La frontera de enaltecer a ETA

Los agentes que guardan las puertas de la Audiencia Nacional han visto en los últimos meses cómo concejales, tuiteros, humoristas y cantantes las atravesaban. Todos ellos, acusados de delito terrorista: humillación a las víctimas o enaltecimiento. Los jueces han condenado a algunos de ellos tras considerar probados los hechos, pero también han archivado causas apenas unas horas después de que los procesados hicieran el paseíllo ante los fotógrafos y las televisiones. Ahora, el caso de los dos titiriteros ha puesto sobre la mesa la pregunta de si la actual redacción del Código Penal permite abusar de este tipo de imputaciones y sobre si se plantean con una segunda intención, más allá de la judicial. "En los tiempos más duros de la democracia llegaban a los tribunales dos o tres casos al año de enaltecimiento del terrorismo. Ahora, más de 30. Significativo", escribió Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, en Twitter. El debate está abierto.

Calificada de "desproporcionada" por varios partidos y ONG, la detención de los titiriteros por exhibir en una obra un cartel con el lema Gora Alka-ETA —según el libreto, utilizado por un personaje para incriminar a otro—, sacó a la calle a cientos de personas bajo el lema Stop la represión. "Nos preocupa la definición que se hace de enaltecimiento. Es tan amplia y vaga que puede suponer un límite a la libertad de expresión. En su redacción no queda clara la exigencia de intencionalidad, ni el propósito. Ni se definen las conductas", recalca Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, que ya ha pedido la retirada de los cargos a los titiriteros. Pero el juez Ismael Moreno, que acaba de admitir este miércoles la querella de la AVT contra ambos, interpretaba en un auto que "cualquier" persona "verifica" que la mera exhibición del cartel Gora Alka-ETA supone "alabar o justificar" a los terroristas, sin importar que se enmarque en una obra de guiñoles.

Esta argumentación la rechaza, por ejemplo, Jueces para la Democracia, que considera que, tras analizar la obra, se observa que no existe tal finalidad en la escena. "[La ley] está redactada de forma ambigua, lo que da un amplio margen a policías, fiscales y jueces para que lo interpreten desde un punto de vista personal", subraya Joaquim Bosch. Una tesis que matiza Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que no entra a valorar el caso concreto de los titiriteros: "El Código Penal no lo hacen los jueces, sino los diputados. Si se hicieran las leyes más claras, no habría estos problemas".

El paseíllo de la Audiencia Nacional lo han hecho, acusadas de delito terrorista, personas como Guillermo Zapata, concejal del Ayuntamiento de Madrid, y César Montaña Lehman, líder del grupo Def con Dos. Los instructores desestimaron las acusaciones contra ambos, pero la Sala de lo Penol obligó a los magistrados a reabrir las causas y procesarles. A Facu Díaz, simpatizante de IU y humorista del programa La Tuerka News —ideado por Pablo Iglesias—, también le imputaron. Aunque, en su caso, el juez archivó su caso definitivamente apenas dos horas después de tomarle declaración. Eso sí, antes de eso, el PP ya había aprovechado la ocasión para arremeter contra la entonces fuerza emergente: "Podemos no tiene derecho a despreciar y burlarse de las víctimas de ETA".

Como sucedió entonces, en el caso de los titiriteros, los populares también han sentenciado ya a los imputados. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, consideró la pasada semana, antes de que salieran de prisión, que ambos habían cometido "un delito de apología del terrorismo". "No nos parece razonable que se reserve la Audiencia Nacional para este tipo de delitos. Da una dimensión desproporcionada a una actuación que no tiene nada que ver con el terrorismo. Se podrían abordar en los juzgados ordinarios", apunta Bosch, que añade que este factor permite “la instrumentalización política" de los casos.

La ley es algo más inocente que los que aplican la ley Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)

"La ley es algo más inocente que los que aplican la ley. La ley quiere proteger a los colectivos vulnerables, no atacar a otros", remacha Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales, que introduce también otro factor a valorar: el contexto ha cambiado. ETA anunció en octubre de 2011 el cese definitivo de la violencia armada.

En 2008, el relator de la ONU para la protección de los Derechos Humanos ya alertaba de los peligros que una "ambigua" normativa podía conllevar: "Supone el riesgo de que, poco a poco, se vaya ampliando la noción de terrorismo a actos que no lo constituyen. Y cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos".