La fragmentación política obstruirá la reforma de las leyes y la Constitución

La enorme fragmentación del Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 20 de diciembre va a dificultar la aprobación de leyes y va a hacer prácticamente imposible cualquier iniciativa de reforma constitucional que no cuente con el consenso de los cuatro grandes partidos salidos de los comicios: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Todo ello si se cumple una premisa básica: que los partidos alcancen un acuerdo para formar Gobierno y se evite la convocatoria de nuevas elecciones, algo que, con el resultado electoral en la mano, parece diabólicamente complicado.

La modificación legal más ambiciosa de cuantas han planteado todos los grandes partidos excepto el PP, la reforma de la Constitución, será tremendamente complicada con el panorama parlamentario salido del 20-D. El PSOE planteaba, entre otras medidas, avanzar hacia un estado federal, incrementar la proporcionalidad del sistema electoral o eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. Ciudadanos abogaba por incluir medidas recentralizadoras, así como suprimir el Senado y las Diputaciones Provinciales. Por su parte, Podemos habla del derecho de autodeterminación de los territorios de España o la garantía de los derechos a la vivienda o a los suministros básicos para una vida digna.

Más allá de que las reformas que plantean los partidos dispuestos a reformar la Constitución vayan en sentido opuesto o vayan en el mismo sentido pero con alcance distinto, la pura aritmética dificulta la modificación de la Carta Magna. El Título X de la Constitución exige una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado para aprobar las reformas constitucionales ordinarias, y en caso de no lograrse esta cifra, rebaja el listón a la mayoría absoluta del Senado pero sube a dos tercios la del Congreso.

Estas mayorías reforzadas hacen que el PP —que con 123 escaños tiene más de un tercio de los diputados del Congreso y goza de mayoría absoluta en el Senado— sea imprescindible para cualquier reforma de la Carta Magna.

Pero ni siquiera el concurso del PP en una modificación constitucional garantiza que esta salga aprobada finalmente. El artículo 167 establece que la reforma será sometida a referéndum si lo pide una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, esto es 35 diputados y 27 senadores. Hasta ahora, solo PP y PSOE contaban con grupos parlamentarios tan numerosos. Ahora, además de los dos partidos tradicionales, Podemos y Ciudadanos superan esa barrera. Así, podría darse el caso de que si PP y PSOE, que suman 213 diputados, tres más que los tres quintos de la Cámara, pactaran una reforma, como cuando en 2011 sustituyeron íntegramente el artículo 135, cualquiera de los otros dos partidos pudieran forzar que esta fuera refrendada por los ciudadanos.

Para la reforma de las leyes orgánicas, que desarrollan los artículos de la Constitución, se exige mayoría absoluta en el Congreso. En la pasada legislatura, el PP modificó las leyes orgánicas del Poder Judicial —para limitar la justicia universal—, la del Código Penal —para introducir la prisión permanente revisable—, la de Enjuiciamiento Criminal —para acortar el plazo de investigación de las causas— o la del Tribunal Constitucional, entre otras. En la legislatura que se abre tras el 20-D estas modificaciones se van a hacer mucho más complicadas.