Despedida por coger cuatro lonchas de queso y dos panes para sus hijas

Yurena, de 34 años, fue durante seis años auxiliar de camarera del centro municipal de acogida para personas sin hogar de Santa Cruz de Tenerife. Hasta que este miércoles, 30 de marzo, la citaron para entregarle una carta de despido disciplinario por "falta muy grave, pérdida absoluta de confianza, fraude y deslealtad". Veinte días antes, la mujer se había llevado del albergue cuatro lonchas de queso y dos panes para dar de cenar a sus dos hijas, de 8 y 11 años.

La carta de despido de Serunion, la empresa concesionaria del servicio de comidas del albergue desde hace un mes y medio, relata los hechos que justifican la implacable medida con el pormenor argumental de una sentencia judicial: "Ud., el pasado 11 de marzo a las 21 horas, cogió 150 gramos de queso gouda de la cámara de refrigeración y tres panes de 60 gramos del almacén". Sigue: "Lo metió en una bolsa de plástico que llevaba en su poder, introduciendo la misma en su bolso, saliendo a continuación del centro de trabajo con los productos que acababa de coger".

También aporta los detalles de cómo se dieron cuenta de todo: "Estos hechos fueron presenciados por una compañera suya", quien luego se lo contó al superior de ambas.

Yurena, que prefiere ocultar su apellido, manifiesta que solo uno o dos días después de haberse llevado la comida ("fueron dos panes y no tres como dice la empresa", matiza) reconoció los hechos ante el encargado del centro y recuerda que este le dijo que el asunto iba a quedar "entre ellos". El hombre le pidió que, si en alguna otra ocasión volvía a faltarle comida para las niñas, que se lo dijera para prepararles allí mismo un par de bocadillos "sin que nadie se enterase". Pero dos semanas después la echaron. "Lo habían premeditado todo. ¿Por qué no me sancionaron en vez de despedirme?", se pregunta.

La situación económica y personal de esta mujer no es muy diferente de las de los propios usuarios del albergue en el que trabajaba. Estaba contratada a tiempo parcial con un sueldo de 400 euros mensuales, que debía completar con la comida que le daban algunas ONG y familiares. Separada y víctima en el pasado de violencia de género, hace unas semanas se vio obligada a okupar una vivienda en el barrio de García Escámez de Santa Cruz a raíz de la decisión del Ayuntamiento de desmontar el asentamiento de chabolas en el que vivía con sus hijas. Lleva siete años a la espera de que se le conceda una vivienda pública.

En un comunicado hecho público el jueves, la empresa ahonda en las razones que la llevaron a tomar su decisión. La compañía explica que la trabajadora había realizado "acciones similares" con anterioridad y que había sido sancionada por "hurtos" por la empresa que gestionaba el centro previamente. La mujer niega esas acusaciones y señala que nunca, durante los seis años que llevaba desempeñando su puesto, se le sancionó "ni por hurto ni por ningún otro motivo".

El Ayuntamiento de Santa Cruz la ha citado para este viernes con la finalidad de tramitarle las ayudas sociales que le puedan corresponder, que ella reconoce no haber pedido antes por vergüenza. El caso ha provocado también la reacción del alcalde, José Manuel Bermúdez, quien ha solicitado la readmisión de la empleada si la única causa por la que se la ha despedido es la de haberse llevado el queso y los panes. Aunque ella asegura que no volverá a un sitio en el que la han llamado "ladrona" y ha decidido demandar a la empresa por despido improcedente y por falso testimonio.