Siete comunidades se oponen a restringir que los enfermeros ‘receten’

Al menos siete comunidades (Andalucía, País Vasco, Cantabria, Aragón, Canarias, Extremadura y Navarra) han emitido órdenes o recomendaciones al personal de enfermería para que estos no apliquen el real decreto que les impide decidir qué fármacos usar en algunos casos. Esta limitación fue aprobada por el Gobierno en octubre, y establece dos requisitos: que los enfermeros que vayan a indicar o a usar un medicamento que no necesita receta obtenga una acreditación especial y que, para el resto de los fármacos, estén supervisados por un médico, que será quien prescriba.

Ante esta restricción a su trabajo, sindicatos y colegios profesionales, agrupados en la Mesa de la Profesión Enfermera, han indicado a los enfermeros que apliquen el decreto a rajatabla, y esperen a conseguir la consiguiente acreditación. Pero ello puede suponer que procesos como las campañas de vacunación y otros se demoren, lo que no quieren las comunidades.

Por ejemplo, Andalucía insiste en un comunicado en que, como hay una norma autonómica al respecto, “pueden seguir realizando sus actuaciones específicas en el ámbito de la prestación farmacéutica”, y les asegura que estas actuaciones estarán cubiertas por el seguro civil subsidiario.

También el País Vasco asegura en una circular que mantiene la protección legal de los enfermeros que sigan actuando como hasta ahora, usando o indicando fármacos como antibióticos o vacunas. Además, resalta que mientras no se establecen los protocolos y acreditaciones, “se mantienen las actuales condiciones y prácticas” de los enfermeros. Y ello aparte de su intención de recurrirlo.

Estos intentos se deben al interés de las comunidades por mantener la atención sin que la aplicación a rajatabla del decreto por los enfermeros la entorpezca. Pero la mesa —aunque no todos los profesionales— mantienen su postura: “No podemos asumir los protocolos actualmente en vigor, ni siquiera el calendario vacunal, a pesar de ser los mismos en los que se basa nuestra práctica asistencial diaria, dado que ya no garantizan nuestra seguridad jurídica”, insisten, con lo que mantienen la presión en su reivindicación.