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Conde empleó “maniobras torticeras” para eludir el embargo de sus fincas

EL PAÍS accede a la querella de 89 folios de Anticorrupción que permitió al juez desmantelar la trama que dirigía el exbanquero

El juez Santiago Pedraz ha bloqueado al expresidente de Banesto Mario Conde un total de 17 cuentas bancarias y además le ha embargado cinco casas (tres en Madrid y dos en Alcúdia, Mallorca), así como un coche Lancia Voyager, para que responda de los 14 millones que aún debe a Banesto del total de 26 a los que fue condenado por el saqueo a esta entidad cuando fue su presidente a finales de los años ochenta comienzos de los noventa. El bloqueo de estas cuentas figura entre las peticiones que hizo al juez la Fiscalía Anticorrupción en la querella (a la que ha tenido acceso EL PAÍS) que ha permitido a Pedraz desenmascarar los tejemanejes de Conde tras comprobar que llevaba 17 años años repatriando dinero. En su escrito, de 89 folios, la fiscalía asegura que el exbanquero empleó "maniobras torticeras" para eludir el embargo de sus fincas.

Mario Conde el día que sale detenido de su domicilio.rn
Mario Conde el día que sale detenido de su domicilio.

Al salir de la cárcel con el tercer grado tras cumplir 11 de los 20 años que le impuso la justicia por el caso Banesto, Conde dejó de pagar y empezó a traer de vuelta los millones que ocultaba fuera. Desde 2003 ha repatriado 13 millones. Asimismo, el juez Pedraz ha enviado cuatro comisiones rogatorias, también a instancia de la Fiscalía, a Suiza, Países Bajos, Italia y Reino Unido en busca del origen de los millones y de las personas extranjeras que le han ayudado a traerlos a través de una veintena de sociedades y diferentes bancos (algunos en las Islas Vírgenes).

Los bienes que ha embargado ahora el juez Pedraz los tenía ocultos Conde, mediante testaferros y otras artimañas, de su obligación de pagar a Banesto los 14 millones que aún le adeuda. En la sentencia que le condenó, el tribunal decretó el embargo de todos sus bienes, pero olvidó enviar a los registros las oportunas anotaciones de embargo preventivo. Durante y tras salir de prisión, Conde se dio cuenta de ello y empezó a maquinar para que no se las quitasen. E hipotecó algunas fincas y arrendó otras, logrando dificultar los embargos. No obstante, y aunque años más tarde, los jueces lograron subastarle algunos inmuebles y fruto de ello son los pagos ya hechos. Pero faltan 14 millones.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción que precipitó la detención y encarcelamiento del exbanquero y la imputación de otras doce personas de su entorno acredita graves delitos fiscales. En concreto, que Conde repatrió “5,6 millones entre el 23 de junio de 2008 y el 4 de marzo de 2013” procedentes de una sociedad extranjera vinculada a él, Galloix Holding, mediante lo que se denomina “entradas invisibles” de dinero, opacas al fisco. Esos 5,6 millones (del total de 13 millones que ha logrado repatriar) salieron fraccionados desde el Credit Suisse, de Suiza, y del HSBC, del Reino Unido, a una cuenta en La Caixa a nombre de la sociedad Barnacla, a cuyo frente Conde tenía, como testaferro, a Cristina Álvarez (a la que pagaba 42.000 euros anuales en nóminas, trabajaba para él).

Para camuflar la llegada de ese dinero, Conde tejió siete empresas en el extranjero y tres en España (entre ellas, Barnacla, la más activa) e hizo trasvases de dinero de las primeras hacia las españolas que simuló mediante falsos préstamos y ampliaciones de capital, siempre según la querella de Anticorrupción que tramita el juez Pedraz, que mantiene preso al exbanquero desde el pasado 14 de abril. Además, hay otros doce implicados, entre ellos sus dos hijos de Conde y una decena de personas de su entorno más próximo. La hija de Conde, Alejandra, se halla bajo arresto en su casa como medida humanitaria y sustitutiva de la prisión que inicialmente adoptó el juez: tiene un hijo de corta edad enfermo.

"Conde ha dirigido un conjunto de personas, familiares, empleados, amigos y afines que, en una evidente distribución de tareas, jerárquicamente establecidas, ha logrado durante los últimos 17 años la colocación, encubrimiento y repatriación de cantidades de dinero de origen ilícito”.

Según Anticorrupción, Conde habría cometido al menos seis delitos fiscales a través de Barnacla que le habrían generado “un incremento patrimonial” por el que no ha tributado. Barnacla presentó en todos esos ejercicios ante la Agencia Tributaria declaraciones que arrojaban “una cuota líquida de 0 euros” (en 2013 no declaró el impuesto de sociedades). Las cantidades recibidas en esos años superan la cuota penal tributaria de 120.000 euros, ya que, por ejemplo, en 2008, trajo desde la firma Galloix a España 2,2 millones; 871.000 en 2009; 356.000 en 2010 y 509.000 en 2011.

Conde sostiene desde la cárcel que el dinero no pertenece a Banesto y que puede demostrar que los 13 millones repatriados fueron ingresados en el extranjero en una única transferencia realizada en 1987, ante de acceder a la presidencia del  banco. Y que, por tanto, no hay delito de blanqueo de capitales puesto que el origen de esos 13 millones es lícito. El juez Pedraz, no obstante, le atribuye delitos fiscales, blanqueo de capitales, organización criminal e insolvencia punible; es decir, hipotecar o bloquear con todo tipo de artificios las fincas y demás bienes que le embargó la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo por el saqueo de Banesto.

Según la querella de Anticorrupción, Conde se sirvió de “maniobras torticeras” para evitar que le embargaran las fincas. Pese a que él dice que el dinero no procede de Banesto, la fiscalía tiene claro que sí, puesto que ha constatado “indicios de una actividad de blanqueo de dinero procedente de apropiaciones indebidas” de las arcas de los accionistas del banco. Y destaca que la repatriación del dinero la ha efectuado “a través de su entorno más cercano (familiares y amigos de su máxima confianza), desde, al menos, el año 1999, y de una forma continuada (…)”. Hasta el punto de que “entre 1999 y 2014” ha efectuado “ingresos en efectivo por 2,2 millones de euros y recibido transferencias procedentes de cuentas ubicadas en el extranjero por importe de 10.7 millones”.

Al salir de la cárcel, Conde empezó a maquinar para que no le subastasen sus fincas por el asunto Banesto

Anticorrupción señala en su querella: “Mario Antonio Conde Conde ha dirigido un conjunto de personas compuesto por familiares, empleados, amigos y afines que, en una evidente distribución de tareas, jerárquicamente establecidas, ha logrado durante los últimos 17 años la colocación, encubrimiento y repatriación de cantidades de dinero de origen ilícito, así como de los legítimos frutos que su oculta inversión durante ese periodo le ha generado”. Según Anticorrupción, en la pirámide de esta organización, “y por debajo de sí mismo, se sitúan inmediatamente sus hijos, Alejandra y Mario, y su yerno, Fernando Guasch”. “Y, por debajo de estos últimos, Paloma Jiménez, cuñada de Conde; Félix Castells, su chófer y exconserje en Banesto; Carlos Castaño, guardés de las fincas de Can Poleta, en Mallorca, propiedad de Conde”, señala. Como “cooperadores en las operaciones de blanqueo e insolvencia punible”, Anticorrupción sitúa a Francisco de Asís Cuesta, “administrador de sociedades” amañadas por el exbanquero, y “a Fernando Flores, su cuñado”.

Conde utilizó también a expertos en derecho internacional para montar el “adecuado complejo societario que le diera cobertura nacional e internacional” a su deseo de repatriar ese dinero. Entre ellos, el ciudadano suizo “Francisco Javier Romero Pumar y el eslovaco Ronald Stanek”. La fiscalía pidió al juez la detención de Romero Pumar, uno de los implicados que le han enviado dinero desde el extranjero y que sospecha le ayudó a montar las sociedades instrumentales.  Asimismo, como testaferros, Conde habría utilizado a María Cristina Fernández Álvarez, su empleada, y a Antonio Pérez Fernández”, siempre según la querella. Todos ellos declararon y se hallan en libertad con cargos. Aunque solo hay cuatro comisiones rogatorias, Conde trajo de vuelta los 13 millones a través de siete países extranjeros (Suiza, Islas Vírgenes del Reino Unido, Italia, Holanda y Arabia Saudí, entre otros).

El disfrute de una finca intervenida

La sociedad luxemburguesa GI Beteiligunc SA, dueña formal de las lujosas fincas que poseía Mario Conde en Can Poleta, Mallorca, es una de las utilizadas para repatriar los 13 millones que ocultaba en el extranjero, según la querella de Anticorrupción. Fue creada en 2002 por Conde “para canalizar los ilícitos beneficios que obtuvo de las apropiaciones indebidas de Banesto por las que fue condenado e incluso para impedir el decomiso de esta finca”, señala la fiscalía.

Entre abril de 2003 y julio de 2007, esta sociedad dispuso de una cuenta en Caixabank, en su sucursal de Pollensa (Mallorca), a nombre del Pierre Henri y de Carlos Castaño, el guardés de la finca. Durante esos años, Lourdes Arroyo, esposa de Conde, fallecida en 2007, efectuó ingresos trimestrales en esta cuenta de 18.000 euros, en total 342.000 euros”. Desde esta cuenta se han abonado “los gastos corrientes de las fincas de Can Poleta [que debían estar embargada] y otros que cubrían el nivel de vida familiar y que suman 30.400 euros”. Las fincas de Can Poleta fueron adquiridas el 9 de abril de 2002 por la firma GI Beteilinguc por 600.000 euros. Las compró a una sociedad llamada Apolo, Inversiones y Servicios, controlada por Conde y el que fuera su lugarteniente en Banesto Arturo Romani”, también condenado por el caso Banesto.

Pese a esta supuesta enajenación, “la familia Conde ha seguido disfrutando de la finca de Mallorca”. Y con la intención de “enmascarar la ficción de esa venta”, señala la fiscalía, Lourdes Arroyo, esposa de Conde, “firmó un contrato de arrendamiento con GI Beteiligunc por 72.000 euros anuales”. Solo figura el pago de ese supuesto alquiler “entre 2003 y 2007, desapareciendo todo rastro del mismo desde el ejercicio 2008”, destaca Anticorrupción.