Paco & Rita y la `conspiración´

El Gobierno del Partido Popular ha reaccionado. Sí. El tsunami de noticias judiciales sobre casos de corrupción ha llevado al partido y al gobierno a diseñar una línea de demarcación defensiva: Valencia. 

Todo comenzó el lunes 22. El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, sale al ruedo a propósito de una información de la Cadena Ser, según la cual "fuentes de la investigación" señalan que "declaraciones de testigos que permanecen bajo secreto de sumario y las grabaciones del arrepentido Marcos Benavent avalan sus sospechas en este sentido. Aseveran que Francisco Camps operaba como "recaudador" de dinero negro en el PP valenciano, obtenido mediante el pago de mordidas por parte de empresarios que resultaban adjudicatarios de los concursos públicos amañados en distintas consejerías de la Generalitat valenciana en el periodo 2003-2011".

Es la investigación llamada Operación Taula.

El periodista Miguel Ángel Campos señala en su crónica, fechada a las ocho de la mañana del lunes 22, que la cadena se ha puesto en contacto con el expresidente Camps, quien "desmiente de forma categórica la información que califica de absurda" ya que "nunca ha recaudado ni organizado nada ilegal".

El mismo día lunes, la Guardia Civil detiene al exalcalde Alfonso Grau, diligencia al margen de la Operación Taula, relacionada con un presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos que lleva el juzgado de instrucción número 19. 

Camps convoca a la prensa el mismo lunes en el hotel Valencia. Niega la financiación ilegal y haber sido recaudador. Dedica gran parte de su intervención a defender a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá, a Alfonso Rus y a Grau, al tiempo que ataca a las demás fuerzas políticas. Señala que se siente indefenso ante las investigaciones que se "filtran" de la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y señala con el dedo su objetivo:

 -Me veo obligado a pedir al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, que investigue quién ha roto el secreto de sumario y que en 24 horas desvele qué agente ha sido la fuente del periodista, que me diga qué agente me acusa de estar en el eje de la trama de blanqueo y por qué.

Camps es hábil. Porque la información aludida no menciona a dichas fuentes. No se habla ni de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a cargo de las indagaciones, ni de la Fiscalía Anticorrupción. Miembros de ambas instituciones actúan junto al titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez. Camps pondrá también una denuncia judicial sobre estas informaciones.

Al día siguiente, martes 23, trasciende que el juez Gómez ha solicitado al Senado que certifique sobre la condición de aforada de Rita Barberá. El paso confirma las informaciones que circulan desde hace días sobre una exposición razonada que está elaborando el juez Gómez dirigida al Tribunal Supremo para que se haga cargo de la instrucción de los presuntos delitos que pudiesen afectar a la exalcaldesa y actual senadora. En el Senado, el vicepresidente primero de la mesa del Senado, Pedro Sanz, ex presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, aclara que corresponde al Supremo responder al juez Gómez.

Pero este mismo día 23 tienen lugar dos acontecimientos que enlazan con la comparecencia de Camps. El primero es la irrupción en el asunto del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, quien aprovecha la detención de Grau para ir más lejos:

-No somos el único partido con casos de corrupción y lo que es llamativo es que los únicos casos que salgan en estos momentos tan sensibles son los que afectan al PP. [es decir: cuando hay negociaciones para formar Gobierno].

El hombre de quien depende orgánicamente la Guardia Civil refuerza así el mensaje lanzado por Camps en su rueda de prensa acerca de las filtraciones. El ministro tiene que saber que la Operación Taula estaba lista antes del 20 de diciembre de 2015, pero ha sido pospuesta precisamente por las elecciones. ¿Qué quiere ahora? ¿Que las diligencias pendientes se aplacen hasta después de la investidura? 

El otro hecho que ocurre este martes, día 23, es una conversación entre el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y la senadora Rita Barberá.

La senadora se queja de que muchos dirigentes del PP están contribuyendo con sus comentarios sobre ella a que la bola de nieve aumente. Aunque no les menciona por su nombre, según fuentes consultadas, se refiere Pablo Casado, Andrea Levy, Esperanza Aguirre, Fernando Martínez Maíllo, Alberto Fabra, Rafael Hernando, Alfonso Alonso...

Rajoy, según esta versión, pide a Rita que comparezca ante los medios de comunicación y diga lo que le está diciendo a él por teléfono. Que es inocente. Es la manera de satisfacer las exigencias dentro del PP. Rita se compromete a ello.

El miércoles 24, Rajoy explica a la periodista Susanna Griso, en una entrevista al programa Espejo Público, Antena 3, que ha hablado con Rita.

-He hablado con ella y dice que es inocente...Vamos a esperar acontecimientos. Es muy difícil tomar decisiones sobre personas cuando el sumario es secreto.

"Vamos a esperar acontecimientos".

El mismo miércoles, las cuatro asociaciones de jueces se pronuncian sobre las palabras de Fernández Díaz. La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente aluden en un comunicado conjunto a las "veladas insinuaciones sin fundamento dirigidas a confundir a la opinión publica y crear un estado de alarma y desconfianza hacia las instituciones y tribunales". Aunque omiten nombrar al ministro, califican sus afirmaciones como un "intento de lesionar la independencia judicial".

También el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) se pronuncia contra las declaraciones del ministro. Señala que resulta "vergonzoso que el ministro del Interior, en vez de defender sus actuaciones, ponga en tela de juicio la imparcialidad de estos profesionales del servicio público. Lo que no puede quedar duda es que tanto investigadores, como jueces y fiscales no hacen más que cumplir con su obligación".

La Unión Progresista de Fiscales señala: "Hay que ser muy manipulador para decir que hay jueces que supeditan sus decisiones a un determinado momento político".

Quien no se pronuncia es el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ni se cursa una petición a la Comisión Permanente para examinar las palabras del ministro, cuenta habida de que no es el primer conflicto provocado por sus manifestaciones.

En diciembre de 2014, trece magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo firmaron una petición al presidente, Manuel Marchena, para que diera cuenta al Gobierno de Rajoy sobre el malestar generado por una declaración de Fernández Díaz en las que calificaba como lamentables las excarcelaciones de miembros de ETA que habían cumplido condena de conformidad con el llamado "acuerdo marco europeo", que autoriza acumular en España las penas cumplidas en otros países.

Ningún juez ha solicitado amparo al CGPJ a raíz de las palabras del ministro. Pero según fuentes judiciales es lógico que sea así.

"Nadie va a picar. Si pides amparo alguien puede retorcer la situación, apuntar que el ministro no se ha referido a nadie y que si te das por aludido por algo será, y concluir por esta vía que no eres imparcial", apuntó una fuente consultada.

Y ya estamos en jueves y llegan los acontecimientos esperados por Rajoy.

Rita Barberá convoca rueda de prensa. Como ya ha pasado con Camps, la senadora cree que un ataque, muy tardío pero ataque al fin, es la mejor defensa. Niega todas las acusaciones de financiación ilegal. Y ataca a todos los partidos políticos por tener casos de corrupción. Se refiere a aquellos que dentro de su partido la han urgido a adoptar alguna decisión sobre su futuro, a quienes pide "templanza y sosiego"

Esta tarde del 24 de febrero, falta un eslabón en la cadena de defensa que le han diseñado a Rajoy. La Fiscalía Provincial de Valencia difunde un comunicado en relación con una información del diario El Mundo del día 11 de febrero según la cual la Fiscalía Anticorrupción veía "indicios para presentar una querella contra la senadora en el caso Ritaleaks, 400 facturas de gastos sin justificar en la Alcaldía de Valencia".

Trece días más tarde, pues, la Fiscalía Provincial se refiere al caso Ritaleaks, ya que "estima procedente aclarar ciertos puntos". El comunicado precisa que "el procedimiento en cuestión se encuentra en fase de Diligencias de Investigación Penal (DIP) de esta Fiscalía Provincial, pendiente de la práctica de diligencias acordadas. Será al término de [las mismas] cuando, como es procedente, se tome la decisión oportuna".

Y en respuesta a las afirmaciones sobre filtraciones: "Es incierto que se haya hecho afirmación alguna por parte de esta Fiscalía acerca de que se vaya a presentar querella contra Rita Barberá por las razones anteriormente expuestas".

Fuentes consultadas señalan que Camps, Rita, Fernández Díaz y Rajoy ganan con este muro algo de tiempo. Solo eso.

Han conseguido tres cosas en "momentos sensibles", parafraseando a Fernández Díaz. La primera es cerrar filas en el PP. Rita por fin "ha dado la cara". Segunda, en la Guardia Civil se ha advertido internamente una sensación de control y contención más fuerte. Eso que Rita decía en un mensaje telefónico (¨Cuidado con lo que decís¨), dirigido al móvil de la presidenta del PP en la región, Isabel Bonig, parece que se aplica también a los investigadores. Y tercero, la Fiscalía ha aportado su granito de arena a los que protestan por indefensión: el inusual y breve comunicado de la tarde del jueves 24.

Esta estrategia puede desviar el foco de atención sobre Valencia durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. Y se basa, además, en el hecho de que de ahora en adelante la diligencia más relevante que tiene el juez Gómez, con el respaldo de los fiscales y el equipo de la UCO, es la elaboración de la exposición razonada al Tribunal Supremo para que se haga cargo de la instrucción de la causa contra Barberá.

Una vez que se eleve la exposición, la Sala de Admisión, que preside el presidente de la Sala Segunda, Marchena, pasará a informe del fiscal del Supremo la petición. Solo más tarde, a la vista de dicho informe, se resolverá, si cabe, designar instructor y formar sala de magistrados, iniciándose las diligencias. Una de ellas podría ser ofrecer, antes de solicitar el suplicatorio al Senado, que Barberá declare voluntariamente (artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Largo, pues, me lo fiáis.