Garzón propone una Constitución en 2018 con participación ciudadana

Izquierda Unida- Unidad Popular cree que España podría tener una nueva Constitución dentro de dos años: en enero de 2018. Una nueva ley fundamental fruto de un proceso constituyente que incorporaría la participación directa de la ciudadanía, según la propuesta de la coalición, la única que defiende que es necesario un nuevo texto constitucional partiendo de cero. El proceso que proponen comenzaría con seis meses de asambleas ciudadanas, de enero a junio de 2016, seguiría con elecciones a Cortes constituyentes en 2017 y culminaría con un texto constitucional redactado por el Parlamento con aportación de la ciudadanía organizada en "Juntas constitucionales", que sería aprobado por referéndum vinculante en diciembre de ese año.

"La Constitución de 1978 ha sido violada por los poderes económicos y políticos", ha proclamado este domingo Alberto Garzón, candidato de IU- UP en el Congreso, antes de ausentarse de los actos de aniversario de la ley fundamental. "40 años después, la sociedad española es madura para redactar una nueva Constitución", ha defendido.

La coalición IU- Unidad Popular es la única candidatura que defiende un proceso constituyente completo y no solo una reforma de la Constitución, después de que Podemos abandonara esa tesis en la precampaña. Para Garzón "no sirven reformas de maquillaje, estéticas" en una ley fundamental que debe renovarse para "blindar los derechos sociales" y que debe contar con la participación de la gente, de "los barrios populares". "El resto de los partidos aboga por reformas parciales, hurtando a la ciudadanía la capacidad de debatir y decidir. La ciudadanía quiere participar. Creemos que nuestra nueva Constitución puede ser la expresión de un país con esperanza", ha asegurado el dirigente de IU en la Cámara baja.

IU apuesta, por tanto, por modificar el proceso constituyente que prevé la Constitución -en el artículo 169,- para incluir la participación directa de la ciudadanía. "En la Constitución de 1978 no se especifica ningún procedimiento desde el que la voluntad del pueblo se traslade al Parlamento en un proceso tan importante como la refundación constitucional de la comunidad política", señala la coalición de izquierdas en la página web que ha lanzado para explicar su propuesta de reforma, pasosparaunanuevaconstitucion.org.

Esa participación ciudadana se configuraría de dos formas. Al principio del proceso, con asambleas  deliberativas ciudadanas y reuniones sectoriales con movimientos políticos y sociales por todo el país "en las que se dialogue sobre la necesidad de un proceso constituyente". A continuación, en paralelo a las Cortes constituyentes que trabajaran en la redacción del nuevo texto, a través de la creación de "Juntas ciudadanas constitucionales" temáticas, municipales y territoriales por todo el país. Estas discutirían sobre los títulos fundamentales del nuevo texto y enviarían sus propuestas a las Cortes constituyentes, señala la propuesta de IU. En las Cámaras "se habrá de tomar en cuenta estas aportaciones de las Juntas a la hora de redactar, título a título, la propuesta de nueva Constitución", dice su propuesta.

De la misma forma, IU aboga porque mediante consultas populares vinculantes, abiertas a toda la ciudadanía y siempre que haya un alto quorum suficiente, se fueran aprobando "título a título las propuestas finales que salgan de cada comité parlamentario". En caso de rechazo, habría de reiniciarse la discusión parlamentaria para aprobar otra versión que se vuelva a bajar a consulta ciudadana. Es decir, habría dos formas de validación ciudadana del texto: título a título, con consultas, y la ley completa, al final a través de referéndum.

La coalición de izquierdas explica la necesidad de poner en marcha un proceso constituyente y no solo uno de reforma parcial de la Constitución del 78 porque solo este proceso garantiza la participación ciudadana desde el inicio. IU estima que solo así "se evita que puedan realizarse reformas puntuales y concretas al texto de la Constitución a través de pactos desde los propios partidos que excluyan la participación ciudadana directa en el proceso, tal y como sucedió en la reforma exprés del art. 135 en el verano de 2011". Para esta formación, las propuestas de reforma que plantean los partidos son de tanto calado que requieren ir a un proceso de redacción de una nueva ley fundamental. Asímismo, consideran que es necesario crear un "relato colectivo que supere la cultura de la Transición" y que genere una cultura "ciudadana republicana y comprometida con los derechos y la defensa de lo público".

Izquierda Unida concurre al 20-D con una propuesta de nueva Constitución que incluiría el derecho al “trabajo garantizado” y a una renta mínima, y que establecería que los derechos sociales fueran exigibles en los tribunales. La coalición de izquierdas plantea una Ley Fundamental que consagrara un Estado federal “republicano” y “plurinacional” al que los territorios se adherirían mediante referéndum, según adelantó EL PAÍS.

El candidato de la coalición se ha desplazado a Alcalá de Henares (Madrid) para protagonizar un mitin centrado en la corrupción, acompañado de otros candidatos como su número tres por Madrid, Enrique Santiago, abogado del caso Bárcenas. Garzón ha reivindicado la lucha de su partido contra la corrupción, con la querella contra Bárcenas, el caso Gürtel, denunciado por IU en 2003, o el caso Rus, en Valencia, destapado por IU en esa comunidad. "Lo que mas le molesta a la oligarquía es que haya diputados de izquierdas en el Congreso", ha defendido Garzón, que ha asegurado que su formación va a seguir luchando contra la corrupción, tanto "a por el que coge el sobre como al el que lo da, a esas entidades privadas que son corresponsables de los procesos de corrupción", ha concluido.