Para derogar la LOMCE

En gran medida, la LOMCE retrotrae al sistema educativo español a 1970, a los debates que superó la ley de Villar Palasí. Aquel intento reformador en pleno franquismo no terminó de calar en una parte de la derecha que ahora, como entonces, sigue empeñada en sacar a España de las líneas maestras que presiden la política educativa europea.

Para reconducir el desaguisado normativo en que nos ha metido el Gobierno de Rajoy se precisa, antes que nada, la convicción de un acuerdo político que no solo permita estabilidad del sistema, sino que sea el resorte desde el que se impulsen las reformas que tengan por objetivo el binomio de equidad y calidad que dan como resultado la excelencia.

Tal y como está articulada la LOMCE, su mera derogación nos deja en el vacío normativo. La incorporación del calendario de implantación en la propia ley orgánica forma parte de una estrategia para evitar que fuera paralizada como ocurrió con la LOCE. Esta forma de actuar pone de manifiesto que al PP le pudo más el oportunismo que la buena praxis jurídica. Todos deseamos acabar con la LOMCE cuanto antes, pero debemos recordar que una vez derogada no quedaría norma que pueda aplicarse mientras no se apruebe un nuevo marco legal. En ningún caso volvería a estar en vigor la ley anterior.

Todas estas razones justifican la necesidad de proceder a la previa paralización del calendario de implantación de la ley de Wert como primer e imprescindible paso para la derogación. Solo así se podría suplir el vacío normativo con las leyes precedentes, aunque se tengan que sortear múltiples problemas de encaje. Es necesario derogar la LOMCE pero de forma que no quede en el limbo jurídico el sistema educativo, sino que al tiempo que se construye desde el acuerdo una nueva ley, se eliminen paralelamente algunas de las más nocivas e inmediatas consecuencias de aquella. Un mero repaso de algunos ejemplos de lo que se nos viene encima en los próximos meses, hace aconsejable la propuesta de paralización que el PSOE ha llevado al Congreso de Diputados esta semana.

Vuelta a las reválidas

Por cercanía en el tiempo, la vuelta a las reválidas, eliminadas por la ley de 1970, y que se pretenden llevar a cabo en fechas próximas. Siguiendo el calendario ministerial queda apenas un mes para efectuarlas, pese al rechazo de la inmensa mayoría de la comunidad educativa. Todavía está por ver cómo cumple con ello el Ministerio de Educación en su propio territorio de gestión. Pero, ante el previsible funambulismo ministerial y el nulo rigor de su preparación en casi todas partes sería aconsejable paralizarla.

Se prepara ya el próximo curso académico y es preciso adoptar decisiones con urgencia que, en algún caso, serán muy difíciles de revertir para algunas generaciones de estudiantes. Ocurre con los que van a cursar cuarto de la ESO. Se tendrán que enfrentar a una temprana elección que condicionará el resto de su vida académica. Convendría aquí también adoptar una moratoria. Sucede lo mismo con las débiles bases y las incertidumbres producidas por las normas que regulan el acceso a los distintos ciclos de FP. Incluyen parámetros poco definidos, injustos y que vuelven a meter a la Formación Profesional en la segunda división, cuando es vez más necesaria su puesta en valor académico, profesional y en la estima social.

Fruto también de la improvisación y de las prisas impuestas por los calendarios ministeriales encontramos lo que va a ocurrir con el alumnado que tenga que repetir segundo de bachillerato el próximo curso. Ahora ha venido a darse cuenta el Ministerio de que hay que darles cauce y acaba de prorrogar la vigencia del anterior currículum previo a la LOMCE. Pero, ¿quién asumirá el coste económico de esos cursos que hay que organizar en muchos centros? Supongo que Educación pretenderá que sean las comunidades autónomas, trasladándoles un nuevo sobrecoste este mismo año. Desde luego no estarán encantadas con esta nueva factura que añadirá Montoro a sus arcas.

No son estos los únicos problemas inmediatos. Ahí están también las nuevas reválidas para el final de bachillerato y las nuevas formas de acceso a la Universidad, cuyos rectores por cierto también vienen clamando al Ministerio por una moratoria. En todo caso, es conveniente parar este dislate y trabajar de otra manera. Con firmeza para lograr acuerdos básicos. Con la convicción de que la educación es un asunto que requiere la participación activa del conjunto de ella sociedad y con el rigor que exige el esfuerzo para hacer posible que equidad y excelencia no sean términos antagónicos. La educación ha sufrido en estos cuatro años del Gobierno de Rajoy fuertes varapalos y retrocesos. El actual Ministerio mantiene intactos los propósitos de Wert y la nula disposición para dialogar en serio con la comunidad educativa. La propuesta que presenta el PSOE esta semana al Congreso persigue un cambio de rumbo hacia cimientos más firmes y modernos para la educación en España.

José Miguel Pérez García es secretario de Educación de la CEF del PSOE.