Una transparencia de muy difícil acceso

El Defensor del Pueblo critica el sistema “excesivamente complejo” y “disuasorio” para pedir información al Gobierno, que sigue sin aprobar el reglamento de la ley un año después

Hace un año España dejó de estar a la cola de Europa en cuestión de transparencia, al menos sobre el papel. Por primera vez una ley regulaba cómo pueden los ciudadanos pedir información a su Gobierno y en qué casos este está obligado a responderles. ¿Cuántos asesores a dedo tienen los ministerios? ¿Qué subvenciones se conceden? Peticiones como estas llegan al Portal de Transparencia, que las redirige a quien debe contestarlas. Pero llegar a formularlas no es nada sencillo. Para el Defensor del Pueblo el sistema no es solo “excesivamente complejo”, sino directamente “disuasorio”.

Esta institución ha pedido al Gobierno que cambie el modo de acceso y permita que un ciudadano pueda enviar un simple correo electrónico con su nombre, DNI y su pregunta. Cree que así quedaría suficientemente identificado. Los pasos del sistema actual son “en exceso complejos y muy largos, por lo que pueden resultar disuasorios e incluso convertirse en obstáculos para el ejercicio” del derecho de acceso a la información pública, asegura el Defensor, que ha abierto una actuación y ha intercambiado varias cartas con el Ministerio de la Presidencia en los últimos meses tras recibir quejas de Info Access Europe y de varios particulares. Pese a ello, el Gobierno se niega a permitir el uso del email porque, asegura, se podrían producir “peticiones masivas”.

El sistema para pedir información es farragoso: con certificado electrónico o DNI electrónico —ambos requieren trámites en persona; el segundo, además, un lector de tarjetas que solo el 8% tiene—, o a través de un complicado sistema de claves que exige registro previo con datos personales como un número de cuenta bancaria y teléfono móvil. Si no se quiere o puede hacer el trámite en persona, hay que esperar a recibir una “carta de invitación” de la Agencia Tributaria por correo ordinario. El sistema se ha vuelto incluso más pesado con el tiempo. Al principio, la clave que llegaba por SMS podía usarse durante varias horas; ahora es de un único uso. Si el portal falla —es habitual que lo haga—, hay que estar solicitando nuevos códigos una y otra vez.

En su última respuesta, de octubre, el Gobierno afirma que “está estudiando” permitir el acceso con “un sencillo formulario” que pida DNI y otro dato como la fecha de caducidad, pero no bastará: la Policía Nacional verificará los datos del solicitante “para comprobar su identidad”, asegura la misiva, a la que tuvo acceso EL PAÍS. Esta nueva vía de acceso no se ha puesto en marcha.

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El Defensor del Pueblo también ha aludido en sus cartas a Presidencia a la discriminación que supone exigir cuenta bancaria y número de móvil. Y recuerda que estos requisitos incumplen la propia Ley de transparencia, que reconoce el derecho de acceso “a todas las personas”, y la Constitución, que garantiza la no discriminación por razón de origen, nacionalidad, recursos o circunstancias personales, entre otras. Extranjeros o personas jurídicas “pueden ver dificultado o incluso imposibilitado el acceso”, apunta.

“El sistema de acceso español es una anomalía en Europa”, asegura Andreas Pavlou, coordinador de campañas de Acces Info Europe. “Casi todos los países permiten hacer peticiones por correo electrónico y no exigen datos como el DNI”, añade. El Consejo General del Poder Judicial, que tiene su propio portal de transparencia, sí acepta peticiones por email y sin DNI. Esta y otras cuestiones deberían haberse aclarado en un reglamento que desarrolle la Ley de Transparencia. Sin embargo, un año después de la entrada en vigor de la norma, y pese a que el Gobierno aseguró que estaría listo a principios del año 2015, el texto sigue en un cajón.

Presidencia sacó a información pública un borrador en junio pasado que no solo provocó críticas de organizaciones como Access Info y Civio —por ser aún más restrictivo que la ley—, sino del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la norma. Es independiente, aunque a su presidente lo nombra el Ministerio de Hacienda. El Consejo recomendaba revisar el borrador porque era “breve y excesivamente conciso” y no aclaraba cuestiones clave que permiten al Gobierno denegar informaciones a los ciudadanos, como qué se considera documento “auxiliar o interno” o qué es exactamente “reelaboración”. “Las excepciones deben aclararse porque ahora están abiertas a la interpretación”, concluye Pavlou.

Sobre la firma

Elena G. Sevillano

Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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