La reforma local, la primera ley del PP repudiada en el Congreso

La soledad del Partido Popular y su incapacidad para alcanzar acuerdos con el resto de fuerzas políticas ha quedado patente en el rechazo de todas las formaciones, salvo UPN, aliada de los populares, a la reforma local. El PSOE ha obtenido el respaldo de la mayoría de partidos a la proposición no de ley (PNL) que ha presentado este miércoles en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas en la que aboga por la derogación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. En privado, alcaldes y presidentes autonómicos del PP comparten los argumentos de Ferraz frente a los de Génova. E incluso aprueban que el PSOE presentase un recurso de inconstitucionalidad contra la legislación.

Aunque el resultado de la votación no es vinculante y, por tanto, no obliga a su cumplimiento, sí adquiere una trascendencia simbólica, pues supone un revés político a algunas de las leyes más controvertidas que el actual Gobierno en funciones tomó la legislatura pasada. El PSOE y Podemos pretenden derogar otras leyes polémicas de la legislatura pasada, como la ley de educación (Lomce), la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, la prisión permanente revisable o la reforma laboral. "Toda la gestión municipal, de facto, desaparece. Esta ley priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como de otras competencias como sanidad, consumo, igualdad o políticas activas de empleo", asevera Adriana Lastra, portavoz en la comisión y secretaria federal de Política Municipal del PSOE.

José Antonio Nieto, portavoz del PP, ha calificado de "tópicos" los argumentos de la oposición. Sin embargo, la semana pasada el Constitucional estimó parcialmente el recurso del Parlamento de Extremadura contra la reforma local, contra la que también recurrieron más de 3.000 ayuntamientos, y gobiernos autonómicos como el de Andalucía, Cataluña y Canarias. La justicia, de hecho, anula los puntos que impedían a los ayuntamientos asumir competencias en sanidad y servicios sociales.

El Ejecutivo de Rajoy aprobó en 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que restringía al mínimo las competencias de los municipios. Por ejemplo, les prohibía realizar servicios que en algunos casos llevaban años ofreciendo a los ciudadanos. Dentro del "reordenamiento de funciones", según lo definió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la legislación obligaba a las comunidades autónomas a asumir la financiación de todas aquellas funciones que hasta entonces prestaban indebidamente los Ayuntamientos. Por poner un ejemplo, la Comunidad de Madrid estimó en unos mil millones de euros el coste adicional que le supondría el nuevo reparto de competencias. La conclusión es que, bajo esas nuevas condiciones, el mantenimiento público era inviable.

Lastra no se ha andado con rodeos: "El objetivo de esta ley no era otro que traspasar servicios locales a manos privadas". Josep Vendrell, portavoz de En Comú Podem, se ha pronunciado prácticamente igual. La visión de la portavoz socialista coincide además con la de alcaldes del PP que también tienen un escaño en el Congreso. Para garantizar los recursos a los municipios, el PSOE propone impulsar, "desde el consenso", una nueva Ley de Haciendas Locales "que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales", de forma coordinada con la de la financiación autonómica y definiendo "con claridad" la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y en los de las comunidades autónomas.

Los socialistas consideran que la normativa vigente consagra "una visión exclusivamente economicista" de las funciones del Estado y de las entidades locales, "al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas en vez de situar la atención en los ciudadanos y la calidad en la prestación de servicios". Paradójicamente, el conjunto de los Ayuntamientos se mantiene sin déficit público en 2015. Las previsiones hasta 2019 se sitúan en el 0,0%.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Vicente Ten, ha defendido el acuerdo de su partido con el PSOE, en el que ya se prevé la derogación de la reforma local. El portavoz de Democràcia i Llibertat, Ferrán Be, ha recordado que la ley fue recurrida el 90% de municipios catalanes.