Un juez investiga el posible robo de arena en Tarifa para Gibraltar

Un juez investiga un posible robo o venta ilegal de arena extraída de la duna de Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz), toneladas de tierra que Gibraltar utilizó para regenerar sus costas durante 2012 y 2013. El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Algeciras, analiza delitos de hurto, apropiación indebida y falsedad documental y ha requerido al Ayuntamiento gaditano para que le informe sobre los contratos del Consistorio con empresas que posteriormente vendieron parte de esa arena a Gibraltar, según los indicios recabados. La sorpresa es que el expediente municipal con toda la información ha desaparecido y la última persona que accedió a él fue el exalcalde Juan Andrés Gil (PP), según el actual regidor, Francisco Ruiz (PSOE).

El Ayuntamiento desconoce qué empresas retiraron la arena, en qué cantidades, los pagos que se hicieron, y si el destino final de las toneladas de tierra fue el Peñón. "Toda la historia es un poco rara, se entrecruzó Gibraltar, y permanecen muchas incógnitas. Existía un decreto para que Transportes Gades retirara arena, pero los técnicos dicen que no se fiscalizó la retirada", admite Ruiz (PSOE). Existe un segundo decreto que afecta a la firma Carmin, que reclamó el pago por haber retirado tierra pero no hay rastro del abono. Es decir, el Consistorio ignora los detalles exactos de la operación y ahora el juez debe decidir los próximos pasos para averiguarlos. Este diario ha intentado sin éxito recabar la opinión de Gil al respecto.

La organización Verdemar-Ecologistas en Acción denunció al Ayuntamiento de Tarifa -hasta el pasado noviembre gobernado por el PP-  ante la Fiscalía General del Estado por delito ecológico y hurto agravado de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros, que habría acabado vendiéndose a empresas que gestionan campos de golf y polo de la provincia gaditana, así como a empresas de Gibraltar para su uso en la regeneración de playas, informa Europa Press. A los ecologistas se sumó la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, que añadió fraude fiscal y falsedad a la acusación. "Los áridos pertenecen a Minas, del Ministerio de Industria, lo que ocurre es que no tiene policía adscrita. Sin su consentimiento no se puede mover un grano", subraya su portavoz, Carmen del Amo.

La fiscalía archivó el delito ecológico pero vio indicios por hurto o apropiación indebida y de falsedad documental, al haberse acreditado indiciariamente la venta de la arena extraída, pudiendo haberse falseado la documentación y procedencia de dicha arena. Estas pesquisas son las que maneja ahora el juez de Algeciras.

Mientras, el Gobierno de Gibraltar aseguró que había adoptado todas las medidas posibles para asegurarse de que la arena suministrada a la colonia "se extrajera legalmente", por lo que indicaba que cualquier sugerencia de ilegalidad debía dirigirse a las autoridades pertinentes en España, "en concreto Tarifa". La colonia detalló que como parte de un proyecto inicial de regeneración de la playa de Sandy Bay, el Gobierno del Peñón firmó un contrato con una empresa gibraltareña para el suministro y colocación de 10.000 toneladas de arena en la playa. Dicha empresa debía suministrar la arena de la zona de Valdevaqueros, pero de la que volaba y cubría las carreteras adyacentes, no de la playa.

La Roca aseveró que la compañía gibraltareña "presentó pruebas de los permisos necesarios expedidos por el Ayuntamiento de Tarifa a su proveedor local para la extracción de esta arena". No obstante, debido a las "numerosas dificultades puestas por las autoridades españolas" a su proveedor local, el suministro se interrumpió a principios de junio de ese año, ascendiendo la cantidad entregada hasta entonces a 2.950 toneladas. En consecuencia, según afirmó el Peñón, la empresa gibraltareña habría contratado a un proveedor diferente, concretamente a una compañía española de construcción civil, para la provisión de 7.000 toneladas de arena procedentes de una cantera de arena situada en la provincia gaditana.