El Supremo empieza la investigación a Goioaga por colaborar con ETA

El abogado y senador de Bildu Iñaki Goioaga se encuentra más cerca de ser juzgado por su participación en el llamado frente de makos (cárceles) de ETA. El magistrado Miguel Colmenero, instructor de la causa contra Goioaga, ha pedido al Tribunal Supremo que tramite el suplicatorio —un mecanismo para levantar el aforamiento— ante el Senado para poder actuar contra el parlamentario por delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista. En la exposición razonada que ha mandado Colmenero a la Sala de lo Penal del Supremo no se hace referencia a delitos de blanqueo de capitales, que se le imputaban a Goioaga en un principio.

El alto tribunal citó el pasado 12 de noviembre a Goioaga, senador designado por el Parlamento vasco, tras abrir una investigación contra él a petición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que pidió que se le investigara por formar parte "con especial relevancia" del Colectivo de Abogados BL, integrado en el llamado frente de cárceles.

El grupo de letrados conocido como frente de Makos, encabezado en su día por Arantza Zulueta, ahora en prisión, está siendo investigado como supuesta correa de comunicación de las órdenes de la dirección de ETA a sus miembros encarcelados. El Supremo considera que el escrito que le envió el juez Velasco describe con detalle toda una serie de indicios que apuntan a que Goioaga pertenece al Colectivo de Abogados BL, "una estructura subordinada e integrada en la organización terrorista ETA a través de Koordinazio Taldea", grupo de coordinación en euskera, integrado en el llamado frente de cárceles.

Este colectivo, según el alto tribunal, ejerce una labor de "adoctrinamiento y concienciación ideológica" de los presos para que no se desmarquen de las directrices de ETA. Dentro de esta estructura, Goioaga presuntamente realiza, según el Supremo, rondas y visitas planificadas a los presos de la banda.

De los documentos que hay en la causa se puede inferir, según el auto dictado por el alto tribunal el pasado septiembre, que "la labor jurídica del colectivo al que pertenece Iñaki Goioaga está supeditada a la labor política descrita". También subraya que hay datos que apuntarían que los gastos de la asistencia jurídica a los miembros del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas vascas) tendrían su origen en la organización de apoyo a presos Herrira, que está suspendida de sus funciones, y que el valor de los servicios prestados por el colectivo de abogados, en 2012 y 2013, no habrían sido declarados a Hacienda.