El fiscal pide nueve años de prisión para el supuesto cabecilla del ‘caso Romanones’

El supuesto cabecilla del clan de los Romanones, el padre Román Martínez, se enfrenta a la petición fiscal de nueve años de prisión, con una indemnización de 50.000 euros para el joven denunciante, que asumiría de forma subsidiaria la Archidiócesis de Granada. A Martínez se le acusa de un delito continuado de abusos sexuales contra un menor, con agravante de acceso carnal, entre 2004 y 2007. La solicitud llega después de que el ministerio fiscal y las acusaciones popular y particular pidieran la confirmación del auto de conclusión del sumario y la apertura de juicio oral. Según la Audiencia, la petición del fiscal Francisco Hernández se sustenta también en "una prueba testifical de un agente de la Policía Nacional importante para el caso". 

De conformidad con la Sección Segunda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Román está acusado por el crimen continuado de abusos sexuales a un menor de Granada, que ahora tiene 26 años y que entonces tenía 14. El denunciante se personó como acusación particular en 2014 contra un clan de curas, entre los que figuraba Martínez. 

La causa solo sigue contra Román, exsacerdote de una parroquia ubicada en el barrio granadino del Zaidín, después de que, en septiembre del 2015, la Audiencia de Granada decretara prescritos los delitos que se le atribuían en un principio a nueve sacerdotes, un profesor de Religión y un seglar. El juez del caso cerró la instrucción el pasado año al constatar que se trataba de un abuso sexual a un menor de forma continuada desde 2004, cuando el chico era monaguillo de la iglesia en la que oficiaba misa el padre Román. El magistrado añadió al expediente "actuaciones procesales de las partes, la actuación policial, pruebas documentales y testificales, etc., que eran valoradas conjuntamente para la resolución final del caso" y que ratificaron que sí había delito en las reuniones que mantenían los integrantes de este clan.

El magistrado explicaba el pasado año que habían sido intervenidos aparatos telefónicos e informáticos que ayudaron a esclarecer los hechos que se denunciaban, y que ha terminado señalando al exsacerdote Martínez. "No había contenidos de carácter pedófilo, pero sí pruebas que aclaraban que había abuso sexual continuado", afirmaba el juez. A la demanda de condena de nueve años de cárcel y 50.000 euros de indemnización para el joven, se suma también una orden de alejamiento de 100 metros de distancia y la prohibición de comunicarse con el denunciante en un periodo de 10 años.

"Solo tenía amor fraternal hacia el joven", aseguró el padre Román durante su última declaración. El denunciante llegó a escribirse con el papa Francisco, haciéndole saber lo que le había pasado. El pontífice exigió, una vez conocido el caso, "la retirada inmediata de la Iglesia de los involucrados" y "responsabilidades a la Archidiócesis de Granada".