El fiscal usará con la Infanta la misma tesis que libró del banquillo a Botín

Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, afrontará hoy lunes en Palma uno de los momentos más amargos de su vida. La Infanta se sentará ante un tribunal por dos delitos contra la Hacienda pública en el caso Nóos. Cuatro puestos a su izquierda en el banquillo se colocará su esposo, Iñaki Urdangarin, principal acusado de la trama de desvío de fondos públicos y para quien la fiscalía reclama 19,5 años de prisión. El fiscal y la defensa de doña Cristina confían en librarla del juicio gracias a la doctrina Botín, que impide juzgar a un imputado por delito fiscal solo con la acción de la acusación popular.

Una sala moderna, austera, con mobiliario funcional —unas sillas azul mahón ligeramente acolchadas, como de sala de espera de ambulatorio, nada que ver con los recios banquillos de madera de las audiencias antiguas— acogerá desde hoy el juicio que mayor expectación mediática ha suscitado en los últimos años. La Audiencia Provincial de Baleares celebra la vista oral del caso Nóos, la trama supuestamente orquestada por Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, junto con su antiguo socio y mentor, Diego Torres, para obtener contratos a dedo por más de seis millones de euros de diversas Administraciones públicas —el Gobierno balear, la Generalitat Valenciana, y los Ayuntamientos de Madrid y Valencia— por trabajos que no realizó o cumplió solo a medias y ocultar a Hacienda los beneficios obtenidos de forma ilegal.

La causa cuenta con 18 procesados, entre ellos el propio Urdangarin y el expresidente autonómico balear Jaume Matas, del PP. Sin embargo, la protagonista absoluta de esta primera sesión —y la Justicia dirá si del resto del proceso— es Cristina de Borbón. Una acusación popular, liderada por el sindicato Manos Limpias, achaca a la hija de Juan Carlos I que es “cooperadora necesaria” en los dos delitos contra la Hacienda pública que se atribuyen a su marido. Doña Cristina es propietaria al 50% de Aizoon, la sociedad instrumental que supuestamente sirvió para desviar los fondos del Instituto Nóos, la fundación sin ánimo de lucro dirigida por Urdangarin y Torres, y que desde 2004 a 2009 recaudó 6,2 millones de las arcas públicas.

“Elemento decorativo”

La Fiscalía Anticorrupción considera a la Infanta un mero “elemento decorativo” en el Instituto Nóos, pero hasta ahora sus intentos de apartarla del proceso no han dado frutos. Este lunes, en la primera sesión del juicio, dedicado al trámite de las llamadas cuestiones previas, el ministerio público tratará de demostrar que legalmente no se puede juzgar a la Infanta. Para ello se apoyará en la llamada doctrina Botín, del Tribunal Supremo, que establece que los delitos contra la Hacienda pública no pueden ser juzgados si no ejercen la acusación ni la Abogacía del Estado —que representa a la Agencia Tributaria, la afectada directa del delito—, ni la fiscalía. Según la jurisprudencia del alto tribunal, aplicada por primera vez en 2007 al fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín, para enjuiciar un delito fiscal no basta con que exista una acusación popular que lo impute.

Esta línea de defensa —la invocación de la doctrina Botín— ya fue rechazada por el juez instructor del caso, José Castro, y por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, que estudiaba los recursos de las partes en la fase de instrucción. Estos jueces entendían que existe un “matiz” que diferencia el caso del banquero del de doña Cristina. En el caso de Botín, en 2007, ni la Abogacía del Estado ni la fiscalía apreciaban la existencia de un delito fiscal. Sin embargo, en el caso Nóos ambos estamentos consideran que hubo una defraudación delictiva a la Hacienda pública en los años 2007 y 2008, aunque se la atribuyen únicamente a Urdangarin.

Este lunes, el fiscal Horrach y la defensa de Cristina de Borbón, encabezada por el abogado y padre de la Constitución Miquel Roca, argumentarán ante el tribunal que, en virtud de la doctrina Botín, Manos Limpias, que pide ocho años de cárcel para la Infanta, no está legitimada para acusarla de delito fiscal. En los próximos días, el tribunal formado por las magistradas Rocío Martín, Eleonor Moyá y la presidenta y ponente Samantha Romero, decidirá si doña Cristina sigue procesada. De momento, hoy deberá estar sentada en el banquillo, a cuatro puestos de su marido, en una sala presidida por el retrato de su hermano, el mismo que el pasado junio le revocó el derecho a usar el título de duquesa de Palma que le había otorgado su padre, don Juan Carlos, el día de su boda.