Una herencia impagada de 33 millones

El plan trazado por la duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, para evitar que sus tres hijos se beneficiaran de su extraordinario archivo histórico y del Palacio Ducal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), se ha venido abajo. La conocida como Duquesa Roja, fallecida en 2008, legó todos sus bienes a una fundación presidida por su viuda Liliane Dahlmann, pero ahora un juez ha dado la razón a los hijos y ha desbaratado el guion previsto. Resultado: los hijos deben percibir 27 millones y Dahlmann, seis.

El actual duque de Medina Sidonia, Leoncio Alonso, y sus hermanos Gabriel y Pilar, demandaron a la presidenta de la fundación por la herencia trazada por su madre ­—que les donó 743.000 euros, el 1,3% del total estipulado— y el juicio se celebró este otoño. Ayer, el juez José Lázaro Alarcón ordenó que la fundación debe abonarles esa suma millonaria como legítimos herederos y considera que la duquesa les dejó “de manera indebida” al margen de su vasto patrimonio, cuyo principal valor es un archivo de seis millones de documentos (el más antiguo del siglo XII) repartidos en 6.317 legajos de un valor histórico “incalculable”, según los expertos.

Sin embargo, el fallo en primera instancia es solo el principio de un caso que resolverá, previsiblemente, el Tribunal Supremo. Por un lado, la sentencia confirma el “altísimo valor cultural” del legado —ya declarado Bien de Interés Cultural (BIC)— y, por tanto, la imposibilidad de que sea dividido o trasladado, un riesgo que generó la creación de una plataforma ciudadana con 3.000 firmas para evitarlo. El principal interrogante del embrollo judicial está sin resolver: ¿serán indemnizados los hijos? Si la sentencia es confirmada, es muy probable que finalmente la institución sea liquidada al ser incapaz de afrontar la millonaria suma. La fórmula para que afronten los pagos los patronos de la fundación (Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y Diputación de Cádiz), se antoja difícil.

“Los bienes están protegidos y no ha lugar a que los herederos participen de su gestión. Otra cosa es cómo se resuelve y si se les pagará”, valoran fuentes de la fundación. En el bando opuesto, Eduardo Ferreiro, abogado de Leoncio Alonso, censura la gestión de la institución. “Han intentado vender una historia falsa de buenos [la fundación] y malos [los hijos]. Y la fundación hace de todo menos cuidar del patrimonio, que no tiene ni asegurado ni digitalizado. Si hay un incendio se van al garete 900 años de historia de España y Portugal”. El heredero Gabriel se muestra resignado ante la dificultad de cobrar la indemnización prevista: “La fundación es insolvente y cobrar es muy difícil. El juez busca que lleguemos a un acuerdo con la Junta para reconocer nuestros derechos”.

Los expertos valoraron el Palacio Ducal, el archivo —que ocupa 700 metros de estanterías—, y las obras de arte, muebles y objetos ornamentales en 52 millones de euros. La ley estipula que del patrimonio, un tercio debía ser para sus tres hijos, un tercio de libre disposición para su viuda, y un tercio de mejora para su primogénito, Leoncio, que percibiría 16 millones. Está por ver que ese reparto fijado por sentencia se haga realidad y la voluntad de la Duquesa Roja se invalide.