España tiene preparado el envío de 30 guardias civiles a Irak

El Gobierno en funciones tiene ya sobre la mesa un plan para enviar un contingente de 30 guardias civiles a Irak, con el objetivo de instruir a la policía federal iraquí. Esta aportación es la que está más madura de cuantas han sopesado los departamentos de Interior y Defensa como contribución suplementaria a la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), pero está pendiente de que el Gobierno se decida a pedir la autorización del Parlamento u opte por dejar la decisión en manos del próximo Ejecutivo, dado el actual clima de incertidumbre política.

La proximidad de las elecciones paralizó cualquier decisión del Gobierno sobre cómo responder a la petición que hizo Francia a sus socios europeos —tras los atentados indiscriminados del 13 de noviembre en París— en busca de apoyo en la lucha contra el Estado Islámico.

El plan, ya ultimado, está pendiente de que el Gobierno en funciones tome una decisión o lo deje a su sucesor

Aunque inicialmente Mariano Rajoy estaba dispuesto a que tropas españolas sustituyeran a sus homólogas francesas en algún país del África subsahariana, para que estas pudieran centrarse en combatir el yihadismo en Oriente Medio y la propia metrópoli, cuando el asunto saltó a la opinión pública optó por darle carpetazo para evitar que contaminase el clima preelectoral.

Eso no quiere decir que los departamentos de Interior y Defensa no siguieran trabajando en distintos planes para reforzar la participación española en la lucha contra el ISIS, en cumplimiento de un compromiso que se considera ineludible.

De todas las alternativas analizadas, la que está más madura, hasta el punto de que el plan está ultimado en todos sus detalles, a la espera solo de recibir luz verde política, es el envío de un contingente de la Guardia Civil a Irak, con el objetivo de formar a la policía federal iraquí.

El apoyo de la coalición internacional ha permitido al Ejército iraquí recuperar el control de algunas ciudades en poder del autoproclamado Califato, como la estratégica Ramadi, capital de la provincia de Al Anbar, pero la consolidación de estas conquistas requiere la presencia de una policía que garantice el orden y sobre todo evite las venganzas contra la población suní, que han empujado a esta minoría en brazos del Estado Islámico.

Por eso, la formación de una policía profesional, dependiente del Gobierno de Bagdad, se ha convertido en una prioridad para la coalición internacional que encabeza Estados Unidos.

Aunque Italia asume el grueso de esta tarea, con el despliegue de 110 carabineros en Bagdad y Erbil, capital del kurdistán iraquí, las necesidades exceden en mucho sus recursos, por lo que la participación de la Guardia Civil —un cuerpo policial con disciplina militar como los Carabinieri— es muy apreciada.

España ya tiene 300 efectivos dedicados a instruir al Ejército iraquí en Bagdad y Besmayah y lo previsto es que sea en estas mismas bases donde se desplieguen los guardias civiles, que se beneficiarían así de la seguridad y el apoyo logístico previsto ya para los militares.

El próximo 11 de febrero, tras la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN, está previsto un  encuentro de los 26 países que forman la coalición contra el ISIS, convocada por el jefe del Pentágono, Ashton Carter. Estados Unidos espera obtener una respuesta positiva de la OTAN a la petición de que sus aviones AWACS de alerta temprana apoyen los ataques contra el Estado Islámico y aportaciones suplementarias de otros países, como Holanda, que se acaba de sumar a los bombardeos en Siria. Es en este marco en el que el ministro español en funciones, Pedro Morenés, debería concretar la nueva contribución española.

Pero la incertidumbre de la situación política española y la propia interinidad del Gobierno dificultan la decisión. Fuentes gubernamentales subrayan que el Parlamento está plenamente operativo y podría dar luz verde al envío del contingente de la Guardia Civil. Por las posiciones ya conocidas de los grupos, una medida de este tipo obtendría un amplísimo respaldo, contando con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, además de algunas formaciones nacionalistas.

Otras fuentes dudan, sin embargo, de que un Gobierno en funciones, que debe limitarse a gestionar los asuntos ordinarios, salvo “casos de urgencia” o “por interés general”, pueda decidir el envío de 30 guardias civiles a una zona de conflicto. Más allá de los debates jurídicos, la cuestión está en si Rajoy dará prioridad a un asunto inoportuno en este momento o se lo dejará de herencia a su sucesor, incluso si al final fuera él mismo.