Chaves minimiza el fraude de los cursos de formación: “Fue muy pequeño”

“El posible fraude fue muy pequeño”. El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha minimizado el engaño de numerosos empresarios al Gobierno autonómico con los cursos de formación subvencionados. Sin embargo, hoy la Junta reclama al menos 72 millones a más de mil empresarios por las irregularidades detectadas, que investigan en paralelo 18 juzgados. Chaves ha comparecido ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz, donde ha defendido que nunca autorizó irregularidades aunque sí admitió “posibles actos ilícitos”.

Durante la época de vacas gordas numerosos empresarios aprovecharon el descontrol sobre los fondos públicos para los cursos de formación. Hoy jueces de nueve comunidades autónomas, la policía y la Guardia Civil investigan estas irregularidades.

En paralelo a la vía judicial, el Parlamento andaluz indaga esta primavera las responsabilidades políticas del fraude. Este lunes el expresidente andaluz Manuel Chaves ha desdeñado el volumen del escándalo: “No todo estaba bien. Pero no creo que hubiera irregularidad ni fraude en el seno de la Administración”. "Nunca, durante mi presidencia, firmé una decisión ilegal. Todas las decisiones del Consejo de Gobierno fueron legales y nunca conocí irregularidades ni las toleré y nunca las hubiera consentido. Nunca se produjo una alerta sobre deficiencia", ha añadido.

El que fuera vicepresidente del Gobierno y presidente de la Junta andaluza durante 19 años (de 1990 a 2009) ha considerado que solo los empresarios protagonizaron las ilegalidades y ha exculpado a los funcionarios y a los dirigentes socialistas. La comisión analiza las políticas activas de empleo entre 2002 y 2011.

Chaves ha minimizado el fraude después de que su exconsejero de Empleo Antonio Fernández calificara hace una semana el fraude de “bluf”. El expresidente ha ensalzado la gestión de Fernández y su antecesor José Antonio Viera, así como la concesión de ayudas a empresas desde la Junta para la formación por unos 3.000 millones entre 2002 y 2012. “Creo que fue una ejecución y una gestión razonablemente buena. Positiva, razonable, útil y eficaz”, ha subrayado. A continuación, ha admitido que la revisión del gasto por parte del Gobierno andaluz fue deficiente: “No había una estructura pública adecuada para atender toda la demanda”.

En 2007 la Cámara de Cuentas de Andalucía emitió un informe con recomendaciones que habrían evitado el fraude. Sin embargo, Chaves ha alegado que desconocía dicho informe y que en sus reuniones anuales con los responsables de esa institución nunca discutieron las anomalías en los cursos de formación. Dado que las recomendaciones de la Cámara de Cuentas cayeron en saco roto, esta repitió su informe en 2014 con un tono de reproche más duro aún ante el evidente daño a las arcas públicas.

Tras conocerse en 2013 las primeras irregularidades desde el sindicato UGT al justificar las facturas, la Junta inició un proceso de investigación interna con un pequeño ejército de 70 funcionarios que hoy continúa. Hace tres años la presidenta actual, Susana Díaz, suspendió las subvenciones a la formación que ha recuperado este ejercicio.

Esta tarde Chaves ha marcado distancias respecto a la gestión de su sucesor José Antonio Griñán [2009-2012], antiguo amigo con el que rompió lazos por los ERE fraudulentos. “No me responsabilizo de las decisiones de otro, desde 2009 no las tomé yo”. Cuando un diputado ha recordado a Griñán que su antiguo mentor le había dado “mucho trabajo” porque “todo ocurrió después de 2009”, este ha respondido con ironía: “No sé si se lo agradezco”.

En su comparecencia tras Chaves, Griñán ha retomado la tesis de cuestionar el engaño a la Administración ante la falta de condenas judiciales en firme. “Hay que determinar si hay fraude o no. Y luego quién cometió el fraude, si fue de la Junta o contra la Junta. Lo que hagan los juzgados es una cuestión judicial y no tengo nada que decir”, ha alegado.

Ambos expresidentes han minimizado el escándalo y han insistido en que la responsabilidad recayó sobre los empresarios y la actuación de los funcionarios y altos cargos del Gobierno fue correcta. “No me llegó ningún informe de la Cámara de Cuentas”, ha rebatido Griñán a los diputados del PP, los más críticos con su gestión.

El expresidente andaluz ha recordado que el interventor general de la Junta no detectó menoscabo de fondos públicos en sus informes, y por eso su Gobierno no dio la voz de alarma. Durante tres años, el Ejecutivo de Griñán pospuso la revisión de las facturas presentadas por los empresarios por la falta de funcionarios para cada año analizar el aluvión de papeleo. La oposición política le achaca que esas exceptuaciones —que beneficiaron a unas 3.300 entidades— propiciaron el fraude. Los responsables socialistas alegan que de otro modo dichas subvenciones se habrían perdido y defienden su legalidad.

Ante las acusaciones de que la Administración favoreció a empresarios de la órbita socialista, Griñán ha respondido: "Yo no creo que las subvenciones se hayan concedido por amiguismo, porque todo ha ido por Intervención. Si se demuestran las irregularidades, mi reproche moral es total. Y si es del Partido Socialista, doble reproche moral. Pero yo no puedo prejuzgar a nadie".