31 millones de folios para 10 diputados andaluces

Durante una década (2002-2012) la Junta de Andalucía subvencionó cursos de formación para miles de alumnos. El Ejecutivo distribuyó más de 3.000 millones entre sindicatos y empresarios. Algunos de ellos aprovecharon las grietas del sistema para defraudar ante el escaso control, consecuencia de la escasez de funcionarios. Ahora una comisión de investigación del Parlamento autonómico, al margen de los juzgados, busca depurar las responsabilidades políticas del fraude. Para ello, 10 diputados se enfrentan a un ingente volumen de información: 31 millones de folios repartidos en 18.595 expedientes que ocupan 394 metros cúbicos de papel y pesan 156 toneladas. Los datos de una década de ayudas. Para leer los documentos, los parlamentarios de cinco grupos políticos emplearían un millón de horas, según los cálculos de la Junta, que ha recopilado la información en 41.804 cajas.

Los grupos parlamentarios (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU) han intentado que la Junta seleccionara los expedientes importantes y sobre todo los remitiera digitalizados, pero esta alega que preparar la documentación tendría un costo de 300 personas durante dos meses. El presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), se ha quejado a la Junta por no remitir expedientes digitales “que sean útiles para trabajar”. Sin embargo, el problema clave es que la información sigue sin llegar a solo unos días del inicio de la comisión el próximo viernes 4 de marzo.

El diputado de Podemos Juan Ignacio Yagüe grabó un vídeo el pasado noviembre  para denunciar la escasez de documentos entregados por la Junta para preparar las comparecencias de 69 comparecientes, entre ellos 34 políticos. Yagüe calcula que de momento la Consejería de Economía ha entregado apenas 2.000 de los 18.595 expedientes, ninguno de los que Podemos ha pedido, según critica. El diputado denuncia que aún espera los listados de puestos de trabajo de la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) y los informes previos a las órdenes de exoneración de los consejeros. “No tenemos ni un solo documento de los que hemos pedido y son muy sencillos. Sería escandaloso que la Junta no los diera”, alerta antes de dar su diagnóstico sobre el fraude: “El problema es que se diseñó un sistema que permitió que no hubiera revisión. Y aunque hubo mucha gente honrada, algunos empresarios se metieron en la formación al saber que evitaban los controles por falta de funcionarios”.

Mientras, al PP le ha llegado el 11% de la documentación solicitada pero ninguno de los 25 expedientes clave pedidos, porcentaje que contrasta con el optimismo de Rodrigo Sánchez (PSOE), que destaca cómo la Consejería de Economía ha cumplimentado “la mayoría de nuestras peticiones".

Tras consensuar el listado de comparecientes los grupos cerraron por unanimidad el orden, motivo de graves discrepancias. Los interventores provinciales que han fiscalizado algunos de los cursos abren las sesiones esta semana. Y tras ellos, comparecerán en orden inverso de relevancia otros funcionarios, alumnos, empresarios, sindicalistas, delegados, directores generales y el Tribunal de Cuentas. Como cierre, previsto a mediados de mayo, serán citados la ministra de Empleo, Fátima Báñez, los exconsejeros, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado y la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

La polémica surgió porque después de que la comisión aprobara ese orden, el líder de Ciudadanos Juan Marín –que propició la investidura como presidenta de Díaz- sugirió que Díaz podía ser la primera en comparecer. La oposición (PP, Podemos e IU) salió en tromba e incluso IU amenazó con retirarse de la comisión si la presidenta acudía la primera, antes de que algún técnico o funcionario pudiera responsabilizar del fraude al actual Gobierno. Finalmente, Ciudadanos apoyó respetar el orden previo y la presidenta será la última en comparecer.

El presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), sacó pecho al decir que el órgano “no se deja arrastrar por los intentos de unos y de otros”, y estimó zanjada la polémica. En paralelo, Sánchez (PSOE) alegó que su partido carecía de tiempo “para espectáculos, chantajes y aspavientos”. La oposición se alegró de que se mantuviera el orden “lógico”. Teresa Ruiz-Sillero (PP) lo atribuyó a sus “presiones” y Elena Cortés (IU) agradeció que se impusiera “la racionalidad” para comenzar con los interventores y finalizar con el poder ejecutivo.

La comisión espera concluir sus trabajos antes del verano, pero sus resultados están por ver. El precedente, la comisión de los ERE celebrada en 2012, acabó en fiasco por las batallas políticas. Junto a la cúpula socialista, acudirán un consejero y seis exconsejeros, varios de ellos imputados en el caso ERE.

En paralelo al Parlamento, la Junta lleva a cabo una revisión interna de los expedientes entre 2007 y 2012, y los funcionarios han peinado hasta ahora subvenciones por 700 millones (5.300 expedientes) y considera injustificados los gastos del 10%, por lo que reclama en firme 70 millones a las empresas. Después de tres años sin cursos de formación, el Gobierno de la comunidad con mayor tasa de paro ha reactivado la política de formación y ha destinado 200 millones para el ejercicio de 2016.

Por último, al Parlamento y la Junta se suman una quincena de juzgados que instruyen las pesquisas para determinar los delitos cometidos por ciertos empresarios y si existió negligencia por parte de la Administración al no controlar el flujo de dinero público. Tanto la Guardia Civil como la policía examinan las ayudas y han interrogado a cientos de empresarios y alumnos. De momento no hay condenas.