La primera prueba de fuego del reinado de Felipe VI

El Rey tiene muy limitada constitucionalmente su función en el proceso de formación de Gobierno, pero puede elegir entre autolimitarse o usar al máximo su labor de mediador

Felipe VI con el recién elegido presidente del Congreso, Patxi López , el pasado 14 de enero
Felipe VI con el recién elegido presidente del Congreso, Patxi López , el pasado 14 de eneroEMILIO NARANJO (AFP)

En el documental sobre la figura de Juan Carlos I del realizador hispano-francés Miguel Courtois, el Rey recordaba cómo su padre no dejó de advertirle de que los consejos no le valdrían de nada cuando reinara, y que debía imprimir su propio carácter a su reinado.

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Es evidente que ese carácter es completamente distinto al del anterior Monarca, que fue un actor político fundamental en los primeros años de la transición, capaz de impulsar decisiones arriesgadas como la destitución de un presidente del Gobierno o la legalización del Partido Comunista. Usó todos los poderes en su mano para impulsar un régimen constitucional que le despojó a su vez de esos poderes. Pero mantuvo después la misma actitud intuitiva e impulsiva que lo mismo le llevó a estallar con un “¿Por qué no te callas?” ante los descalificativos contra José María Aznar que lanzó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en una Cumbre Iberoamericana, o a provocar acercamientos entre el Gobierno y la oposición en los momentos de mayor tensión.

Todo eso lo hizo porque respondía a su carácter, pero también porque se movía en un entorno de estabilidad institucional garantizado por el bipartidismo que se consolidó durante décadas.

El Rey actual, ni tiene esa ventaja, ni entiende que su papel deba ser como el de su padre.

“Felipe VI está obligado a tratar de conseguir una fórmula que garantice la formación de Gobierno. Debe intentar trabajar con todos los partidos políticos, analizar todas las opciones e impulsar las negociaciones. Es un momento fundamental para este Rey”, apunta Francisco Rubio Llorente, ex magistrado del Tribunal Constitucional y ex presidente del Consejo de Estado.

“El Rey tiene cierto margen de acción en el marco del contexto político”, defiende Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. “Evidentemente, no tendría sentido que aportara propuestas imaginativas, pero sí puede propiciar soluciones e impulsar la voluntad de pacto de las fuerzas políticas”.

Hay una coincidencia generalizada en que Felipe VI no podía prolongar los plazos, a pesar de la incertidumbre que han generado los resultados del 20-D. El proceso constitucional debía ponerese en marcha cuanto antes –como así ha sido- para transmitir imagen de normalidad y estabilidad institucional. Pero hay además una ventaja añadida al activar el camino para la formación de Gobierno: con el cronómetro en marcha, los partidos se verán obligados a plantearse y buscar en serio las posibilidades de un pacto, y esa exploración servirá para que el Monarca cuente con información añadida en una previsible nueva ronda de consultas, si la primera votación de investidura de Mariano Rajoy no prosperara.

“Si todo esto fracasa y deben repetirse las elecciones, nunca se podrá imputar al Rey algo que no estaba en su mano hacer”, advierte Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Pero dentro de los plazos previstos, debe intentarlo hasta el límite. Hablar, volver a hablar, averiguar por dónde respiran unos y otros…Su papel como mediador es precisamente el de relacionar entre sí a los partidos y ver hasta dónde están dispuestos a llegar”.

Y en esa búsqueda de la solución posible, es fundamental que los representantes políticos actúen con lealtad constitucional y transmitan al Monarca con sinceridad sus planteamientos, sus líneas rojas y su capacidad para ceder o no. “Es una posición delicada, porque el Rey se tiene que fiar de lo que le digan. En ese sentido, puede calibrar opciones, pero sin decantarse por ninguna”, afirma Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED. “Un atisbo de sugerencia, por una u otra opción, sería el principio del fin para Felipe VI”, advierte. “El Rey no puede hacer juego político. Las fuerzas políticas le tienen que llevar los acuerdos hechos”, concluye Gómez Sánchez.

Más allá de los formalismos procedimentales que se escenifican ante la opinión pública, esencialmente la ronda de consultas con todos los representantes políticos, y además de la capacidad de intermediación y sugestión para que un pacto, el más realista, sea posible, hay un componente de instinto político y de oportunidad que el Rey, y solo el Rey, puede ejercer: en sus manos está agotar los plazos y, sobre todo, agotar los intentos.

“No podríamos entrar en un proceso de proponer un candidato tras otro a la espera de que alguno saliera adelante, porque eso provocaría una espiral de desprestigio que salpicaría a todas las instituciones del país. Si el Monarca llega al convencimiento de que ningún candidato puede salir adelante, debería propiciar cuanto antes la celebración de nuevas elecciones”, apunta el historiador Santos Juliá.

Hablar. Escuchar. Sugerir. Explorar. Impulsar. Intermediar. Arbitrar. Toda una gama cromática de posibilidades de actuación que ninguna ley delimita al detalle y que sitúan a Felipe VI en el momento más delicado desde que accedió a la Jefatura del Estado hace 18 meses, y anunció en su discurso de proclamación “la independencia de la Corona y su neutralidad política”, pero acompañadas de una “vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas”. Atributos, recalcaba el Rey, “que le permitirían contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político”La independencia de la Corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas, le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político

 

Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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