Visto para sentencia el juicio contra Alfonso Alonso y Javier Maroto

El Tribunal de Cuentas ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio contra el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa en el Ayuntamiento de Vitoria en 2007, el contrato de alquiler de unas oficinas a un precio muy superior al del mercado. De hecho, el contrato obligaba al Consistorio a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de 20 años, de un local que el empresario Gonzalo Antón había comprado un año antes por 2,7 millones.

El tribunal ha estado investigando el alquiler de un local de unos 900 metros cuadrados, situado en la calle de San Antonio, para albergar oficinas municipales. Este lunes ha acogido la vista oral, a la que no han asistido ni Alonso —entonces alcalde— ni Maroto —que era concejal de Hacienda—, a quienes habían acusado los grupos municipales del PNV y del PSE, así como la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV).

Como ya adelantó EL PAÍS el pasado 20 de febrero de 2015, el Tribunal de Cuentas impuso una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno —también investigados en esta causa— por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas con este contrato.

Según las acusaciones, en ese arrendamiento podría haber una "responsabilidad contable" por parte del entonces gobierno local, por entender que pactó con el dueño del local una renta superior a la recomendada en un informe redactado por el técnico municipal. El alquiler se estableció en 12.500 euros mensuales más IVA, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros.

En la vista se han escuchado las grabaciones de algunos altos funcionarios del Ayuntamiento que testificaron en la comisión de investigación creada por el Consistorio en 2013, como el que era director de Hacienda en aquella época, Iñaki Díez Unzueta. Unzueta argumentaba que las oficinas de San Antonio eran idóneas para unificar el servicio de atención al ciudadano y la Oficina Municipal de Turismo, ya que el local donde se ubicaba esta última había finalizado el contrato de alquiler. Sin embargo, los abogados que ejercen la acusación en nombre del Ayuntamiento y del PNV y el PSE se han amparado en los dos años largos de obras en esas oficinas para negar la urgencia.

La defensa de los demandados, en cambio, ha insistido en que no hubo ni infracción presupuestaria ni negligencia. También ha subrayado que se firmó un contrato privado de arrendamiento y ha incidido en que se acordó un precio acorde al mercado. La defensa ha indicado que el caso podría estar prescrito porque han transcurrido casi 10 años desde que se formalizó el contrato.

El Tribunal de Cuentas celebró el 15 de febrero una audiencia previa en la que el Ministerio Fiscal anunció que no iba a formular demanda en este procedimiento al no apreciar responsabilidad contable, a pesar de que inicialmente estimó que el daño al erario municipal rondó el medio millón de euros.