Detenido Alfonso Grau, exvicealcalde del PP de Valencia

La Guardia Civil ha detenido este lunes a Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia con el PP, y a un empresario por un supuesto delito de cohecho. Grau, para el que el juzgado no ha expedido orden de detención, ha sido arrestado en torno a las nueve de la mañana en el municipio valenciano de Mislata y ha quedado en libertad pasadas las 15.30. Por este mismo caso, los investigadores han registrado la sede de la empresa Viajes Transvía, encargada de la gestión del bus turístico de Valencia, y han detenido a un empresario que también ha sido puesto en libertad horas después. Grau se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, según fuentes cercanas al caso.

La investigación nació a finales de 2015. La juez Ana Canto Ceballos, titular del juzgado de instrucción 19 de Valencia, recibió una denuncia de la Fiscalía por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato del Ayuntamiento de Valencia. La imputación de Grau por cohecho está relacionada con la recepción de un supuesto regalo o dádiva, y la del empresario, con el supuesto pago para conseguir un trato de favor.

La causa está en manos del juzgado de instrucción número 19 de Valencia que ha declarado secretas las actuaciones. Las diligencias no tienen que ver con la Operación Taula, como en principio se informó, aunque podrían terminar uniéndose, según otras fuentes.

El exvicealcalde fue durante años la mano derecha de la anterior alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y en estos días está siendo juzgado también por su implicación en el caso Nóos, lo que precipitó su salida del Consistorio de Valencia a mediados de marzo de 2015, a pocas semanas de la celebración de elecciones municipales.

"Que cada cual aguante su cruz", dijo a comienzos de este mes al conocerse la imputación de nueve de los 10 concejales que componen el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia por un supuesto delito de blanqueo en la Operación Taula. Con esas declaraciones Grau trataba de distanciarse de Rita Barberá, sobre la que sugirió que podría estar al tanto de todo lo que pasaba en el Ayuntamiento. Los investigadores consideran que la exalcaldesa tuvo participación en los presuntos hechos delictivos.

La causa analiza la presunta financiación ilegal del PP local, provincial y de la Comunidad Valenciana vinculada a un "sistema" que exigió el pago de comisiones, la más habitual del 3%, a cambio de la adjudicación de centenares de adjudicaciones durante más de una década.

Hace menos de una semana, las Cortes Valencianas anunciaron la creación de una comisión especial creada ad hoc para investigar los contratos de la Generalitat con la trama de Taula. La comisión, que desarrollará sus trabajos en seis meses, buscará delimitar las responsabilidades políticas —incluyendo una presunta financiación ilegal—, investigará el funcionamiento de los mecanismos de control interno en esas contrataciones, e intentará aclarar su sobrecoste para las arcas públicas.