Investidura fallida
La autora asegura que la undécima semana tras las elecciones comienza con la certeza de que socialistas y riveristas consumarán la primera investidura fallida de la democracia
Esta mañana habrán transcurrido exactamente 71 días desde que los españoles se pronunciaron en las urnas el pasado 20 de diciembre. Los resultados son de sobra conocidos y su lectura tampoco ha ofrecido ninguna duda desde el primer momento. El mismo 21 de diciembre, en su discurso ante el comité ejecutivo del Partido Popular, Mariano Rajoy ya expuso de forma clara que la gobernabilidad del país pasa inexorablemente por una gran coalición entre el PP, el PSOE y Ciudadanos que él mismo presidiría como candidato más votado o por un acuerdo entre los socialistas y Podemos con el apoyo de los independentistas.
Tras las vicisitudes de todos sabidas, Pedro Sánchez se creó su propia realidad llevándole la contraria a la testaruda lógica de los números y la semana pasada puso en escena junto a Albert Rivera un pacto fallido que tan solo alcanza 130 votos, lejos de los 176 que suponen la mayoría absoluta del Congreso. Así las cosas, la undécima semana tras las elecciones comienza con la certeza de que socialistas y riveristas consumarán la primera investidura fallida de la democracia. Esto es, que este lunes, 11 semanas después, volveremos al punto de partida, al 21 de diciembre.
No puedo negar que en todo este tiempo han sucedido muchas cosas que nunca hubiéramos imaginado. Innumerables peripecias con el Congreso como escenario de una nueva etapa política marcada tanto por la sobreactuación como por la sequía de resultados. Pocas veces tantas reuniones seguidas de otras tantas ruedas de prensa fueron tan estériles.
Esta sucesión de dimes y diretes más propios de una comedia de enredo podrían interpretarse de una forma jocosa si no fuese porque lo que está en juego es el futuro de los españoles, la estabilidad política, la continuidad de la recuperación económica, es decir, la creación de cientos de miles de puestos de trabajo.
A pesar del sonoro fracaso que significará el rechazo a su investidura, las últimas manifestaciones de Pedro Sánchez me llevan a pensar que sus cálculos de futuro pasan por una extraña suerte de combinaciones entre las cuales no encaja en ningún caso la gran coalición de los dos partidos más votados que rige hasta en 13 países europeos.
Y, sin embargo, como millones de españoles, sigo creyendo que existen varias razones que hacen pensar que ese gran acuerdo de país todavía es posible. Lo es, en primer lugar, porque somos una amplia mayoría los que sabemos que España no puede internarse en el ignoto sendero de un multipartito inspirado por la fallida revolución bolivariana. Es posible porque millones de ciudadanos no nos perdonarían un solo paso atrás en la senda de la recuperación del empleo que tanto esfuerzo y sacrificios ha costado emprender. El pacto en el bloque constitucionalista sigue siendo deseable porque nadie entendería que el mandato de diálogo y consenso se diluyera en un egoísta juego de las sillas en torno a la mesa del Consejo de Ministros. La gran coalición sigue siendo el objetivo deseable porque demostraría que los líderes políticos de nuestro país son capaces de elevarse muy por encima de sus intereses partidarios para tejer en torno a los objetivos compartidos por la mayoría las políticas más consensuadas que se han realizado en España desde los Pactos de la Moncloa.
A pesar de todo lo que los populares hemos tenido que escuchar en las últimas semanas de quienes entienden la política como una cacería mediática y hacen del revanchismo ideológico su principal objetivo, el presidente Rajoy y el PP siguen dispuestos al diálogo, al pacto, a buscar el interés general de los españoles, a sumar propuestas y obtener consensos, a lograr el gran acuerdo común por el futuro de España. Lejos de ser el atolladero que muchos han querido ver en el resultado de estos comicios, el 20-D representa una ocasión única para forjar un verdadero pacto histórico en nuestro país. Aprovechémoslo.
Ana Pastor es ministra de Fomento del Gobierno en funciones.
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