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La factura del fiasco del almacén de gas Castor roza ya los 1.700 millones

Industria reconoce otros 295 millones de euros más a los promotores del fallido silo

Protesta en Alcanar (Montsià, Cataluña) por la indemnización del caso Castor.
Protesta en Alcanar (Montsià, Cataluña) por la indemnización del caso Castor. Josep Lluis Sellart

La factura del fiasco del almacén de gas Castor, que permanece paralizado después de causar medio millar de pequeños seísmos, ronda ya los 1.700 millones de euros, el cálculo que hace más de dos años ofreció el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria. A los 1.350 millones que el Gobierno ya pagó a los promotores como "valor neto de la inversión" cuando se decidió la hibernación del almacén por los terremotos desencadenados, el departamento de Soria ha añadido otros 295,6 millones, según ha adelantado este jueves elconfidencial.com y han confirmado a EL PAÍS fuentes de la empresa promotora del almacén. Esa cantidad se corresponde a los "derechos retributivos" por los dos años y tres meses en los que este almacén estuvo operando, aunque fuese en fase de pruebas.

Que la promotora Escal UGS (de la que ACS posee el 66,7% y la canadiense Dundee Energy el 33% restante) tenía derecho a cobrar esta nueva cantidad por la fase de pruebas estaba establecido en el real decreto de 2014 en el que se fijaban los 1.350 millones de indemnización por la inversión realizada. Pero hasta ahora se desconocía que el ministerio había reconocido ya esos 295,6 millones, que los promotores cobrarán a lo largo de este año. 

A esta cantidad se suman otros 4,5 millones que Escal percibió por los dos meses que pasaron desde que se decretó la hibernación de esta instalación y Enagas se tuvo que hacer cargo del almacén. En total, el fiasco de Castor ya acumula 1.649,95 millones que los consumidores pagarán en las próximas tres décadas a través del recibo del gas.

"Escandaloso"

Facua ha considerado este jueves "escandaloso" que el Ministerio de Industria "haya ocultado el reconocimiento" de estos casi 295 millones de euros. Esta organización de consumidores "ve extraordinariamente grave que la decisión fuese adoptada en secreto el 17 de noviembre, a un mes de las elecciones generales, con el claro objetivo de que no influyera en los resultados".

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