaina de 26 años Jorge Díez, también murió en el atentado. Responde, también, a los adolescentes que la escuchan contar su experiencia en los institutos dentro del programa Adi-Adian, en el que también participan otras víctimas del terrorismo (ETA, GAL) y de violencia policial. “Les impacta cuando les digo que yo no sentí odio. Preguntan mucho dónde están los asesinos, si sé quién son, qué pasaría si me encontrara con ellos...”, cuenta en una terraza de un parque en Vitoria.

Esa labor de hacer memoria, de explicar a los alumnos cómo lo ha superado y qué ha aprendido es muy exigente. “Desvelas parte de tu intimidad, te expones. Se trata de transmitir un mensaje de deslegitimación de la violencia”. Lo que cuenta esta abogada de 44 años contrasta con el relato de la izquierda abertzale. “Hay una intención directa de diluir la responsabilidad del terrorismo de ETA. Pero ahí está el trabajo de los demás para no consentirlo. Con los mensajes de ‘aquí todos hemos sufrido’ se pretende englobar a todas las víctimas en una mezcla confusa donde no hay una atribución de responsabilidad concreta. Otegi pidió disculpas por si había añadido sufrimiento a las víctimas de ETA con algo que él hubiera dicho o hecho. Esa es una frase vacía, un perdón genérico que no tiene ningún valor. Es un fraude”, afirma con su voz bajita y firme. Buesa cree que lo que no se afronta, acaba volviendo al presente. Por eso le parece que va a ser un proceso necesariamente largo. “Las víctimas somos incómodas porque somos la cara visible de algo que no queremos mirar. Esa ignorancia premeditada todavía está”.

Cerca del campus de Deusto en San Sebastián, al otro lado del río Urumea, trabaja Pili Zabala. Es odontóloga, tiene 48 años y da clase en un instituto. Es hermana del presunto etarra José Ignacio Zabala. El GAL lo secuestró, torturó y asesinó junto a José Antonio Lasa en 1983, y cubrió de cal viva sus cadáveres para que no se les identificara. “Temo que se quiera ocultar lo que tanto tiempo se ha ocultado”, dice enérgica en un aula vacía. “Los intentos de investigación de otras violaciones de derechos humanos siempre se han encontrado con muchísimos impedimentos”, afirma. “En la batalla por la memoria, ¿se va a hablar de terrorismo de Estado? Reconocer esto sería muy inteligente, demuestra una humanidad muy sabia, pero no interesa”, dice. “Unas vulneraciones de derechos humanos no restan otras: suman. Cada una requiere su análisis específico”, argumenta, y deja clara su independencia: “Jamás he justificado un asesinato. Cuando oía en una manifestación gora ETA [viva ETA] se me revolvían las tripas. No soy de la izquierda abertzale ni estoy afiliada a ningún partido. He visto mucha manipulación y no me gusta. Quiero ser libre para contar lo que he vivido”.

Buesa conoció a Zabala en las charlas con adolescentes, y junto a otras 13 víctimas más, participaron el año pasado en una iniciativa de la que surgió un grupo que busca romper la indiferencia de parte de la sociedad vasca. Se llama Eraikiz (construyendo, en euskera), y lo integran víctimas de ETA, del GAL, de violencia policial. No quieren que se les utilice con fines políticos y quieren que todos los políticos digan con claridad “que el recurso a la violencia está mal hoy y también estuvo mal ayer”. Parece simple, pero aún no ha ocurrido.

A pocos metros del lugar donde asesinaron a Buesa, en la Universidad del País Vasco (UPV), daba clase de Historia Contemporánea Txema Portillo. Se tuvo que marchar de Euskadi en 2000 por la persecución que sufría. En esa época ETA mataba a periodistas, profesores, concejales, a los que pensaban diferente y lo decían. Socialización del sufrimiento lo llamaron. Portillo, de 54 años, fue uno de los fundadores del foro de Ermua y luego del movimiento cívico Basta Ya. La kale borroka atentó dos veces contra su coche dentro del campus: un día se lo quemaron y otro le colocaron un explosivo. Estuvo en EE UU, en Colombia, en México. En 2013 volvió “a un país distinto”, cuenta mientras empuja su bici por el centro de Vitoria. “Puedo ir donde quiera, tengo libertad. Lo que más me impresiona es que esta facultad es ya como cualquier otra. Y eso es bueno, es como tiene que ser”, dice.

Son los últimos días de exámenes antes del verano. Es mediodía y el centro de Vitoria es verde, silencioso, peatonal. La gente va en bici por su carril. Preguntar por décadas de terrorismo o por ETA aquí parece fuera de lugar, como acabarse una bebida y tirar la lata al suelo. “No es algo a lo que le dé muchas vueltas. En teoría ya ha parado”, dice M., una chica de 17 años tras recoger las notas. “Nunca me ha interesado mucho y los adultos tampoco te saben contar. Mi madre nunca da opiniones políticas”. Su amiga Leire, de 18, apunta: “Hemos escuchando cosas de ellos, pero no nos hemos informado mucho”. Las dos dicen que rechazan la violencia. “Depende de qué profesor sí que te cuenta”, explica M. “Yo sé que todo empezó contra el franquismo”. Leire desarrolla la idea: “Hay muchos que acataron [la dictadura] hasta que unos se rebelaron [ETA]”.

Portillo da clase de la historia reciente del País Vasco. Le preocupa la desmemoria: “No digo que haya que dar la tabarra todo el día con esto a los chavales, pero es importante que tengan conciencia de que su país vivió así, no en el Pleistoceno ni en la Guerra Civil, sino al borde de su nacimiento”. También, la distorsión de los hechos: “ETA no ha conseguido ninguno de sus objetivos, pero puede servirles de mucho que su discurso gane en esta fase”. “De hecho”, ironiza, “según ellos técnicamente no hubo ni terrorismo: esto ha sido una larga guerra, un conflicto”.

"Hay una intención directa de diluir la responsabilidad del terrorismo de ETA", dice una víctima

El historiador José Antonio Pérez, investigador del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, asociado a la UPV, explica que cuando la izquierda abertzale “es consciente de que ETA está derrotada, comienza un viraje discursivo para tratar de crear un relato que justifique la violencia”, dice. “La idea es que esto ha sido un conflicto político que se recrudece en la Guerra Civil hasta que en los sesenta llega una nueva generación de gudaris. Se pretende decir que ETA era inevitable y fruto de la represión franquista. Luego, que la violencia se retroalimenta por la represión, las torturas, los grupos ultraderechistas... En esa línea de blanqueamiento del pasado, se omite que matar fue voluntario, el apoyo social que tuvo ETA y la historia de cada violencia”.

ETA cometió el 95% de sus asesinatos tras la muerte de Franco. Entre el primero y el último pasaron cuatro décadas. El 92% de todas las muertes por atentado, 914, las causó esa banda y grupos afines (845), y el resto grupos terroristas parapoliciales y de extrema derecha, sobre todo el GAL y el Batallón Vasco Español. Un grupo de historiadores, entre los que figura Pérez, colocó esos datos en el llamado Informe Foronda, publicado el año pasado a petición del Gobierno vasco.

Las cifras caen a plomo en un debate lleno de subjetividad, de dolor, de partidismo. Jonan Fernández, de 53 años, es muy consciente de lo delicado del material que trata de modelar. Dirige la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, del PNV, encargada de diseñar la política pública de memoria, entre otros cometidos. En su despacho de la sede de Lehendakaritza, de la que depende, despliega sus “modernas” nociones sobre el asunto: “La responsabilidad de la administración es integrar todas las memorias y ponerlas en diálogo para resignificarlas en el contexto actual. Por ejemplo, en el homenaje a las víctimas del franquismo era inevitable recordar, cuando hablábamos de quienes tuvieron que marcharse por la represión, lo que pasa hoy con los refugiados”, afirma.

Fernández viene de Elkarri —luego Lokarri—, un movimiento próximo al independentismo que abogaba por una “solución dialogada” al “conflicto vasco” y la idea de “proceso de paz” pese a que ETA seguía matando. Esa organización, ahora extinta, se desmarcó de la violencia de ETA y preparó el camino para crear un grupo internacional de mediadores que relacionaban Euskadi con Irlanda del Norte o Suráfrica. Antes, entre 1987 y 1991, Fernández fue concejal de Herri Batasuna en Tolosa. Ahora gestiona ese relato central sobre el pasado en las instituciones.

Su oficina ha impulsado varios estudios que llama “de clarificación del pasado”. Un ejemplo es el trabajo sobre torturas que encargó dirigir al profesor de Medicina Forense de la UPV Francisco Etxeberria, del que se conocerá un avance este mes. Han recopilado unas 5.000 denuncias documentadas de torturas y maltrato policial entre 1960 y 2013. En ese censo “hay muchas situaciones que no se han podido acreditar judicialmente”, afirma Etxeberria. De ellas, 200 se someterán a un protocolo psicológico de la ONU para evaluar su veracidad. Los sindicatos mayoritarios de la Policía y de la Guardia Civil criticaron ya el año pasado que se incluyan miles de casos sin valorar su veracidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar a España por octava vez por no investigar suficientemente una denuncia de torturas. Alrededor de zonas oscuras como esta gravitan parte de las interpretaciones que interesan a cada relato sobre lo ocurrido. Etxeberria está seguro, dice, de que habrá un uso político del informe, “tanto por parte de los que consideran pertinente la investigación como de los que no”. Otegi se refirió al trabajo el 27 de mayo: “… un informe en el que se habla de miles de torturados en el país, aquí hubo guerra sucia, aquí han matado las Fuerzas de Seguridad del Estado y aquí han matado los servicios de inteligencia”, dijo en San Sebastián.

A finales de 2015, echó a andar el Instituto de la Memoria, Gogora, del Gobierno vasco. Su trabajo más visible es la Plaza de la memoria, una exposición itinerante que recoge testimonios de víctimas. Unos cilindros con pantallas muestran vídeos de víctimas hablando. A la entrada, los de ETA. Más allá, los del GAL. Los de la represión franquista, los abusos policiales. En el suelo hay etiquetas que clasifican a los que causaron el daño. “La conclusión es que todos hemos sufrido mucho”, analiza el historiador Pérez. “No existe un relato histórico para que se comprenda qué ocurrió. El testimonio es tan contundente que lo borra todo. El no relato también es un relato, y es muy sutil”.

La ampliación, en 2013, del programa Adi-Adian para que, además de las víctimas del terrorismo, a los alumnos de Secundaria les den charlas las de violencia policial generó críticas sobre si eso puede suponer una amalgama que equipare a las víctimas. Fernández asegura que se opone “a ese juego macabro”. “Tratamos de hablar de una sola cosa a la vez, algo que tiene que ser compatible con no minimizar u ocultar ninguna vulneración de derechos humanos”, afirma. Fernández cree que ese no es un problema real, y sí lo es recordar “el abandono que tuvieron las víctimas de ETA de los setenta y ochenta”. “Visto desde hoy”, dice, “es incomprensible, pero ocurrió. Eso requiere autocrítica por parte de todos”, afirma.

Iñaki Arteta lleva años hablando de esas víctimas y del terrorismo de ETA en varias películas. La última es 1980, el año en el que la banda asesinó a una persona cada tres días. “Al echar la vista atrás, es mejor no pensar que decirse: ‘Bueno, ¿y yo qué hice? ¿Cómo es posible que no hiciera nada?’ Que ETA no mate es un alivio para los perseguidos, pero sobre todo para la gente que ha tenido esas dudas”, plantea el director de cine. Está trabajando en una película sobre los 300 atentados de ETA que hay sin resolver porque no se sabe quién fue el autor material. Se titula Contra la impunidad. Arteta cree que hay una especie de desapego respecto al pasado. “Es deliberado, como un mecanismo de defensa que te permite no tener que valorar lo que has hecho ante un tema tan grave”, dice en Madrid, adonde ha acudido a grabar.

Olaya y Maite tienen 18 años. Estudian en el campus de la UPV en Leioa, al lado de Bilbao. Misma pregunta abierta sobre el terrorismo, sobre las décadas de violencia. “Yo no he vivido esto”, dice la primera, “pero creo que en España no se entiende que pedir que los presos de ETA vuelvan al País Vasco no significa que se apoye a ETA”. Ambas coinciden en que es un tema del que se prefiere no hablar. Maite añade: “Pero no es por miedo. Es un tema pasado, al final cansa, y se piensa que por ser vasco se es etarra”.

Una patinadora con mallas de licra adelanta a varias bicis en el muelle de Getxo, el lugar en el que, durante décadas, han vivido poderosas familias de banqueros e industriales. Resulta difícil imaginar que volaran la cafetería de ese hotel con una bomba. Que en esta ciudad de 80.000 personas haya habido 19 asesinatos de ETA. Que sobre una pared de dos kilómetros de larga, Joseba Markaida, antiguo concejal socialista, encontrara dianas rojas con su nombre dentro. Que, como va contando el historiador José Antonio Pérez, en Euskadi haya habido “un plan de exterminio del oponente político llevado a cabo por ETA y justificado por el entorno abertzale”. “Por un lado, me alegro de que los jóvenes vivan ya sin la presencia constante de esa violencia, pero es un peligro que no tengan conciencia de que se intentó imponer por las armas un proyecto nacionalista totalitario”. Se mire a la playa o a las mansiones sobre el acantilado, es difícil de imaginar. “Ahora parece que fue en otro país, en otro lugar. Mi temor es que, en poco tiempo, esto solo importe a las víctimas del terrorismo y a los historiadores”, dice.

El exconcejal Markaida sufre estrés postraumático después de llevar escolta de 2001 a 2011, después del hostigamiento de la kale borroka contra toda la familia y de figurar en listas de amenazados. “Lo que no quede en la memoria y en la historia es como si no hubiese existido”, dice. “Ahora, nadie quiere saber nada ni acordarse del pasado. Y en parte es lógico; incluso yo a veces también quiero eso, pero veo que si no aprendemos la lección, ¿para qué ha servido esto?”.