La última derrota del ‘Padre Coraje’

Las dos últimas décadas de la vida de Francisco Holgado han tenido un único objetivo: pedir justicia para su hijo Juan, asesinado a cuchilladas en una gasolinera de Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1995. El hoy septuagenario se ganó el apodo de Padre Coraje cuando, desesperado ante la falta de pistas, se infiltró en los bajos fondos de Jerez para tratar de descubrir a los asesinos de su hijo. Su peripecia acaba, de momento, con otra derrota: la Audiencia Nacional ha desestimado su petición de indemnización por mal funcionamiento de la Administración y la justicia.

Francisco Holgado, de 72 años, y la madre de Juan, Antonia Castro, pidieron una compensación de 600.000 euros (300.000 cada uno) por los daños sufridos durante estos 21 años. Alegaron que la actuación de la Policía en la investigación de la muerte de su hijo no fue diligente y que no se emplearon todos los medios personales y materiales para esclarecer los hechos, lo que provocó errores y negligencias. Como consecuencia de ello, añadieron, se vieron privados de su derecho a la tutela judicial efectiva y sufrieron daños morales, físicos y psíquicos. Ambos enfermaron y quedaron incapacitados para trabajar. 

La Audiencia Nacional se basa en sendos informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial para desestimar la petición de indemnización por responsabilidad patrimonial. "No existe en el supuesto debatido un daño antijurídico, producido a consecuencia exclusiva de un hecho imputable a la Administración, ni la necesaria relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa y el daño sufrido", asegura la sentencia, a la que tuvo acceso EL PAÍS, dictada hace unos días por la Sección Séptima de la sala de lo contencioso-administrativo.

"Si lo han hecho tan bien, ¿cómo es que aún no se ha solucionado?", se pregunta Francisco Holgado. "Es una injusticia total, después de 20 años de lucha parece que lo quieren archivar y quitárselo de encima", señala en conversación telefónica. Holgado vive de alquiler en un piso de protección oficial en Jerez. Tuvo que vender el suyo hace años para pagar los gastos de su larga campaña para pedir justicia. "Del patrimonio que tenía ya no me queda nada. Durante estos años ha habido que pagar abogado, procurador, desplazamientos... Parece que no lo tienen en cuenta".

El azaroso caso judicial del asesinato de Juan Holgado incluye la celebración de dos juicios en la Audiencia Provincial de Cádiz que acabaron con la absolución de cuatro sospechosos por falta de pruebas sólidas. En el primero el juzgado no aceptó las grabaciones en las que Holgado, caracterizado como Pepe El Gitano, consiguió que uno de los atracadores de la gasolinera confesara supuestamente su participación. El Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio y aceptar las cintas como prueba. Consideró que se había violentado el derecho fundamental a utilizar todas las pruebas pertinentes.

Casi 20 años después del crimen, en noviembre de 2015 y cuando el delito estaba a escasos días de prescribir, la persistencia de Holgado parecía que iba a dar frutos. El análisis del ADN encontrado en un tetrabrick de zumo en la gasolinera permitió identificar a un sospechoso e impulsar la instrucción del caso. Pero el presunto homicida, Agustín M. R-B, con antecentes por robo y trapicheo de drogas, había muerto nueve años antes. El caso sigue sin resolverse.

El Padre Coraje llevaba años pidiendo a la justicia que se analizara el tetrabrick, que uno de los atracadores dejó en el mostrador de la gasolinera y tenía huellas dactilares impregnadas en sangre. Para conseguirlo, en septiembre pasado, a los 71 años, caminó 600 kilómetros hasta Madrid para pedir al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se reabriera la investigación. El ministro anunció que el juzgado instructor iba a reabrir el caso y recabar nuevas pruebas. El análisis del envase de zumo fue una de ellas. 

El abogado de Holgado, José Miguel Ayllón, califica de "muy injusta" la sentencia. "Teníamos muchas esperanzas porque en este caso está clarísima la responsabilidad del Estado. Y no lo decimos nosotros; lo dicen las sentencias penales que señalaron el mal funcionamiento", añade."En los dos juicios los agentes reconocieron que no se examinó el espacio exterior de la gasolinera, que no se acotó un perímetro, que se encontraron pruebas días después y que se permitió limpiar la gasolinera en la mañana siguiente a los hechos", relata.

La sentencia de 1999, la primera, de la Audiencia Provincial de Cádiz hablaba de la "errática instrucción" del caso y mencionaba que "al encargado de la gasolinera no se le toma declaración sino hasta casi siete meses después de acaecidos los hechos".

El Ministerio de la Presidencia desestimó la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración en una resolución de octubre de 2011. Tras el recurso de los padres de Juan Holgado, ahora desestimado también por la Audiencia Nacional, ya solo queda acudir al Tribunal Supremo o al Tribunal de Estrasburgo. "Las víctimas tienen derecho a que se investiguen los crímenes, a que se les haga justicia", asegura Ayllón.