Apartan al cobrador de la “propinilla” ilegal de Cartagena

Joaquín Peña, jefe de administración de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena), no podrá seguir cobrando la "propinilla", que es lo que presuntamente hizo durante cincos años al exigir comisiones ilegales a los proveedores de esta planta para producir agua que ha costado ya 90 millones de euros de dinero público. La filial de ACS Tedagua, que es la firma encargada del mantenimiento de la instalación, ha apartado a este encargado de la plantilla tras visionar el vídeo que este jueves publicó EL PAÍS.

Las imágenes mostraban a Peña en 2012 contando 4.500 euros en la garita de vigilancia de la desalinizadora. La presunta mordida tenía por objeto agilizar el cobro de los trabajos de pintura desarrollados por el proveedor Jesús G. F. en este centro que simbolizó uno de los proyectos estrella del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel (PP).

Los servicios jurídicos de Tedagua analizan desde ayer las imágenes para "actuar con contundencia". La firma decidirá la próxima semana el futuro laboral de Peña. "No podemos tolerar este tipo de comportamientos", explica un portavoz del grupo que preside Florentino Pérez, que reúne 1.400 empresas con 200.000 trabajadores. Tedagua ya despidió hace dos años a los jefes de planta y de mantenimiento de esta instalación por hechos similares.

"No podemos tolerar estos comportamientos", dice un portavoz de ACS

La escena de la discordia se desarrolló en 2012. El proveedor Jesús G. F. abonó entonces "la propinilla" a Peña tras descubrir que todavía no había cobrado porque "Madrid", donde se encuentra la sede central de Tedagua, no había autorizado el abono. "¡Es el impuesto revolucionario por trabajar aquí!", ironiza el donante. La becaria del departamento de administración Sandra R. y un guardia de seguridad asisten a la escena, según el vídeo, que forma parte de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El pagador de la "propinilla" asegura que desembolsó 20.000 euros en comisiones ilegales durante cinco años a un responsable de Tedagua. La mordida se sustanció también en cestas navideñas, jamones, invitaciones a restaurantes y ordenadores portátiles, según el denunciante.

La desalinizadora de Escombreras es una factoría construida por una filial de ACS. La firma mantiene un contrato de arrendamiento con el Gobierno de Murcia. El centro fue concebido para producir agua para el regadío, el abastecimiento humano, el mantenimiento de campos de golf y el uso industrial. La Región de Murcia ha desembolsado hasta 2013 un total de 90 millones de euros. Y ha asumido compromisos financieros con la empresa que desarrolló la infraestructura por valor de 446, según el Tribunal de Cuentas. La iniciativa concebida por Valcárcel costará a las arcas públicas 600 millones de euros, según el PSOE.

La planta está siendo investigada por dos juzgados de Murcia, la Asamblea regional y el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Anticorrupción tiene diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón por los presuntos delitos de malversación, falsedad documental y fraude en las subvenciones.