El fiscal pide 11 años de cárcel para Cotino por la visita del Papa a Valencia
El ministerio público acusa al expresidente de las Cortes valencianas por el contrato de Canal 9 de 7,4 millones
La Fiscalía Anticorrupción solicitó este viernes 11 años de prisión para el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino por “impulsar activamente” y “gestionar de facto” la adjudicación irregular del contrato de las pantallas gigantes y la megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El contrato, realizado por la Radio Televisión Valenciana, se infló hasta los 7,4 millones de euros, una cifra “desorbitada” para la fiscalía. De esta cantidad, 3,38 millones se destinaron presuntamente a comisiones ilegales para el director del ente público, Pedro García Gimeno, y para la cúpula de la trama Gürtel de corrupción.
El 8 y el 9 de julio de 2006 Benedicto XVI viajó a Valencia para presidir el V Encuentro Mundial de las Familias (V EMF). Esa visita papal propició uno de los mayores pelotazos que dio la trama Gürtel, liderada por Francisco Correa. Según la fiscalía, Juan Cotino, entonces conseller de Agricultura en el Gobierno autonómico de Francisco Camps y hombre muy vinculado a la Iglesia, lideraba un autodenominado “grupo de trabajo” que se reunió hasta 16 veces antes de que se constituyera la Fundación V EMF que organizó la visita del papa Ratzinger y que se financiaba con ayudas públicas y también privadas.
Este “grupo de trabajo”, de “naturaleza irregular”, según la fiscalía, se encargó de la infraestructura del encuentro pontificio y, entre otros aspectos, se ocupó de contratar las pantallas gigantes y la megafonía para que los fieles pudieran seguir los actos del Papa.
Para ahorrar a la Fundación V EMF los gastos de este material audiovisual y facilitar que los contratos fueran a la red empresarial de Correa, se decidió que la licitación corriera a cargo del ente público Radio Televisión Valenciana (RTVV). Cotino, Álvaro Pérez El Bigotes, Pablo Crespo, Francisco Correa y Pedro García Gimeno “acordaron y planificaron de común acuerdo” atribuir a RTVV el coste de ese contrato de suministro para “apoderarse directamente de los fondos públicos” de la televisión valenciana a los que su entonces director “tenía más fácil acceso”, explica el escrito.
La adjudicación fue a parar a la constructora leonesa Teconsa, sin experiencia en instalaciones de imagen y sonido, que subcontrató a su vez los trabajos a Orange Market —filial de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana— y a otras sociedades de la trama. El director general de RTVV, Pedro García Gimeno, otorgó el contrato a dedo a Teconsa por 7,4 millones de euros. La constructora subcontrató los trabajos, lo que le estaba prohibido por un coste de 2,99 millones de euros.
La adjudicación de las pantallas se hizo por un precio “desorbitado”, muy superior al de mercado, lo que permitió a los imputados repartirse comisiones por valor total de 3,38 millones de euros. Los beneficiarios de las mordidas fueron Apogee Telecomunicaciones (50.384 euros), Teconsa (200.000), sociedades del grupo Correa (228.454), Pedro García Gimeno (500.000), Francisco Correa (1,49 millones), Pablo Crespo (166.000), Ramón Blanco Balín (249.000) y Álvaro Pérez (500.000 euros). Para que los fondos llegaran desde Teconsa a las empresas de Correa y se distribuyeran las comisiones la trama presentó “facturas falaces” referidas a “servicios inexistentes”, como el personal para la vigilancia de las pantallas y los altavoces gigantes, según el relato del fiscal.
De este “plan para sustraer fondos públicos” Cotino no se benefició más que de un abrigo de la marca Milano valorado en 375 euros, según la investigación. En su escrito de defensa, el ex director general de la Policía con José María Aznar, aseguró que nunca recibió tal prenda.
El ministerio público acusa a Cotino de cuatro delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada, y, además de la pena de 11 años de cárcel, solicita que sea inhabilitado durante 10 años para el ejercicio de la función pública. La pena más alta la reclama contra Pedro García Gimeno, para quien solicita 40 años de prisión.
El fiscal también solicita penas elevadas para los responsables del entramado de empresas de Gürtel, el llamado grupo Correa: Francisco Correa (38 años y 3 meses), Pablo Crespo (37 años y 3 meses), Álvaro Pérez, El Bigotes, (37 años y 3 meses), y José Ramón Blanco Balín (18 años).
El 29 de noviembre de 2013, el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, cerró la RTVV, lastrada por una deuda de 1.200 millones de euros. 1.700 trabajadores se quedaron sin empleo.
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