El fiscal presenta un nuevo informe de Hacienda para salvar a la Infanta

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, se han movilizado para sacar a la infanta Cristina del banquillo de los acusados del caso Nóos. El lunes, en la primera jornada del juicio sobre el desvío de fondos públicos a las empresas de Iñaki Urdangarin, el fiscal Pedro Horrach presentó un nuevo informe de Hacienda que exculpa a la hermana del Rey de los delitos fiscales atribuidos a su esposo. El fiscal, la Abogacía estatal y la defensa se emplearon a fondo el lunes para convencer al tribunal de que aplique a la Infanta la doctrina Botín y archive la causa contra ella.

Hasta Manuel Azaña, presidente de la II República, salió, citado por el fiscal Pedro Horrach, en defensa de la tesis de que Cristina de Borbón, hermana del Rey, debe abandonar el banquillo de los acusados del juicio del caso Nóos, que arrancó el lunes en la Audiencia Provincial de Baleares. El ministerio público y la Abogacía del Estado desplegaron una batería de argumentos jurídicos para sostener que la Infanta no puede ser juzgada como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales de los que acusan a su esposo, Iñaki Urdangarin. Mantenerla en el banquillo solo a instancias de la acusación popular de Manos Limpias supondría, según el fiscal Horrach, “quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada” contra ella.

El fiscal presentó un informe de Hacienda que concluye que no se puede trasladar al ámbito penal lo que supone una infracción administrativa de la Infanta en su papel en la empresa Aizoon. El documento sostiene que doña Cristina era socia y no administradora de la firma de la que era titular su marido, lo que la exoneraría de ser cooperadora necesaria.

Horrach pidió que el tribunal decrete la falta de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por delito fiscal contra Cristina de Borbón y contra Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, socio de Urdangarín. “No es posible que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado [la Agencia Tributaria]”, remarcó.

Las razones de la fiscalía fueron el mejor complemento para el abogado de doña Cristina, Jesús María Silva, que aportó 10 sentencias —tres del Supremo y siete de Audiencias provinciales— que desarrollan la doctrina Botín, que impide juzgar a una persona por delito fiscal si fiscalía y Abogacía del Estado no acusan. “Debería aplicarse esta doctrina para que no se remuevan en sus tumbas grandes juristas como Gómez Orbaneja y Jiménez de Asúa”, clamó Silva. A su lado asentía el padre de la Constitución Miquel Roca, que encabeza la defensa de la Infanta.

Otros pronunciamientos

El abogado de la hija de Juan Carlos I fue más allá de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2007, que obligó a archivar una causa por delito fiscal contra el fallecido banquero Emilio Botín porque ni la fiscalía ni la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, ejercían la acusación. “Claro que hubo una sentencia inicial [la de la doctrina Botín], pero luego otra que, sin contradecir la primera, la complementó, y otra más”, incidió.

Silva apuntó, además, que hay siete pronunciamientos por parte de Audiencias Provinciales —de Toledo, Murcia, Madrid y Baleares— que avalan la anterior jurisprudencia porque archivaron causas por delitos fiscales cuando solo había acusaciones populares. “Esta doctrina es vinculante para los órganos de la jurisdicción, dice el Supremo”, repitió tres veces el abogado de la Infanta.

La abogada del Estado Dolores Ripoll cuestionó que Manos Limpias acuse motivada por el interés público. Ripoll rechazó que se pueda ejercer la acusación popular sobre la base de la expresión “Hacienda somos todos”, porque es una expresión creada en su día para el ámbito publicitario y no puede aplicarse al derecho.

Manos Limpias reclamó su derecho a llevar al banquillo a la Infanta. Su letrada, Virginia López Negrete, sostuvo que “el retorcimiento de la defensa de la Infanta perjudicaría a la justicia española, dejaría perjudicada a la Corona y la propia Infanta quedaría estigmatizada socialmente si no se sigue con este juicio”.

Mientras, la defensa de Diego Torres planteó al tribunal que llame a declarar como testigo a Juan Carlos I.